América Latina
Iván Duque es el nuevo presidente de Colombia
Este domingo 17 de junio Iván Duque se convirtió en el presidente número 60 de la república de Colombia y el más joven en asumir el cargo en la historia de ese país.
Iván Duque nació en 1976 en la ciudad de Bogotá en el seno de una familia liberal. Su padre, Iván Duque Escobar, ofició como gobernador del departamento de Antioquia. Fue ministro de Minas y Energía en la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986) y registrador nacional.
Graduado de abogado en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Duque tiene dos maestrías: una en Derecho Económico por la American University y otra en Gerencia de Política Pública por la Universidad de Georgetown, de Estados Unidos, país donde vivió por una década.
A las 9 de la noche de este domingo, con el 100% de las mesas electorales escrutadas, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer que Duque alcanzó 10.373.080 votos, 53.98% de la votación, mientras que Gustavo Petro logró el 41.81% al obtener 8.034.189 votos.
Duque, candidato de la derecha (Partido Centro Democrático), quien tomará posesión el 7 de agosto, le ganó en la segunda vuelta al candidato de la izquierda, Gustavo Petro (Coalición Petro Presidente).
“En la primera vuelta tuvimos una participación del 54%. Las elecciones de este domingo alcanzaron una participación histórica de más del 52 % en segunda vuelta”, dijo Juan Carlos Galindo, registrador nacional, quien destacó que la abstención también disminuyó, “a pesar de los partidos de Futbol” y del “Día del Padre”.
Dos de los tópicos que lideraron la agenda de Duque fueron el impulso al crecimiento económico “de micros, medianas y pequeñas empresas” y las discrepancias con varios puntos y manejos del llamado “proceso de paz” con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Sobre este proceso, impulsado por el presidente saliente Juan Manuel Santos y que tuviera como árbitro al régimen de La Habana, Duque ha indicado que no lo va a “hacer trizas”, pero que buscará que las “sanciones a los guerrilleros” sean más consecuentes con sus crímenes y que a la vez se reformule la participación de los desmovilizados en la vida política del país.
Respecto a la negociación con el Ejercito de Liberación Nacional (ELN, organización guerrillera insurgente de extrema izquierda que opera en Colombia), el presidente electo aseguró que si los guerrilleros buscan “desmovilización, desarme y reinserción”, tendrán que acogerse a la “concentración previa con supervisión internacional, suspensión de todas las actividades criminales y un tiempo perentorio para avanzar en el proceso de desmovilización, desarme y reinserción”.
Entre los asuntos económicos que expuso Duque, está la creación de “un nuevo sistema tributario para que se mejore los índices productivos; porque, según señaló, el actual atenta contra la competitividad, la formalidad y la inversión. Así mismo, quiere impulsar una agenda industrial en Colombia y la economía en las regiones. En este punto indica que transformará el campo con articulación de la agroindustria, con pequeños productores, seguridad jurídica a la inversión productiva, y protección a la propiedad (titulación transparente) y el acceso a la tierra (tenencia de buena fe)”, según ha reseñado el diario colombiano El tiempo.
Durante toda su campaña, Duque sostuvo fuertes críticas a las llamadas dictaduras del siglo XXI, en especial al régimen de Nicolás Maduro, a quien califica de “dictador”, y precisó que Colombia debe hacer un llamado a las Naciones Unidas para que sancione a Venezuela por "albergar grupos terroristas".
Duque insistió en el “retiro de Colombia de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas)”, alegando que este organismo “ha sido el cómplice principal” de la “crisis social, política y económica que sufre Venezuela”.
Otra de sus intenciones es reformar el sistema de pensiones: “Es urgente acabar con las distorsiones que existen por las competencias entre el sistema de prima media y el de ahorro individual”, apuntó.
En el ámbito de los impuestos, Duque plantea la simplificación del sistema tributario “tanto para las personas como para las empresas”, con “tarifas competitivas”, la digitalización de las plataformas tributarias, y ampliar el número de contribuyentes.
En cuantos a temas “de género”, ha asegurado respetar los fallos de la Corte Constitucional en cuanto a la permisibilidad del “aborto en tres causales puntuales” mientras que considera “innecesario transformar el concepto de matrimonio”, pues la legislación colombiana reconoce con equivalencia a parejas heterosexuales y del mismo sexo.
La lucha contra la corrupción fue otro de los temas claves de la campaña de Duque, para lo cual concibe la financiación, desde el Estado, de una fuerte campaña.
También trabajará, según ha dicho, para fortalecer “el turismo y la infraestructura, reducir en un 10 % el gasto público, garantizar la jornada única en el país, impulsar la formación cultural, creativa y deportiva en los jóvenes estudiantes. Quiere construir y concesionar 1.000 preescolares en el país, en donde también se garantice un cubrimiento nutricional” y que combatirá “la deserción escolar con programas de doble titulación vinculada a la vocación productiva regional: en una mano el título de bachiller, en la otra el de técnico o tecnólogo”.
En su reporte, el registrador nacional, además de la participación ciudadana, celebró el desempeño de las elecciones a nivel general, a pesar de reportes de irregularidades como el testigo electoral, Luis Emilio Vargas, que fue arrestado y acusado este domingo por el delito de “voto fraudulento”, al ocupársele 30 tarjetones electorales de muestra “premarcados a favor del candidato Gustavo Petro”, según informó la Policía.
La compañera de fórmula de Duque es Marta Lucía Ramírez. Por primera vez en la historia de Colombia, una mujer asumirá la vicepresidencia de la República. Graduada de derecho en la Universidad Javeriana, Ramírez se especializó en derecho comercial y en 1996 fue becaria del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard. Ha ocupado importantes cargos en el Congreso, la diplomacia y el Gobierno, y aspiró a la Presidencia de la República en 2014 y 2018.
(Con información del Consejo Nacional Electoral de Colombia, diario El Tiempo y Martí Noticias)
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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