"Hay información nueva", confirmó en una conferencia de prensa el martes, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, cuando fue cuestionado sobre la exclusiva de The Globe and Mail acerca de una colaboración de inteligencia entre diplomáticos canadienses y estadounidenses en Cuba, cuando se dieron los primeros reportes del llamado Síndrome de La Habana.
Carney condicionó cualquier decisión a investigar el asunto a una sesión informativa actualizada. “Espero ser informado sobre la situación. Hay información nueva, como ustedes dicen, que ha salido a la luz, y tomaré una determinación después de que eso ocurra”, dijo.
El premier no se comprometió a reabrir el informe de 2024 de Global Affairs Canada que descartaba una participación maliciosa de una potencia extranjera, ni a una investigación parlamentaria, ni a un acuerdo con los demandantes. Dejó claro el orden: primero el informe reservado, después la respuesta del gobierno.
El abogado de los afectados, Paul Miller, contestó al día siguiente que esas palabras se parecían demasiado a las que el expremier Justin Trudeau y su canciller Chrystia Freeland pronunciaron en 2017, y reiteró que, desde los sucesos, las familias afectadas no han sido atendidas de forma comparable a la de sus colegas estadounidenses.
“Espero que el nuevo liderazgo de Canadá examine en serio cómo ocurrieron los ataques, por qué ocurrieron y, por primera vez, tome medidas reales ante las lesiones”, dijo Miller.
El reportaje de Robert Fife para el diario de Toronto intenta demostrar que, entre 2016 y 2018, Canadá y Estados Unidos colaboraban estrechamente en Cuba en asuntos de inteligencia, justo cuando diplomáticos y operativos de ambos países empezaron a sufrir hemorragias nasales, mareos, jaquecas, visión borrosa y pérdida de memoria entre oros síntomas.
El medio cita a dos testigos que hablaron bajo condición de anonimato. Las presuntas revelaciones coexisten con una demanda multimillonaria de diplomáticos canadienses contra Ottawa, y con la aplicación, desde abril de 2025, de una cláusula rara de secreto de Estado —el artículo 38 de la Ley de Prueba de Canadá— para sellar partes del expediente.
Según una de las fuentes, un diplomático del Programa Global de Informes de Seguridad (GSRP) en la embajada de Canadá en La Habana recopilaba inteligencia humana, incluso fuera de la capital cubana.
La información iba a la división de Seguridad e Inteligencia de Global Affairs Canada, al Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (CSIS) y a los demás socios de Five Eyes, la alianza de inteligencia que integran Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.
La fuente afirma que en ocasiones se le pedía al enviado que entregara la información directamente a un agente de la CIA en la embajada estadounidense. El GSRP, en teoría, recoge información política y de seguridad de forma abierta. Global Affairs Canada insiste en que no recluta ni paga fuentes y que no es un programa de espionaje.
La segunda fuente anónima dijo al diario que a finales de 2016 Estados Unidos envió equipos satelitales en contenedores diplomáticos marítimos para uso de los canadienses.
En cumplimiento de la Convención de Viena, las autoridades cubanas no podían abrirlos. Un diplomático canadiense habría recogido los equipos y los habría instalado en el techo de la embajada y en casas de algunos diplomáticos. “Podían usarse para cualquier cosa. Para internet. Para lo que quisieras”, dijo la fuente.
La introducción en Cuba de equipos similares sirvió de pretexto a La Habana para condenar a 15 años de prisión en 2009 al subcontratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Alan Gross. Gross formó parte de un intercambio de prisioneros al iniciase en 2014 el deshielo con la administración Obama.
El ministro de Defensa de Canadá, David McGuinty, se negó días después a hablar de compartir tecnología satelital en embajadas: “Hay cosas que no puedo comentar. Algunas permanecen confidenciales. Algunas permanecen secretas”.
El Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá niega que sus diplomáticos compartieran inteligencia con agentes de Estados Unidos y reitera que no hay “causa común definitiva” de las enfermedades.
En febrero de 2024 un informe interdepartamental de esta dependencia concluyó que no hubo “acto malicioso de una potencia extranjera”. La actual ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, calificó el asunto de problema de recursos humanos, pidió a su viceministro que lo siguiera y evitó reabrir el informe de 2024 o apoyar una investigación parlamentaria. La cancillería se aferra a esa conclusión de 2024 aun después de la exclusiva.
En contraste, exespías y altos cargos de seguridad de Canadá piden que el Comité de Seguridad Nacional e Inteligencia de Parlamentarios (NSICOP), con acceso a secretos de Estado, examine si Rusia atacó a canadienses por ayudar a Estados Unidos y cómo Ottawa trató después a las víctimas. Entre ellos se cuentan Andy Ellis, la exasesora de seguridad nacional Jody Thomas, Martin Green y Peter Jones.
Sabotear "el deshielo"
Canadá nunca rompió relaciones con Cuba después de 1959. Sus diplomáticos tenían mejor acceso a funcionarios cubanos y podían viajar fuera de La Habana.
Durante los contactos para restablecer las relaciones entre La Habana y Washington los asesores de Barack Obama han relatado cómo "pasaron más de 70 horas negociando con los cubanos, sobre todo en unas instalaciones del Gobierno de Canadá en Ottawa".
Un exfuncionario de Exteriores de Canadá citado en el reportaje del martes comentó que en su ministerio se creía que Rusia buscaba sabotear el deshielo Obama-Raúl Castro, en el que Canadá había mediado, y que el objetivo eran estadounidenses y canadienses ligados a la inteligencia.
El Asesor de Seguridad Nacional de la primera administración Trump, John Bolton, es citado en la demanda de 2019 de los canadienses lesionados, atribuyendo los ataques a “duros” cubanos “con cooperación” de otro país que no apreciaba el papel canadiense en la normalización con Obama.
Fuentes cubanas e investigadores han situado a la cabeza de esos “duros” cubanos al hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, cuya participación en los inicialmente llamados "ataques sónicos" le habría costado la disolución de su Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, un organismo al que se subordinaban los aparatos de inteligencia y contrainteligencia de Cuba, así como un largo ostracismo político.
Mismo problema, dos maneras de actuar
Para los canadienses afectados el contraste con Washington es el núcleo de su queja. Diez de estos diplomáticos y sus familias mantienen una demanda desde 2019: acusan a Ottawa de retrasar la evacuación, negar atención con tecnología de punta, ocultar información y minimizar las lesiones cerebrales.
En abril de 2025 el gobierno invocó el artículo 38 para sellar partes del expediente. El Departamento de Justicia lo confirmó y dijo que no podía hablar más porque el caso estaba en los tribunales.
El abogado Miller lo describió como “una gran táctica dilatoria” y dijo que Ottawa teme un incidente internacional y “está dispuesta a tirar a la gente bajo el autobús”.
En contraste, Estados Unidos evacuó antes a su personal, le ofreció tratamiento de élite y ya ha pagado cerca de tres millones de dólares a afectados bajo la Havana Act de 2021.
Canadá no mandó a las familias a casa hasta abril de 2018, subió la clasificación de dificultad de Cuba al máximo —como Irak o Afganistán— y en 2019 recortó la plantilla a ocho personas. A los canadienses lesionados se les remitió al sistema ordinario de compensación laboral, que no está diseñado para este tipo de lesión.
La prueba reina
La pieza médica que más peso ha tenido en la narrativa de las víctimas es la de la Universidad de Pensilvania. En febrero de 2018, un equipo del Center for Brain Injury and Repair —Douglas H. Smith, Randel Swanson y colegas— publicó en el boletín de la America Medical Association (JAMA) la evaluación de personal del gobierno estadounidense que reportó fenómenos auditivos y sensoriales direccionales en La Habana.
Martí Noticias resumió entonces las cifras clínicas de Pensilvania: alrededor de tres de cada cuatro presentaban anormalidades cognitivas objetivas, más de ocho de cada diez, problemas de equilibrio, y una proporción alta de alteraciones oculomotoras y pérdida auditiva. Catorce de 21 no pudieron reincorporarse a sus puestos. “Sin conocer el contexto, habríamos diagnosticado trauma cerebral por choque o explosión”, dijeron los especialistas, que descartaron psicosis colectiva y enfermedades preexistentes como explicación del conjunto.
Para los demandantes canadienses, el hallazgo de Pensilvania sigue siendo la prueba de que las lesiones eran reales y medibles, no un malestar psicosomático ni el sonido de un grillo, tesis que un estudio de la Universidad Dalhousie de Halifax-Nova Scotia barajó en 2019 para los casos canadienses.
La polémica en Estados Unidos
En 2023, cinco de siete agencias de inteligencia de Estados Unidos consideraron “muy improbable como vector de los ataques” un arma novedosa de un actor extranjero; dos vieron una “probabilidad aproximada” de que existiera. El Comité de Inteligencia del Congreso dijo en 2024 que esa evaluación “carecía de integridad analítica”. Después de los incidentes, se reportaron cientos de posibles ataques, incluidos casos en la sede de la CIA en Virginia y al menos dos dentro del recinto de la Casa Blanca.
La investigación que más ha movido el péndulo llegó en marzo y abril de 2024, cuando los medios de investigación The Insider, 60 Minutes de la cadena CBS, y la revista alemana Der Spiegel vincularon los casos a la unidad 29155 del GRU, el escuadrón de asesinatos y sabotaje de la inteligencia militar rusa.
Con registros de viaje, metadatos de llamadas, documentos interceptados y testimonios, situaron a operativos de esa unidad en lugares del mundo justo antes o en el momento de los luego llamados incidentes anómalos de salud. Altos miembros de la unidad recibieron condecoraciones y ascensos por trabajo ligado al desarrollo de “armas acústicas no letales”. El periodista investigador búlgaro Christo Grozev mostró a 60 Minutes lo que describió como un recibo de servicios al gobierno ruso por “capacidades potenciales de armas acústicas no letales”.
Del misterio al laboratorio militar
El hallazgo más espectacular llegó después, cuando el arma dejó de ser una hipótesis y pasó a ser un objeto en un laboratorio militar estadounidense. El 8 de marzo de 2026, 60 Minutes informó que agentes estadonidenses que investigan tráfico ilícito de armas supieron que una red criminal rusa vendía un arma de microondas. Fuentes del programa dijeron que agentes encubiertos del Departamento de Seguridad Nacional la compraron en 2024 por unos 15 millones de dólares, con fondos del Pentágono.
El dispositivo, según esas fuentes, es portátil, fácil de ocultar, silencioso, no genera calor, se opera por control remoto, tiene un alcance de varios cientos de pies, atraviesa ventanas y paneles de yeso, y sus componentes vitales fueron fabricados en Rusia. La clave estaría en una onda electromagnética que sube y baja de forma abrupta y pulsa con rapidez.
CNN había adelantado en enero de 2026 que el Pentágono llevaba más de un año probando un aparato comprado en una operación encubierta, con componentes rusos, que algunos investigadores relacionan con estos síntomas, y que se informó a los comités de inteligencia del Congreso. Las pruebas en ratas y ovejas, según 60 Minutes, mostraban lesiones similares a las observadas en los aquejados por el Síndrome de La Habana.
De La Habana a Caracas, ¿el arma cambia de manos?
En 2017, mientras cubríamos la saga del Síndrome de La Habana, Martí Noticias publicó el relato de una familia de diplomáticos canadienses en La Habana, que había contado al Toronto Star cómo sufrieron náuseas y hemorragias nasales tras un “ataque” nocturno.
Esa misma descripción —sangre por la nariz, un pitido o una onda que inmoviliza— reapareció en Caracas nueve años después. El 14 de marzo de 2026, publicamos en Martí Noticias un audio donde un dirigente de los grupos paramilitares chavistas conocidos como "colectivos" narraba lo sucedido el 3 de enero durante la operación Absolute Resolve, que terminó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
“Tenían una vaina que a mí me hicieron botar sangre por la nariz… un pito que sonó en toda Caracas y hacía que la gente botara sangre por la nariz, por los oídos, no podíamos movernos”, dijo.
El 24 de enero, el presidente Donald Trump dijo al New York Post que un arma secreta, el “Discombobulator”, fue esencial en la incursión.
Otros testimonios recogidos en el terreno describían a escoltas de Maduro de rodillas, sangrando por la nariz y vomitando sangre, incapaces de levantarse tras “una onda sonora muy intensa”.
60 Minutes no afirma que el arma comprada a la red rusa se haya usado en combate; dice que se ha probado en laboratorio.
Martí Noticias dejó la pregunta abierta: si el dispositivo que atacó a los diplomáticos estadounidense y canadienses en La Habana, el que el Pentágono estuvo examinando por más de un año, y el que Estados Unidos empleó en Venezuela son, básicamente, el mismo.
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