Los familiares de Ferrer Ortiz Alayón, de 38 años, muerto tras sufrir una brutal agresión en Centro Habana, se encuentran a la espera de una respuesta de las autoridades cubanas después de presentar una queja por mal desempeño y negligencia de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de la unidad de Zanja.
La denuncia sobre la actuación policial fue presentada en la unidad de Sarabia, en el municipio capitalino Cerro, instalación perteneciente a la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI) del Ministerio del Interior (MININT), informó a Martí Noticias Dreysi Calzadilla Fiallo, la esposa del fallecido.
Los allegados de Ferrer sostienen que la actuación de los agentes que tuvieron al hombre bajo custodia después de la agresión debe ser investigada, particularmente por el tiempo que permaneció en la estación policial de Zanja sin recibir atención médica especializada pese a presentar síntomas que posteriormente fueron asociados a un grave traumatismo craneal.
La familia también cuestiona la evaluación médica inicial que recibió Ferrer antes de ser trasladado a la estación policial.
"El perito de 100 y Aldabó me dijo que el médico del Miguel Enríquez, el primer hospital que lo atendió, iba a ser citado a su debido momento y se iban a tomar las medidas pertinentes con él, porque todo estaba bajo proceso investigativo. Nunca me han querido decir el nombre de ese doctor”, señaló Calzadilla Fiallo.
Ortiz Alayón fue agredido por varias personas tras sufrir un accidente vehicular el 15 de agosto, lo que le provocó una fractura craneal y una severa contusión cerebral. Luego del ataque, fue trasladado por una patrulla policial al Hospital Miguel Enríquez, detalló la esposa.
Allí recibió atención por las heridas visibles. Le suturaron una lesión en la cabeza y otra en el labio. También presentaba golpes en el rostro y uno de sus ojos estaba inflamado.
El médico que valoró al joven, emitió un certificado en el que las lesiones fueron calificadas como leves y sin peligro para la vida, además de otro documento en el que constó que presentaba aliento etílico, aseguró la viuda.
Después de esa evaluación, la patrulla lo trasladó a la estación policial de Zanja. Ferrer permaneció aproximadamente 17 horas en la unidad antes de ser asistido nuevamente en un hospital, pese a presentar dificultades para hablar, incoherencia, movimientos descontrolados y otras alteraciones.
“Tiempo crucial y clave para una fractura de cráneo con conmoción cerebral severa”, denunció públicamente en Facebook el cuñado, Darel Sosa.
La familia sostiene que esos síntomas fueron interpretados por los agentes como consecuencia del consumo de alcohol o drogas.
Durante esas horas, los familiares, que viven en el poblado Los Palos, municipio Nueva Paz, en la provincia Mayabeque, intentaron hablar telefónicamente con la unidad para conocer sobre la situación de Ortiz, pero no consiguieron información.
“Lo que él tenía era por los daños que le habían causado los golpes”, aseguró Calzadilla Fiallo, al describir las dificultades que presentaba su esposo.
Finalmente, el investigador de guardia autorizó que Ferrer fuera excarcelado bajo una fianza de 10.000 pesos, de acuerdo con el testimonio.
Desde la unidad policial, la familia trasladó a Ferrer al Hospital Naval, donde fue atendido por un neurocirujano y sometido a una tomografía computarizada. El examen reveló una fractura craneal de considerable magnitud y una contusión cerebral severa.
Los doctores determinaron administrarle tratamiento para reducir la inflamación y posteriormente repetir los estudios y establecer si era necesaria una operación. Sin embargo, su condición empeoró rápidamente.
Alrededor de las 11 de la noche, del domingo, sufrió un deterioro que obligó a intubarlo y a realizar una cirugía de urgencia, precisó el testimonio. Ferrer sobrevivió a la operación y fue internado en terapia, pero permaneció en estado crítico y con pronóstico reservado. Luego, empeoró.
A la mañana siguiente, los médicos comunicaron a su esposa que Ferrer había sufrido un paro y no respondía a las maniobras realizadas. Murió en el hospital menos de dos días después de la agresión.
“El tiempo que demoró en la estación fue tiempo perdido”, afirman los familiares e insisten en que, aunque Ferrer no murió bajo custodia policial, sino en el hospital, el período que permaneció en la estación de Zanja pudo resultar decisivo.
Los familiares también cuestionan la evaluación realizada en el Hospital Miguel Enríquez. A su juicio, la magnitud de las heridas externas justificaba que permaneciera bajo observación médica y que se realizaran estudios adicionales antes de autorizar su traslado a una estación policial.
La familia reclama que se esclarezca tanto la actuación de los agentes de Zanja como la atención médica inicial recibida por Ferrer.
Según explicó nuestra fuente, el viernes pasado el instructor encargado del caso en el centro de investigación penal de 100 y Aldabó informó que cinco personas se encuentran detenidas en relación con el suceso. De ellas, tres habrían sido identificadas como participantes directos en la agresión.
La familia espera en este momento los resultados, tanto de la investigación criminal contra los presuntos agresores, como de la queja presentada por la actuación de los agentes policiales y del personal médico del hospital Miguel Enríquez.
Los allegados de Ferrer Ortiz Alayón reclaman que las autoridades determinen si existieron incumplimientos de los protocolos policiales o médicos y, en particular, si la demora en recibir atención neurológica especializada influyó en el desenlace.
La familia exige una investigación transparente que establezca las responsabilidades de quienes participaron directamente en la agresión y determine si funcionarios públicos incumplieron su deber de proteger y atender adecuadamente a una persona que presentaba lesiones graves.
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