Un paquete elaborado para una eventual transición democrática en Cuba propone desmontar el sistema de partido único, liberar de inmediato a los presos políticos, crear un gobierno provisional y convocar elecciones generales, libres y transparentes en un plazo de dos años.
Los documentos, revisados por Martí Noticias, combinan una Ley Fundamental Transitoria de la República de Cuba con una Hoja de ruta para una Cuba próspera, democrática y de mercado libre, impulsada por la Fundación Nacional Cubano Americana.
El plan busca establecer las bases jurídicas, políticas y económicas de una Cuba posterior al comunismo, con énfasis en el Estado de derecho, la propiedad privada, la reconciliación nacional y la apertura al capital cubano y extranjero.
La propuesta legal define la transición como el período que comenzaría “cuando ocurran los hechos que permitan un cambio del estatus político del país” y culminaría con la instalación de un gobierno elegido por el pueblo en comicios generales, libres y transparentes, previstos al cumplirse dos años del inicio de ese proceso.
Un Consejo Nacional Pro Unidad
Uno de los elementos centrales del documento es la creación de un Consejo Nacional Pro Unidad, encargado de organizar el Gobierno Nacional de Transición y el Consejo Nacional Electoral.
Según el borrador, ese Consejo estaría integrado por 15 miembros escogidos proporcionalmente entre disidentes, exiliados, ciudadanos cubanos en general e incluso miembros del régimen anterior que acepten los principios de la transición. Sus integrantes tendrían que jurar obediencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos, apoyar las reformas políticas, económicas y sociales, y cumplir la Ley Fundamental Transitoria.
El órgano tendría entre sus primeras funciones nombrar al presidente de la República durante la transición, a los miembros del gabinete y al Consejo Nacional Electoral. También participaría en la evaluación de magistrados del Tribunal Supremo y tribunales provinciales para determinar quiénes podrían permanecer en sus cargos durante el nuevo período institucional.
Libertad para presos políticos y fin del partido único
La Ley Fundamental Transitoria plantea que una de las primeras medidas del Gobierno Nacional de Transición sería decretar la amnistía y libertad incondicional de todos los cubanos acusados, procesados o condenados por delitos políticos o actos contra la seguridad del Estado.
El documento también prohíbe cualquier sistema político-filosófico que se declare “fuente dirigente única” o “vanguardia” del pueblo y del Estado, una referencia directa al modelo constitucional impuesto por el Partido Comunista de Cuba.
Entre los derechos garantizados aparecen la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad religiosa, el derecho de reunión pacífica, la libertad para fundar partidos y asociaciones, el derecho de los trabajadores a sindicalizarse, el debido proceso, la propiedad privada, la libertad de viajar dentro y fuera del país y la prohibición de entidades represivas, grupos paramilitares y detenciones arbitrarias.
Elecciones con observadores internacionales
La reforma política estaría a cargo de un Consejo Nacional Electoral de 15 miembros, escogidos bajo el mismo principio de representación del Consejo Nacional Pro Unidad. El proceso incluiría la creación del órgano electoral, un censo poblacional, la formación de partidos políticos y la convocatoria a elecciones generales.
El borrador recomienda la participación de observadores internacionales seleccionados por Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Comunidad Europea para garantizar la transparencia del proceso.
El censo incluiría a los cubanos dentro y fuera de la isla, con el objetivo de determinar la población total y la población en edad de votar. Una vez registrados los partidos, el Consejo Nacional Electoral convocaría elecciones generales. La votación sería universal, igual, directa y secreta, para elegir presidente, vicepresidente, senadores, representantes, gobernadores y alcaldes.
Militares bajo revisión
El documento no plantea una disolución automática de las Fuerzas Armadas, pero sí establece límites claros. Los miembros activos de las fuerzas militares no podrían formar parte del Gobierno Nacional de Transición ni ocupar cargos civiles. Los oficiales y subordinados podrían permanecer en servicio siempre que no hayan estado implicados en violaciones de derechos humanos bajo el régimen anterior, no hayan sido cómplices conscientes de esos crímenes y acepten adherirse a la nueva ley transitoria.
También se prohíben en todo el territorio nacional las organizaciones represivas, los grupos paramilitares y las llamadas tropas de choque.
Una economía de libre mercado
El segundo documento, presentado como Hoja de ruta para una Cuba próspera, democrática y de mercado libre, sostiene que tras casi 70 años de dictadura comunista la isla tendría una oportunidad histórica para reconstruirse como un país libre, estable y próspero. La propuesta parte de la idea de que el capital humano cubano, tanto dentro como fuera de la isla, es uno de los principales activos para la recuperación nacional.
El plan económico defiende un gobierno limitado, transparente y dedicado a crear condiciones para el crecimiento, no a dirigir la economía. Propone una Cuba basada en la propiedad privada, la libre empresa, la seguridad jurídica, la libertad contractual y la protección de los derechos individuales.
La hoja de ruta resume su filosofía en una idea: una sociedad de propietarios, no de dependientes; una cultura de trabajo; un país de innovadores y emprendedores; un Estado que sirve, no que manda; y un futuro en el que los cubanos puedan acumular riqueza dentro de Cuba.
Sin impuesto sobre la renta personal
Entre las propuestas más llamativas aparece la eliminación del impuesto sobre la renta personal y su sustitución por un impuesto nacional único al consumo, similar al IVA, con recaudación digital en puntos de venta y tasas predecibles fijadas por ley por más de 20 años.
El documento también plantea un sistema regulatorio simple, con una “ventanilla única” para registrar negocios, obtener permisos, contratar trabajadores y reducir los costos de entrada al mercado. La regla general sería: “si no está explícitamente prohibido, está permitido”.
Capital cubano y extranjero
La hoja de ruta promueve la entrada de capital nacional y extranjero, pero con incentivos para evitar que la reconstrucción termine en un modelo puramente extractivo. Una de las propuestas establece beneficios fiscales para empresas con al menos 10% de propiedad en manos de cubanos residentes en la isla, con participación real, derechos de voto y protecciones para accionistas minoritarios.
El objetivo, según el documento, es construir desde el primer día una clase capitalista cubana y lograr que los cubanos dejen de ser solo fuerza laboral para convertirse también en propietarios.
El plan identifica siete sectores clave para el crecimiento: agricultura, tecnología, manufactura, minería, construcción, infraestructura y turismo. También propone acuerdos de libre comercio con EEUU, Canadá, México, la Unión Europea y América Latina, tratados bilaterales de inversión, zonas de procesamiento para exportación y un sistema aduanero simplificado con meta de despacho en 24 horas.
Educación y salud con vales universales
En educación, la propuesta plantea un sistema competitivo de escuelas privadas, institutos técnicos, centros vocacionales y universidades, con vales universales financiados por el gobierno para que cada niño pueda asistir a cualquier escuela acreditada, pública o privada. El monto del vale sería ajustado según pobreza, discapacidad o ubicación rural.
En salud, el plan propone un sistema predominantemente privado de clínicas, hospitales, farmacias y aseguradoras, pero con vales universales para garantizar el acceso de cada ciudadano a un paquete básico de atención preventiva, materna, de emergencia y enfermedades crónicas, sin exclusiones por condiciones preexistentes.
“Prosperidad o miseria”
La versión gráfica del plan incluye una carta firmada por Jorge Mas, quien presenta la propuesta como una elección histórica para los cubanos: “prosperidad o miseria” y “libertad o represión”. El mensaje sostiene que el comunismo y la familia Castro le han fallado al pueblo cubano y llama a promover un nuevo liderazgo y una nueva estructura política que desmonte los restos del sistema.
La propuesta, de fuerte orientación liberal y promercado, abre de antemano un debate profundo sobre el futuro de Cuba: cómo desmontar el aparato totalitario sin provocar un vacío institucional, cómo reconciliar a víctimas y antiguos funcionarios del sistema, cómo atraer inversión sin entregar el país a intereses externos y cómo garantizar servicios básicos mientras se desmonta el monopolio estatal.
Pero sus autores parten de una premisa clara: la reconstrucción de Cuba no puede limitarse a cambiar nombres en el poder. Requiere nuevas reglas, instituciones independientes, propiedad privada, justicia para las víctimas, participación de la diáspora y una economía que devuelva a los cubanos la posibilidad de vivir, trabajar, emprender y prosperar en su propio país.
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