Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio advirtieron en Miami sobre lo que calificaron como una “suspensión” de la Constitución venezolana y una grave ruptura del orden institucional en el país sudamericano.
Durante una rueda de prensa, el presidente del TSJ en el exilio, Antonio Marval, aseguró que en Venezuela no existe actualmente un verdadero Estado de derecho y sostuvo que la Constitución perdió vigencia práctica tras los acontecimientos políticos registrados en el país desde el pasado 3 de enero.
“En primer lugar, establecemos que la constitución de Venezuela actualmente está suspendida. Venezuela enfrenta hoy una realidad excepcional que trasciende de la crisis política tradicional. La soberanía nacional ha sido materialmente desactivada y la constitución ha perdido su eficacia normativa como orden rector de la vida pública”, afirmó Marval.
Los magistrados señalaron que Venezuela atraviesa una etapa de “tutelaje” político e institucional y cuestionaron la posibilidad de realizar elecciones mientras no existan instituciones independientes que garanticen derechos y transparencia.
La magistrada de la Sala Constitucional del TSJ en el exilio, Cioly Zambrano, afirmó que antes de cualquier proceso electoral deben reconstruirse las instituciones democráticas y restablecerse garantías para la población.
“No tenemos instituciones, no tenemos CNE, no tenemos Tribunal Supremo de Justicia que pueda garantizar los derechos, no tenemos el plan república que garantice la seguridad y garantías de las personas. Entonces, ¿podemos ir en estas condiciones a un proceso electoral?”, expresó Zambrano durante el encuentro con periodistas.
La magistrada también cuestionó que unas elecciones, en el contexto actual, puedan resolver la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa Venezuela.
Por su parte, el magistrado de la Sala Electoral, Domingo Salgado, insistió en la necesidad de desmontar estructuras legales y políticas que, según afirmó, permitieron la permanencia del chavismo en el poder durante los últimos años.
“Tiene que irse desmontando y desmontando. Es no solo mediante el cambio de figuras maquilladas del Estado, como el caso del fiscal general, la defensora del pueblo, etcétera, sino también que hay que empezar a desmontar una serie de leyes que permitieron la permanencia del régimen, como la denominada Ley contra el odio”, sostuvo.
El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio fue constituido en 2017 por magistrados designados por la Asamblea Nacional de mayoría opositora durante la crisis institucional venezolana. Desde entonces, sus integrantes operan fuera de Venezuela sin percibir salario y denunciando persecución política y falta de independencia judicial en el país
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