Detrás de las consignas oficiales de defensa de la patria, el Servicio Militar obligatorio en Cuba ha consolidado un entramado legal e institucional que socava las libertades fundamentales de los jóvenes y de sus familias.
Un reciente informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) pone al descubierto el impacto de este sistema sobre los derechos humanos en la isla, revelando patrones de desprotección jurídica, reclutamiento de menores, trabajo forzado y la criminalización de la salud mental.
En Cuba, el cumplimiento del servicio militar admite pocas excepciones. La Constitución de 2019, prohíbe que la objeción de conciencia sea invocada para evadir las tareas de la defensa nacional, lo que transgrede los estándares del derecho internacional, refiere el informe.
A esta cerrojo legal se le suma la privación de la libertad de circulación. La Ley de Migración establece que los ciudadanos en edad militar tienen prohibida la salida del territorio nacional. Esta medida cercena el derecho a emigrar o viajar libremente.
Asimismo, las regulaciones vigentes exigen la inscripción militar a los 16 años y habilita la incorporación activa a partir de los 17. Esta práctica confronta la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por La Habana, que define como niño a los menores de 18 años y prohíbe exponerlos a riesgos o combate.
La investigación del Observatorio documenta que el 11.1 % de los fallecidos con edad verificada en el Servicio Militar, eran en efecto, menores de edad.
“El Servicio Militar, más allá de un mecanismo puramente militar, es también un mecanismo político que toma a los jóvenes de su casa en una edad, importante de su desarrollo y los encierra, como mínimo, un año bajo condiciones en las cuales tienen muy poca capacidad de agenciar, o sea, no pueden decidir qué hacer, no pueden irse si quieren, tienen que estar sometidos a una preparación, no necesariamente militar porque, el informe lo deja claro, mayormente están sometidos a trabajos forzados", dijo a Martí Noticias José Manuel González Rubines, responsable principal del informe.
Históricamente, el régimen ha utilizado los alistamientos no solo para fines de defensa, sino como una herramienta de control social e ideológico sobre los jóvenes.
“Es fácil entender que el Servicio Militar tiene, además, una función de control político. Tener estos jóvenes de ese modo, lo que pretende es formarlos, entendiendo como formarlos, quizás como ciudadanos más obedientes, penetrarlos políticamente y, de hecho, hay muchos jóvenes que a partir del Servicio Militar se quedan en el sector militar porque ven una posibilidad de ascenso social", subrayó González Rubines.
El problema se agrava durante las evaluaciones de aptitud. De acuerdo con el informe, las comisiones médicas militares tienen que cumplir cuotas de enrolamiento preestablecidas. Como resultado, los comités de evaluación médica, de manera recurrente, mandan a entrenamiento armado a jóvenes con patologías físicas o psiquiátricas que deberían ser declarados no aptos.
A esta situación contribuye la crisis demográfica, precisa el informe: Entre 2014 y 2024, la población masculina cubana de 15 a 19 años cayó un 26%. Frente a eso, el sistema relajó los filtros médicos, incrementando la vulnerabilidad de los conscriptos.
El dossier patentiza la asignación sistemática de jóvenes a faenas agrícolas y de mantenimiento, e incluso, construcción en instalaciones hoteleras gestionadas por corporaciones militares, una práctica que contraviene el Convenio sobre el Trabajo Forzado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por otro lado, el OCAC recuerda que el régimen ha endurecido sus herramientas contra cualquier intento de evasión: El Código Penal Militar aprobado en 2023 establece penas de hasta cinco años de prisión por desertar o evitar la incorporación, y tipifica como delito las autolesiones o la simulación de enfermedades.
“Estos jóvenes encerrados contra su voluntad en un entorno que, en la medida en que se ha precarizado la situación del país, también se ha precarizado la situación de las unidades militares; muchos de estos jóvenes recurren al suicidio. Cada vez estamos viendo con mayor fuerza, precisamente porque el Estado ya no tiene el monopolio de la información; entonces, ahora muchos de estos casos trascienden", indicó el experto.
Una de las aristas más severas del sistema es el tratamiento del colapso emocional: la Fiscalía Militar clasifica los intentos fallidos de suicidio como tentativas de deserción, sometiendo a los sobrevivientes a procesos penales que conllevan condenas de cárcel.
El estudio revela que el suicidio es la principal causa de muerte entre los reclutas del Servicio Militar en la isla.
La entidad, creada para indagar en la gestión del régimen, documentó 97 muertes o desapariciones de jóvenes mientras pasaban el Servicio Militar, entre 2001 y 2026, con una edad promedio de 18.7 años.
Al respecto, aclara que la cifra es un subregistro debido a la falta de estadísticas oficiales y la opacidad estatal.
Entre los más frecuentes motivos de fallecimiento, dentro del cumplimiento del Servicio Militar, además del suicidio, están la negligencia criminal por el envío de jóvenes sin preparación ni equipo adecuado a emergencias, los accidentes como el manejo inexperto de armas, la asignación a tareas peligrosas o infraestructura deficiente.
“Hay que resaltar la cantidad de accidentes que hay. Muchos jóvenes mueren en accidentes porque están haciendo trabajos forzados para los cuales no están preparados y, un dato que el informe no revela que posiblemente nosotros nunca sepamos, es la cantidad de jóvenes que resultan mutilados y traumatizados de por vida producto de accidentes en el Servicio Militar. Hace uno o dos días salía una información de un joven recluta que había quedado completamente deformado por una descarga eléctrica y eso transversaliza su vida", agregó González Rubines.
Otras condiciones que condujeron a la muerte de enrolados es la desatención médica, homicidios y desapariciones, expone el dossier.
El informe asegura que los padres y parientes que exigen investigaciones independientes sobre las causas de muerte de sus hijos sufren campañas de acoso, vigilancia e incluso penas de prisión por sus reclamos de justicia.
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