América Latina
- Agencias
El "Chapo" Guzmán, el prófugo más legendario de México
La leyenda del capo de las drogas, y sus espectaculares fugas de cárceles de alta seguridad, han superado la historia de Pablo Escobar. Muchos opinan que su captura solo tiene importancia simbólica.
Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, prófugo legendario y el capo más poderoso y escurridizo de México, fue recapturado después de haber protagonizado su segunda fuga espectacular de una cárcel mexicana de máxima seguridad.
La nueva captura de Guzmán, de 58 años, es una victoria inesperada para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, después de la gran humillación que supuso su fuga de prisión en el 11 de julio de 2015, algo que el propio mandatario había dicho meses antes que sería imperdonable.
Guzmán, apodado "El Chapo" por su baja estatura, ha pasado más tiempo prófugo que en la cárcel. Distintos rumores le situaban por temporadas desde Argentina hasta Guatemala, pero siempre estuvo fuertemente ligado a su Sinaloa natal, donde fue recapturado el viernes.
Antes de su primera detención en Guatemala en junio de 1993, cuando fue condenado a 20 años de cárcel, Guzmán era un narcotraficante de poca monta. Y si su primera huida de un penal de máxima seguridad en 2001, supuestamente oculto en un carrito de lavandería, multiplicó su popularidad, su leyenda quedó consagrada cuando,14 años después, se escapó de otra cárcel similar de forma todavía más espectacular: por un sofisticado túnel de 1.5 km de largo que conectaba la ducha de su celda con una casa de seguridad y que fue construido sin que nadie lo detectara.
En ese momento, julio de 2015, había pasado menos de año y medio en prisión y Guzmán, el hombre cuya captura había supuesto el mayor éxito del gobierno de Peña Nieto, se convertía en protagonista en su más estrepitosa humillación, máxime porque el ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional se había jactado de que nunca le pasaría lo mismo que a gobiernos anteriores y se mostró claramente en contra de aceptar una extradición a Estados Unidos, que lo requiere por numerosos delitos.
En ambas fugas quedó patente la complicidad de autoridades, pero nunca se llegó a atribuir responsabilidades al máximo nivel. Sin embargo, si la huida de 2001 alimentó durante años los rumores de que los gobiernos del Partido de Acción Nacional (2000-2006 y 2006-2012) quisieron beneficiar al cártel de Sinaloa mientras se enfocaban en derrotar al resto de grupos delincuenciales, con la segunda fuga se demostró que el capo mantenía intocable su poder y que México no había conseguido ganar la batalla a la corrupción y la impunidad.
En la primera década del siglo y ya prófugo, Guzmán pasó de ser un delincuente de medio pelo, nacido de una familia pobre de las montañas de la Sierra Madre Occidental -epicentro de la producción de drogas durante décadas- a convertirse en el capo de las drogas más poderoso del planeta.
En esa época, el Cártel de Sinaloa se volvió más sangriento y poderoso, al controlar gran parte de las rentables rutas de tráfico de drogas a lo largo de la frontera con Estados Unidos e incluyendo ciudades estratégicas como Tijuana y Ciudad Juárez.
La lucha por el territorio contra otros cárteles causó baños de sangre en Tijuana e hizo de Juárez una de las ciudades más peligrosas del mundo en 2010. Por esas fechas, la mayor redada de la policía fue una carga de 134 toneladas de marihuana relacionada con la organización de "El Chapo", además de un laboratorio gigante de metanfetaminas en el oeste de México y cientos de toneladas de precursores químicos incautados en México y en Guatemala.
Los tentáculos de su cártel, una verdadera multinacional de las drogas, se extendieron desde Argentina hasta Australia gracias a un sofisticado sistema de distribución internacional de cocaína y metanfetaminas y su participación en una veintena de delitos diferentes pero aunque estaba buscado por la policía de México, Estados Unidos y muchos otros países, siempre consiguió evadir la justicia.
Guzmán mantuvo el liderazgo del grupo pese a que su cabeza tenía precio - ofrecían una recompensa de 7 millones de dólares por su captura- y acumuló una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes, que lo incluyó desde 2009 en su lista de las "Personas más Poderosas del Mundo", por delante de los presidentes de Francia y Venezuela.
Un proceso federal estadounidense dado a conocer en San Diego en 1995 acusaba a Guzmán y 22 integrantes de su organización de asociación delictuosa para importar más de ocho toneladas de cocaína y de lavado de dinero. Ya entonces se emitió una orden provisional de arresto tras la formulación de los cargos, de acuerdo con el Departamento de Estado norteamericano.
Además, jurados de instrucción en por lo menos siete tribunales federales de distrito de Estados Unidos, entre ellos Chicago -quien lo nombró "Enemigo Público Número 1"_, Nueva York y Texas, tenían abiertos procesos contra Guzmán en 2014 por cargos que iban desde el contrabando de cocaína hasta la participación en organizaciones criminales dedicadas al asesinato y otros delitos graves.
La vida criminal de Guzmán comenzó en los años 80 el seno del cartel de Guadalajara, dirigido por el mexicano Miguel Angel Gallardo, y en el que ascendió rápidamente gracias a sus dotes como empresario inescrupuloso y hábil negociador que estableció contactos vitales con políticos y policías para asegurarse de que sus cargamentos circularan sin problemas.
Cuando Gallardo fue arrestado en 1989, la organización se dividió y Guzmán asumió el control de las operaciones de Sinaloa.
Bajo su mando, el cártel se apoderó violentamente de rutas rentables de sus rivales y excavó túneles debajo de la frontera estadounidense para filtrar sus cargamentos.
En 1993, pistoleros vinculados al cartel de los Arellano Félix en Tijuana intentaron asesinar a Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara, pero en cambio mataron al cardenal Juan Jesús Posada Ocampo, lo que supuso un gran escándalo para todos los mexicanos. La policía arrestó a "El Chapo" semanas después.
Protagonista de innumerables corridos - la música norteña tradicional mexicana que suele ensalzar las hazañas de narcos y criminales- se dice que "El Chapo" habría disfrutado de la protección de todo tipo de personas, desde humildes pobladores en los escarpados cerros de Sinaloa a las más altas autoridades, pasando por un sinfín de empresarios y políticos.
Su leyenda superó la del colombiano Pablo Escobar, que fue acribillado por la policía en 1993 después de sembrar el terror en su país durante una década, y estaba alimentada por constantes rumores como el que contaba que cuando llegaba a un restaurante se confiscaban los celulares de todos los comensales para que el capo pudiera almorzar sin temor a una emboscada.
Más de 100.000 personas han muerto en México debido a la guerra contra las drogas desde que el ex presidente Felipe Calderón desplegó a miles de soldados en los lugares más "calientes" en diciembre de 2006. Muchos dicen que durante su presidencia la guerra contra los cárteles y el arresto de capos en realidad alimentó el crecimiento de Sinaloa y su principal rival, Los Zetas.
La estrategia de su sucesor, teóricamente más discreta, pero que mantuvo a las fuerzas armadas en las calles, no ha conllevado una disminución de la violencia sino solo la fragmentación de las grandes organizaciones criminales en grupos delincuenciales más pequeños pero igual de peligrosos que siguen luchando entre sí y regando muchas zonas de México de cadáveres, desaparecidos o fosas clandestinas.
Aunque su nueva captura tiene importancia simbólica, muchos, incluidos sus principales socios en el cártel, como Ismael "El Mayo" Zambada, sostienen que eso no pondrá fin a la violencia ni el flujo de drogas a Estados Unidos vía México.
"En lo que respecta a los capos, encarcelados, muertos o extraditados, sus reemplazos están listos", dijo Zambada en una entrevista publicada en la revista Proceso en abril del 2010.
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Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
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