América Latina
EEUU impone sanciones contra tribunal venezolano
El Departamento del Tesoro congelará activos de ocho funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia en la segunda ronda de sanciones que el gobierno de Trump impone a altos funcionarios venezolanos.
El gobierno del presidente Donald Trump impuso el jueves sanciones contra miembros del Tribunal Supremo de Venezuela por una serie de dictámenes que, de acuerdo con Estados Unidos, usurparon las facultares de la Asamblea Nacional y dieron pie a una mortal ola de protestas.
El Departamento del Tesoro anunció que congelaría los activos de ocho funcionarios del Tribunal Supremo con el fin de apoyar al pueblo venezolano “en su empeño por proteger y hacer progresar la gobernabilidad democrática”.
El Tribunal Supremo de Justicia emitió en marzo un fallo que arrebató sus últimos poderes a la Asamblea Nacional, donde los legisladores de oposición son mayoría.
El fallo fue revertido parcialmente poco después ante las críticas de la comunidad internacional, pero detonó un movimiento de protesta que ha continuado durante casi dos meses y ha causado la muerte de más de 40 personas.
Las nuevas medidas del Departamento del Tesoro conforman la segunda ronda de sanciones que el gobierno de Trump impone a altos funcionarios venezolanos. En febrero, el gobierno estadounidense ordenó sanciones contra el vicepresidente Tareck El Aissami, a quien acusó de tener un papel en el narcotráfico internacional.
Una "vergüenza para la humanidad"
Antes del anuncio, Trump calificó la crisis política y económica en Venezuela de "vergüenza para la humanidad", señalando que la región no había visto una situación similar "en décadas".
"Uno ve la riqueza de ese país y se pregunta ¿Por qué está ocurriendo esto? Pero es que el país ha sido administrado increíblemente mal durante varios años", dijo Trump durante una conferencia de prensa junto al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
"Ojalá eso cambie y puedan usar sus recursos para bien y para beneficio de su gente, porque ahora lo que está pasando es una desgracia para la humanidad", añadió.
Trump dijo que el continente no había visto una situación similar en "décadas", y afirmó que con Santos "trabajaremos juntos en todo lo que sea necesario para ayudar a resolverla". "Estoy hablando únicamente a nivel humanitario", acotó.
Cientos de miles de venezolanos han participado en manifestaciones casi diarias contra el gobierno desde el fallo del Tribunal Supremo. Durante las protestas, es común que las fuerzas de seguridad lancen gas lacrimógeno y disparen balas de goma contra los manifestantes, algunos de los cuales les lanzan rocas y bombas incendiarias.
Más de 2.000 personas han sido detenidas y varios cientos han sido llevadas ante tribunales militares, de acuerdo con Foro Penal, una cooperativa de abogados sin fines de lucro que defiende a muchos de los acusados. Cientos han resultado heridos y por lo menos 47 han muerto, aunque la Fiscalía General solo reconoce 42; una cifra similar a la de la última ola de agitación política en 2014.
Declaraciones del presidente Trump y el presidente Santos de Colombia en Conferencia de Prensa Conjunta
Muchas gracias. Es muy grato dar la bienvenida al presidente Santos a la Casa Blanca. Colombia es uno de nuestros aliados más cercanos en el hemisferio, y hoy reafirmamos la alianza entre nuestras dos grandes naciones.
El presidente Santos y yo tuvimos una reunión muy productiva y continuaremos trabajando juntos muy de cerca para traer paz, seguridad y prosperidad al hemisferio. Tal vez ningún área es más importante en términos de cooperación que nuestro esfuerzo conjunto por poner fin a los terribles crímenes del narcotráfico que suceden en ambos países.
Recientemente hemos visto una tendencia realmente alarmante. El año pasado los cultivos de coca y la producción de cocaína en Colombia alcanzaron un número récord, el cual esperamos sea solucionado rápidamente por el Presidente. Tenemos que enfrentar juntos esta peligrosa amenaza para nuestras sociedades.
Hoy ratifico la disposición de los Estados Unidos de ayudar a la estrategia de Colombia para abordar y eliminar redes de narcotráfico, la financiación ilícita, los cultivos de coca y la producción de cocaína, de la cual hay demasiado. La epidemia de las drogas está envenenando demasiadas vidas estadounidenses y vamos a detenerla, de muchas maneras. Una de ellas será el muro.
Mi administración está comprometida con detener la llegada de drogas y bandas criminales a nuestro país, cuyo cruce fronterizo ya se ha disminuido en más de un 73%. El Secretario Kelly está con nosotros, ha hecho un trabajo fantástico. Muchas gracias, señor Secretario. En pocas palabras, tenemos un tremendo equipo trabajando con nosotros en términos de ICE [el Servicio de Inmigración y Aduanas], la patrulla ICE, y los agentes de la Patrulla Fronteriza, han hecho un fantástico trabajo y quiero que los felicite especialmente de mi parte, señor Secretario.
Igualmente el MS-13, un horrible grupo de bandas criminales que han ingresado a nuestro país en un período de tiempo relativamente corto, está siendo diezmado por la Patrulla Fronteriza, ICE y nuestras increíbles fuerzas públicas, y ellos están saliendo de nuestro país, o en algunos casos, yendo directamente a prisiones en nuestro país. Pero ellos literalmente se han tomado pueblos y ciudades en los Estados Unidos. Se irán muy rápido.
Espero con interés trabajar con el presidente Santos para combatir el tráfico de drogas. Los Estados Unidos y Colombia tienen fuertes relaciones entre nuestras fuerzas públicas y de seguridad. Hemos mantenido estas relaciones, especialmente durante los últimos años. Juntos seguiremos luchando contra las redes criminales responsables por el mortífero tráfico de drogas, que nuestros pueblos están fuertemente comprometidos con erradicar porque quieren un mejor futuro.
El presidente Santos y yo también discutimos el deterioro de la situación en Venezuela. Y de verdad está en muy mal estado como ustedes ven, como todos nosotros vemos a través de los medios de comunicación. Una Venezuela estable y pacífica es del interés del hemisferio entero, y los Estados Unidos están con toda la gente en nuestro gran hemisferio que anhelan ser libres. Trabajaremos con Colombia y otros países en el problema de Venezuela. Es un problema sumamente horrible y desde un punto de vista humanitario, no hemos visto nada así por mucho tiempo.
Los Estados Unidos y Colombia también somos socios económicos fuertes y continuaremos buscando políticas comerciales que beneficien a ambos pueblos. Nuestros objetivos comunes de proteger a nuestros ciudadanos, ampliar oportunidades y combatir la crisis de drogas, mejorarán las vidas de nuestros pueblos y muchos otros en la región.
Tantas personas han sido tan horriblemente afectadas por lo que está pasando en términos de violencia y en términos de drogas, y vamos a encargarnos de esta situación. Y los dos acordamos ocuparnos de ella fuerte y rápidamente.
Presidente Santos, fue un honor reunirme con usted y su grupo de representantes, gente de verdad muy talentosa quienes han estado trabajando con nosotros y mis representantes. Y espero muchas otras reuniones muy productivas tales como la que acabamos de tener. Me gustaría agradecerle mucho por estar en la Casa Blanca, por ser nuestro invitado, y quisiera felicitarlo por ganar el Premio Nobel de la Paz. Es un gran logro. Muchas gracias.
(AP, EFE, Departamento de Estado)
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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
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