La Seguridad del Estado arrestó en San Antonio de los Baños a Felipe Rodríguez Ledesma, de 68 años, presuntamente por exhibir carteles contra el gobierno en su vehículo personal.
El anciano había pintado en su triciclo la frase “No monto ni clarias ni chivatos. Solo hombres libres”, una afirmación que le costó la libertad bajo la acusación de "propaganda contra el orden constitucional".
Una familiar del detenido en la localidad confirmó a Martí Noticias que la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) incautó el triciclo del acusado, en el que aparecían carteles considerados sedicioso por las autoridades.
"Cuando nos enteramos que lo habían detenido, llegamos a la PNR y tenían el medio de transporte decomisado, es decir, su triciclo, que tenía esos carteles. Los cargos que se le están imputando son por eso. Lo acusa la Seguridad del Estado", relató la pariente, que pidió no revelar su identidad por motivos de seguridad.
Rodríguez Ledesma, fue arrestado el martes y trasladado a la estación policial del municipio, donde permanece bajo custodia.
"Lo único que sabemos es que lo citó un compañero y fueron los que lo condujeron. Lo recogieron en la casa y ya está preso. Ya tiene una abogada", añadió la familiar.
La situación ha generado preocupación entre los allegados, quienes temen represalias por cualquier acción que emprendan en apoyo al detenido.
"Lo triste de todo esto es que todo lo que nosotros hagamos por aquí corremos el riesgo de estar ahí adentro igual, en la misma situación y sin poder ayudarlo", lamentó.
Un vecino del lugar, que también pidió el anonimato, relató a nuestra redacción que "estaba haciendo sus mandados. Tenía ese cartel que llevaba puesto hacía varias semanas, pero se atrevió a algo más: puso un cartel que decía 'la dictadura se tumba de cualquier manera, así sea con sangre', algo así. Ese mismo día lo detuvieron en horario de la tarde”.
El delito de propaganda contra el orden constitucional, cuya condena oscila entre tres y ocho años de privación de libertad, es una herramienta legal del régimen para sancionar expresiones críticas contra el sistema político y social de la isla porque castiga a quien incite contra el orden social o el Estado socialista mediante propaganda oral o escrita.
Igualmente, prohíbe la creación, distribución o posesión de materiales considerados "subversivos" o "contrarrevolucionarios".
El abogado Raudiel Peña, integrante del equipo legal de Cubalex, calificó como "parte del patrón represivo ya habitual", la actuación de las autoridades cubanas en el caso del ciudadano investigado por colocar carteles de protesta en su medio de transporte.
Según el jurista, lo más relevante del caso es que no se trata —hasta donde Cubalex tiene conocimiento— de un activista de derechos humanos ni de un opositor político: "Es un ciudadano común y corriente que decidió protestar en el ejercicio de su libertad de expresión, manifestando su inconformidad con el gobierno y advirtiendo que no prestaría servicios de transportación a personas afines al régimen", detalló.
Aun así, indicó, las autoridades recurren nuevamente al delito de propaganda contra el orden constitucional, una figura penal que Cubalex ha observado aplicada cada vez con mayor frecuencia en los últimos meses.
"Prácticamente cada forma de protesta que se realiza en Cuba contra el gobierno —ya sea por ciudadanos comunes, opositores políticos o activistas— termina siendo imputada bajo este delito", afirmó.
El abogado recordó que la misma acusación ha sido empleada recientemente contra los jóvenes conocidos como los protagonistas del 4tico, en la provincia de Holguín, actualmente bajo investigación.
Para Peña, este nuevo caso confirma una tendencia: "Es otra evidencia de la criminalización del ejercicio de la libertad de expresión en Cuba y del uso del derecho penal para castigar a personas que protestan de alguna forma contra el gobierno".
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