La presa política Saylí Navarro lleva más de una semana sin comunicarse telefónicamente con su madre, una llamada que realizaba regularmente dos veces por semana desde la prisión de La Bellotex, en Matanzas.
Sonia Álvarez, madre de la detenida e integrante de las Damas de Blanco, denunció dijo a Martí Noticias que teme represalias tras un incidente entre Navarro y una guardia durante una llamada con el opositor Iván Hernández Carrillo.
"Marqué a la prisión y le dije a la guardia que me salió al teléfono que, por favor, si me podía poner a Saylí, porque estaba en un lugar donde había cobertura, y en mi pueblo no hay corriente desde hace cuatro días y no iba a poder hablar con ella. Me respondió: Vamos a ver si lo autorizan. Eso fue a las 9 de la mañana. A la 1 de la tarde yo me fui de aquí, de Colón, y no me la pusieron", explicó la madre de la prisionera política.
Álvarez volvió a intentar este miércoles comunicarse con su hija, pero denuncia que, cuando finalmente logró comunicarse con la prisión, le colgaron el teléfono.
"Ella llama dos veces a la semana, los lunes y los jueves. El lunes, cuando me comuniqué, la que salió al teléfono me dijo: 'Vamos a ver si me autorizan a sacar a Saylí para la llamada, porque se la tienen que dar delante de una guardia'. En la última llamada, ella estaba hablando con Iván Hernández Carrillo y la guardia le dijo: Si sigues hablando lo que estás diciendo te voy a cortar el teléfono. Y ahí hubo unas palabras, y no sé lo que está pasando en este momento", indicó.
Saylí Navarro, integrante del movimiento Damas de Blanco y declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, cumple una condena de 8 años de cárcel en Matanzas tras ser detenida el 13 de julio de 2021, a raíz de las protestas del 11 julio.
El régimen la acusó por los cargos de atentado, desacato, desobediencia y desórdenes públicos. Las autoridades también detuvieron ese día a su padre, el líder opositor Félix Navarro, fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, condenado a una pena de nueve años de prisión. Padre e hija han rechazado la propuesta de exilio forzado a cambio de ser liberados porque se niegan a abandonar Cuba.
Una situación similar de irregularidad en las comunicaciones telefónicas enfrenta el preso político Maykel Castillo Pérez, conocido como "El Osorbo", desde la prisión de Kilo 8, en la provincia de Pinar del Río.
La activista e historiadora de arte cubana exiliada en Estados Unidos, Anamely Ramos, ofreció detalles a Martí Noticias sobre el origen de estas fallas y explicó el impacto de la crisis energética en el penal.
"Aproximadamente desde la mitad de mayo, las llamadas internacionales fueron bloqueadas en todas las prisiones de Cuba, y por supuesto también en Kilo 8 donde está Maykel. Él se ha mantenido llamando a su familia en Cuba, lo que pasa es que la semana pasada estuvo alrededor de cuatro días sin comunicarse, supuestamente porque al no haber corriente esos teléfonos no funcionan", comentó.
"Kilo 8 es una prisión muy pequeña que no está preparada para la mayoría de las contingencias, y ahí lo tienen a él por decisión de ellos. Después de esos cuatro días, finalmente llamó el lunes, pero ya ayer de nuevo no lo hizo. No podemos normalizar esto ni estar varios días sin saber de Maykel, dada la tensión que hay ahora mismo dentro y fuera de Cuba. Yo no confío en que esté bien si no llama de manera constante", denunció.
Ante la persistencia de esta problemática, Ramos cuestionó la gestión de las autoridades carcelarias y exigió medidas inmediatas sobre la situación jurídica del músico.
"Si ellos no pueden garantizar siquiera que los presos llamen a sus familias en Cuba para tener una mínima comunicación, pues entonces que tomen otras medidas. Al final son personas inocentes que no tendrían que estar presas y, por lo tanto, si el desastre es a ese nivel, que tomen otras medidas, que suelten a los presos y que suelten a Maykel, que no tiene por qué estar en esa prisión".
Maykel Castillo, coautor y ganador de dos premios Latin Grammy por la canción "Patria y Vida", fue arrestado en mayo de 2021 en La Habana por agentes de la policía política. En 2022 fue condenado a una pena de nueve años de prisión por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación.
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