El Grupo de Expertos de la ONU sobre los Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un demoledor informe sobre las arbitrariedades y violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Anatomía de la crueldad” es el título escogido por los miembros del grupo de expertos para actualizar la situación de los derechos humanos en Nicaragua y documentar 161 casos de desaparición forzada desde 2018; la situación de 29 personas que siguen desaparecidas y la denuncia de la muerte bajo custodia de ocho personas detenidas por motivos políticos.
De acuerdo con el informe, existen al menos una docena de “desapariciones forzadas en curso” identificando plenamente los casos de: Víctor Boitano Coleman, Eddie Moisés González Valdivia, Steadman Fagoth Müller, José Danilo Jirón Gudiel, Elvia Junieth Flores Castillo y sus dos hijas menores de edad, Larry Javier Martínez Romero, Carlos Ramón Brenes Sánchez y Salvadora del Socorro Martínez Aburto, Ricardo José Mendoza Yrigoyen, Claudia Magaly Munguía Mayorga.
El informe señala que "lo que comenzó como desapariciones de corta duración, utilizadas para castigar a las personas detenidas e intimidar a sus familiares, ha evolucionado desde 2023, hacia una práctica estratégica y recurrente de desapariciones prolongadas -de meses o años de duración- dirigida contra un conjunto cada vez más diverso de víctimas".
Al respecto, el experto en derechos humanos Uriel Pineda señaló a Martí Noticias que la inclusión del término “desapariciones forzadas prolongadas” es muy relevante desde la perspectiva jurídica porque “en términos generales no es lo mismo una detención arbitraria que una desaparición forzada porque el impacto de la desaparición forzada tiene un componente dual: la detención seguido del ocultamiento con el objetivo de sustraer a la persona de los medios legales de protección. Entonces es una situación más grave”.
El grupo de expertos fue contundente en señalar que “las prácticas de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y otros malos tratos conexos documentadas constituyen, prima facie, los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, y otros actos inhumanos, así como de persecución por motivos políticos, cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil que comenzó en 2018 y continúa en la actualidad".
Sobre esta referencia de “prima facie” que en español significa “a primera vista”, Pineda explicó que dado que “no toda violación a derechos humanos constituye necesariamente un delito de lesa humanidad es importante no fijar los hechos solo como violaciones de derechos sino darles un “apellido”, por esa razón este señalamiento viene a apuntalar una ruta de acceso a la justicia una vez que se restablezcan las condiciones en el país”.
“Una impunidad generalizada”
La situación de los derechos humanos en Nicaragua sigue caracterizándose por el desmantelamiento sostenido y sistemático de las instituciones democráticas, el estado de derecho y las libertades fundamentales, así como por una impunidad generalizada, señaló otro informe suscrito por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El informe presentado también esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos subraya que “la consolidación del poder en el Ejecutivo ha eliminado de hecho la separación de poderes” y que “en este contexto, a menudo la legislación que se promulga contraviene las normas internacionales de derechos humanos”.
Sobre este punto, Pineda insistió que “todo este ejercicio de documentación va a ser el punto de partida para la rendición de cuentas cuando eventualmente el régimen caiga por lo que aunque hoy parezca que es insuficiente para hacer justicia, la sistematización de todos estos hechos se enmarca justamente dentro del mandato de este grupo de expertos que es documentar lo que está ocurriendo en el país”.
“Este grupo de Naciones Unidas viene a suplir el ejercicio de documentación institucional porque hay una abolición del Estado de derecho de Nicaragua o un secuestro del Estado de derecho por la centralización del poder y la anulación de la sociedad civil”, destacó Pineda.
46 países condenan en la ONU a la dictadura de Ortega-Murillo
En paralelo a estos informes, el representante de Costa Rica, Mario Zamora, alzó la voz en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en nombre de una coalición de 46 naciones para denunciar el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua y rechazar las pretensiones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de perpetuarse en el poder.
Un punto clave de la intervención del representante costarricense fue la denuncia por la muerte bajo custodia estatal del líder indígena miskito, Brooklyn Rivera, tras permanecer casi tres años en detención incomunicada. Para los 46 países firmantes del pronunciamiento, este hecho ratifica la “persecución sistemática de los pueblos indígenas y el patrón de detención arbitraria y desaparición forzada de miembros de la oposición”.
Precisamente, el informe del GHREN destaca el caso de Rivera como una de las ocho personas detenidas por motivos políticos que murieron bajo custodia del régimen sandinista en medio de circunstancias opacas y un expediente médico lleno de inconsistencias.
El informe indica que "la denegación sistemática de atención de salud adecuada y de condiciones de detención humanas, en particular a las personas adultas mayores detenidas y a aquellas con enfermedades crónicas, ha provocado muertes que pudieron prevenirse".
Al respecto, Pineda recordó a Martí Noticias que “las personas mayores se consideran un grupo en situación de vulnerabilidad porque dependen exclusivamente de su captor o de las autoridades para el ejercicio de sus derechos de manera tal de que lo que le ocurra implica una responsabilidad objetiva del Estado y por tanto se puede estar en presencia de un crimen de lesa humanidad”.
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