A continuación, un editorial que refleja la postura del Gobierno de los Estados Unidos
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha instado a los aliados a responder ante el continuo ataque del gobierno de Murillo-Ortega contra la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.
"Estados Unidos insta a los socios internacionales a detener de inmediato las operaciones comerciales habituales con esta brutal dictadura",dijo en un comunicado.
Este llamamiento responde a la reciente reforma constitucional de la Asamblea Nacional de Nicaragua, que otorga aprobación inicial a amplias enmiendas constitucionales destinadas a posponer las elecciones, extender los mandatos presidenciales y prohibir de facto a los partidos de oposición. El secretario Rubio señaló que esta reforma es la segunda en dos años y "anula lo que quedaba de la democracia en Nicaragua, privando indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas".
El intento de modificación constitucional se produce después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, fuera objeto de condena por una declaración realizada en julio, en la que afirmaba que, bajo la dictadura de su familia, Nicaragua no volvería a celebrar elecciones. El gobierno de Murillo-Ortega ha sido responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones arbitrarias o ilegales, desapariciones, torturas o tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, así como detenciones arbitrarias, según informes del Departamento de Estado. El gobierno ejerce persecución religiosa y restringe la libertad de expresión y de prensa, recurriendo incluso a la violencia, las amenazas y el procesamiento judicial.
"Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad en el hemisferio", escribió Rubio.
El mes pasado, Estados Unidos se unió a Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay para solicitar la urgente "convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para examinar la situación en Nicaragua" en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En declaraciones ante el Consejo Permanente de la OEA, el embajador Michael Kozak —entonces alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental— afirmó que la situación en Nicaragua "no es únicamente un asunto interno".
"Murillo y Ortega han encarcelado, torturado, privado de la nacionalidad y exiliado por la fuerza a cualquiera que consideren una amenaza, obligando a cientos de miles de nicaragüenses a huir y sobrecargando a nuestra región con personas desplazadas", declaró. Señaló, además, que la facilitación deliberada de la inmigración ilegal masiva, los asesinatos de nicaragüenses en el exilio y el fortalecimiento de los vínculos de seguridad y financieros con Rusia, China, Irán y Cuba constituyen amenazas adicionales para la región.
"La guerra de Murillo y Ortega contra la democracia amenaza la estabilidad y la prosperidad de nuestro hemisferio", escribió el secretario Rubio. "La Administración Trump mantiene su compromiso de identificar e implementar medidas para abordar las violaciones de los derechos humanos cometidas por Murillo y Ortega. Respaldamos el derecho de los nicaragüenses a decidir el futuro de su país".
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