La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control total del sandinismo, aprobó el martes una reforma constitucional que excluye a líderes opositores en el exilio de participar en las elecciones y extiende el mandato presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo a siete años.
"Aprobadas de forma unánime", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, tras la votación general del articulado en una sesión especial celebrada frente a la catedral de León, ubicada a unos 90 km al noroeste de Managua. El texto aprobado el martes aún deberá ser ratificado en enero de 2027 dado que la ley exige hacerlo en dos períodos legislativos distintos.
En un comunicado, el Departamento de Estado de EE.UU. denominó la reforma constitucional como una “farsa legislativa de la dictadura de Murillo-Ortega” y señaló que “la guerra de Murillo y Ortega contra la democracia amenaza la estabilidad y la prosperidad de nuestro hemisferio”.
“La Asamblea Nacional, controlada por Rosario Murillo y Daniel Ortega, socavó lo que quedaba de la democracia nicaragüense, reescribiendo nuevamente la constitución del país para afianzar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas”, señaló el comunicado.
Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio indicó en una publicación en X que “Estados Unidos implementará medidas en la próxima reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA para asegurar que nuestro hemisferio deje de hacer negocios como de costumbre con esta dictadura”.
Para el analista político Eliseo Núñez la reforma constitucional impulsada por el régimen sandinista responde a una lógica de preservación del poder: “Mi lectura es que Ortega busca consolidar un esquema político diseñado para sobrevivir al actual ciclo internacional y, particularmente, al período de la administración Trump”.
Con respecto a la ampliación del período presidencial a siete años y redefinir los períodos institucionales, Núñez señaló a Martí Noticias que “hay un cálculo político evidente ya que el régimen busca trabajar sobre hechos consumados”.
“Si la comunidad internacional o los actores internos exigen condiciones electorales, la discusión ya no sería sobre una elección inmediata, sino sobre un proceso proyectado hacia 2028. Y si eventualmente se viera obligado a negociar, tendría incentivos para prolongar cualquier negociación el mayor tiempo posible, con la expectativa de que coincida con un cambio en el contexto político internacional y, eventualmente, con el fin de la actual administración estadounidense”, explicó Núñez.
El analista político consideró acertada la caracterización de “farsa legislativa” utilizada por el Departamento de Estado porque “en el fondo”, indicó, “el problema no es estrictamente jurídico”. Explicó que “lo que está ocurriendo en Nicaragua no es simplemente una discusión constitucional. La Constitución ha sido subordinada a un proyecto de permanencia en el poder. La ley dejó de ser un límite al ejercicio del poder político y se ha convertido en un instrumento para justificar decisiones previamente tomadas por quienes gobiernan”.
Ortega no cuenta con una mayoría social demostrable
Quien también fuera diputado nicaragüense entre los años 2012 y 2016, cuando fue expulsado de la Asamblea Nacional por el régimen sandinista, aseguró que “el régimen evita cualquier forma de competencia electoral real porque Ortega sabe que no cuenta con una mayoría social demostrable en elecciones libres”.
De acuerdo con Núñez, “incluso los procesos electorales controlados generan algo que el régimen considera peligroso: debate público, movilización ciudadana y circulación de ideas alternativas. Esos espacios pueden producir fisuras, no solo en la oposición, sino también dentro de la propia coalición gobernante”.
El exlegislador y analista nicaragüense ahora en el exilio añadió que “Ortega tampoco ha mostrado convicción por el modelo de democracia liberal occidental” y “varias de las reformas impulsadas desde 2024 reflejan esa aspiración de sustituir la competencia política por mecanismos permanentes de control institucional, social y económico”.
Para Núñez, la reforma constitucional en curso, más que una muestra de fuerza es un síntoma de debilidad porque “cuando un gobierno concentra todo el poder y, aun así, teme la competencia electoral, lo que demuestra no es confianza en su legitimidad, sino conciencia de sus propias debilidades”.
¿Qué alternativas quedan para revertir esta situación?
Según el análisis de Núñez, “mientras la coalición de poder que sostiene al régimen continúe percibiendo beneficios, la estabilidad del sistema seguirá siendo relativamente alta. Por tanto, cualquier estrategia efectiva debe aumentar los costos de sostener al régimen y reducir los beneficios políticos, económicos y personales que obtienen quienes lo respaldan”.
“En Nicaragua, a diferencia de Cuba, el régimen descansa sobre un ecosistema mucho más amplio de beneficiarios, intermediarios, operadores económicos y grupos de interés que viven de su cercanía al poder. No se trata únicamente del Estado; se trata de una red completa de incentivos construida alrededor del régimen”, anotó.
Núñez subrayó que “un aumento significativo de la presión económica y financiera podría tener efectos políticos distintos a los observados en Cuba. Mientras en la isla muchas veces las sanciones operan como un nuevo apretón de tuercas sobre una estructura acostumbrada al aislamiento, en Nicaragua podrían equivaler a quitarle súbitamente el aire a una red de intereses cuya viabilidad depende del acceso continuo a recursos, mercados y flujos financieros”.
En este sentido, Núñez señaló que las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, “parecen ir más allá de la OEA ya que el mensaje es que Nicaragua no debe seguir siendo tratada como un país democrático normal cuando opera como una dictadura cerrada. Eso podría traducirse en mayores restricciones políticas, comerciales y financieras, así como en esfuerzos para reducir los espacios de normalización regional del régimen. En ese sentido, mecanismos de integración como el SICA, el Protocolo de Tegucigalpa y otros instrumentos regionales podrían convertirse en escenarios de presión más efectivos de lo que han sido hasta ahora”.
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