Organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y representantes de la sociedad civil denunciaron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persistencia de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos en Venezuela, durante una audiencia del 196.º período de sesiones del organismo celebrada en Washington.
Los participantes expusieron casos de persecución política, detenciones arbitrarias, restricciones a las libertades fundamentales y el deterioro de las condiciones de reclusión de los presos políticos, al tiempo que solicitaron a la comunidad internacional mantener la atención sobre la situación venezolana.
Uno de los testimonios presentados fue el de Meudy Osio, viuda del concejal opositor Fernando Albán, fallecido en 2018 mientras permanecía bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Durante la audiencia se informó que el caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su conocimiento, un paso considerado relevante dentro del Sistema Interamericano.
En materia de prisión política, Martha Tineo, coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, alertó sobre el deterioro de las condiciones de los centros de detención y calificó la situación como una emergencia humanitaria.
"Esta es una urgencia humanitaria que no admite esperas. Adultos mayores y personas con enfermedades graves, como cáncer o afecciones renales, sobreviven sin atención médica", afirmó.
La audiencia también contó con la presencia de Sofía Macher, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas, quien destacó la importancia de la documentación presentada por las organizaciones venezolanas.
En declaraciones a Martí Noticias, Macher señaló que las exposiciones permitieron visibilizar nuevamente la gravedad de la crisis de derechos humanos y transmitir la urgencia de una respuesta de la comunidad internacional.
"Me ha parecido muy importante toda la documentación y los hechos que ha presentado la sociedad civil. Nuevamente llama la atención para poder prestar especial mirada a lo que está sucediendo en Venezuela", expresó.
Las organizaciones denunciaron además que, desde 2006, se ha desarrollado un entramado legal que, a su juicio, ha servido para criminalizar la disidencia política mediante decenas de leyes y reformas orientadas a restringir el ejercicio de derechos y libertades.
Entre las preocupaciones planteadas figuran el desmantelamiento progresivo del sistema de educación universitaria pública, los ataques contra la libertad de asociación y la libertad de expresión, así como un esquema de censura que, según los participantes, limita el trabajo de la prensa independiente.
Al cierre de la audiencia, la comisionada de la CIDH Rosa María Payá reiteró el compromiso del organismo con el seguimiento de la situación venezolana y con las víctimas de violaciones de derechos humanos.
"La Comisión Interamericana no solo tiene la capacidad sino también la disposición y la intención de acompañar al pueblo venezolano en un proceso de recuperación democrática que urge en ese país", afirmó.
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