Al menos ocho personas permanecen incomunicadas en el centro de detención El Vivac, en Calabazar, municipio habanero Boyeros, tras participar en una protesta contra los apagones el 3 de agosto.
Luis Jesús Gutiérrez Campos, delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) denunció que su hijo, el también activista Pedro Lázaro Gutiérrez Collado, fue detenido ese día junto a otras personas durante un cacerolazo en Calabazar en demanda de la restitución del fluido eléctrico.
“Él no cometió delitos de ningún tipo, no robó, no tiró piedras, no rompió nada. Además, el presidente Díaz-Canel había manifestado que eso era ‘cubaneo’, que se podían pacíficamente manifestarse”, dijo.
Durante una entrevista en La Habana en julio de 2026, Miguel Díaz-Canel usó la palabra "cubaneo", al referirse a las protestas ciudadanas por los apagones, minimizando el descontento popular por la crisis energética y la escasez y restándole peso político.
“Sin embargo, a mi hijo lo tienen detenido, no podemos verlo, no podemos llegar allí”, lamentó Gutiérrez Campo.
Hasta el momento, la familia desconoce su estado de salud, ni qué está ocurriendo con él mientras permanece bajo custodia del Estado. Las autoridades le comunicaron que será trasladado bajo la medida cautelar de prisión preventiva a la prisión de Valle Grande.
En relación con la represión a manifestantes, el centro de asesoramiento legal Cubalex recordó que la protesta pacífica es una forma legítima de ejercer derechos fundamentales, entre ellos las libertades de expresión y de reunión pacífica, agregando que en Cuba estas expresiones de descontento se producen en un contexto de profunda crisis, marcado por el deterioro de las condiciones de vida y las dificultades para acceder a servicios básicos.
Del mismo modo, Lismani Acosta Gómez, de 19 años está tras las rejas desde el 6 de julio después de participar en una protesta pacífica en Guanabacoa, La Habana.
Aunque inicialmente se le fijó una fianza que su familia logró reunir, las autoridades modificaron la medida cautelar a prisión provisional y lo encerraron en la cárcel Cuba-Panamá para enfermos con VIH, en Mayabeque.
La represión se extiende a otras provincias: Otras cinco personas, incluyendo un menor de edad, se encuentran recluidas en el centro de operaciones de la Seguridad del Estado, en Camagüey, conocido como Villa María Luisa, luego de tocar calderos, el pasado 25 de julio en la comunidad Oriente Rebelde, del municipio de Sibanicú.
Luis Alberto La O, Lisbany Aguilera LaO, Raudel Ramírez Vázquez, Yoelki Fonseca y su hermano menor Yordenkis Fonseca, fueron arrestados, un día después por agentes policiales que acudieron a la comunidad, e interrogaron y amenazaron a varias personas para identificar a los manifestantes, que fueron llevados inicialmente a la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en la capital provincial.
“No fueron solo ellos, eran muchos más, casi la comunidad completa, pero los cogen a ellos como cabecillas de la protesta, pero no tenemos información de qué pudieran estar siendo acusados”, indicó el activista Jiordan Marrero Huerta, citando a Rogelio Rodríguez, residente en el pequeño poblado de poco más de 1 250 habitantes, de acuerdo a las estadísticas oficiales.
“Es una comunidad que está aislada a diecisiete kilómetros del municipio cabecera, olvidada totalmente por las autoridades. Llevan años solicitando que le resuelvan el problema del agua potable, el acueducto”.
Actualmente permanecen bajo investigación penal pero sus familiares desconocen los cargos que enfrentan.
De acuerdo a Prisoners Defenders unas 15 personas se convirtieron en prisioneros políticos, en el mes de julio, por asistir a demostraciones vinculadas al descontento social por apagones y fallas de servicios básicos en el oriente cubano.
En el primer semestre del año, la represión se concentró principalmente en cuatro regiones en La Habana con 35 manifestantes encarcelados por protestas en Arroyo Naranjo, Playa y Guanabacoa.
En Ciego de Ávila, 16 manifestantes continúan tras las rejas, por manifestaciones en Morón y Miraflores; en Holguín hay 15 encarcelados por las protestas de Antilla y en Santiago de Cuba, diez manifestantes en prisión por cacerolazos y marchas en Altamira y Contramaestre.
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