En un nuevo paso para restringir los recursos financieros e institucionales del régimen cubano, la administración estadounidense anunció la inclusión de un grupo de altos funcionarios y diversas organizaciones estatales en su lista de sancionados.
El economista Germán González, desde Artemisa, valora sus repercusiones operativas y financieras porque “a pesar de que todas esas personas y entidades han desarrollado un sistema, desde siempre, para evadir las trabas que les ponga el gobierno de Estados Unidos, por el alcance que tiene el sistema bancario de Estados Unidos para cualquier operación en el mundo, una sanción estadounidense repercute”.
“Muchos de ellos tienen familiares en EEUU y tienen vínculos con entidades norteamericanas, desde universidades hasta grupos de influencia. No hay duda de que afectan seriamente”, puntualizó.
Las medidas impactan directamente a compañías del sector industrial y minero, al Ministerio de la Construcción (MICONS) y a la directiva del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
De acuerdo con las disposiciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los señalamientos individuales recaen sobre tres ejecutivos del ICAP: Fernando González Llort —quien encabeza el instituto y cumplió anteriormente una condena en cárceles estadounidenses por cargos vinculados a la Red Avispa—, Leima Martínez Freire y Noemí Ramona Rabaza Fernández.
La medida abarca además a subsedes operativas del organismo, entre las que destacan la Casa de la Amistad, la Casa Memorial Salvador Allende y el Campamento Internacional Julio Antonio Mella.
“Las recientes declaraciones del Secretario de Estado, Marco Rubio, sobre las sanciones a diez empresas cubanas y al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos nos dice que la justicia tarda, pero llega’, aplaudió el periodista independiente habanero Julio Aleaga Pesant.
“Este organismo, un organismo de inteligencia encargado de llevar la ingobernabilidad, el sabotaje, la violencia a América Latina y a otros países de otros continentes, que acabe de entrar en la lista de las sanciones, indica el firme compromiso de Washington para desmantelar las plataformas de injerencia del régimen cubano y cortar las vías de financiamiento que sostienen su aparato de influencia política en la región”, enfatizó.
Del mismo modo se ve afectada la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales S.A. (ACOREC S.A.), la entidad encargada de administrar el empleo de profesionales cubanos en firmas internacionales radicadas en la isla.
“No hay duda de que son fuertes, muy justas las sanciones a las entidades que facilitan la esclavitud del siglo XXI, es decir, aquellas empresas que cobran los emolumentos, los ingresos de los trabajadores cubanos en el exterior o contratados con empresas extranjeras desplegadas en Cuba y le pagan en la depauperada y disminuida moneda nacional a los trabajadores”, apuntó el economista.
A la par de las restricciones personales, el paquete punitivo penaliza a otras empresas estatales estratégicas para el comercio y la producción nacional. Entre ellas se encuentran la siderúrgica ACINOX Comercial, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal), la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, Metalcuba, Consumimport y Transimport y Coratur S.A., orientada al aprovisionamiento turístico.
A pesar del alcance de estas sanciones, su impacto directo sobre la vida cotidiana de la ciudadanía se prevé limitado. Aunque la inclusión de entidades como Transimport podría generar repercusiones en la logística y el transporte del país, González señala que dicha afectación difícilmente alterará la realidad del transporte público, un servicio que en la práctica ya se encuentra prácticamente colapsado e inexistente para la mayoría de los ciudadanos.
Al respecto coincide, Aleaga Pesant, pero agregó que, aunque “estas sanciones no impactan materialmente en la población, sí espiritualmente porque le muestran que hay una decisión, una visión clara de que la tiranía tiene que terminar y van a ir asfixiándola paso a paso”.
De acuerdo a González, en el panorama geopolítico de hoy, el margen de maniobra para los regímenes e instituciones sancionadas se ha reducido de manera drástica, eliminando cualquier garantía de impunidad internacional. A diferencia de épocas pasadas, cuando la Unión Soviética ofrecía un escudo logístico y financiero global, el actual involucramiento de Rusia en la guerra de Ucrania ha mermado significativamente su capacidad de apoyo exterior.
Esta falta de un aliado con peso operativo deja a las entidades castigadas prácticamente sin alternativas ni vías efectivas para esquivar las medidas de Washington o sustituir las operaciones que dependían del mercado y el sistema bancario estadounidense.
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