Cuba no se está preparando para el acelerado cambio demográfico que está reconfigurando la estructura social del país a un ritmo sin precedentes. La persistente baja natalidad, combinada con la constante migración de la población joven, ha situado a la isla ante una transformación de fondo que trasciende las meras estadísticas e impacta el entramado cultural y económico de la nación.
Las proyecciones de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de que Cuba tendrá un 36% de su población envejecida para el año 2040, viene a confirmar lo que han avizorado expertos desde años atrás.
En medio de la magnitud de este fenómeno, expertos consideran que la sociedad cubana carece de la preparación necesaria para asumir un escenario donde más de un tercio de sus habitantes supera los 60 años.
Entrevistada por Martí Noticias, la socióloga Elaine Acosta destacó la gravedad de este desajuste institucional.
“El problema no está en ese envejecimiento acelerado, el cual podría ser una buena noticia, sino lo poco preparada que está la sociedad cubana para enfrentar los desafíos que significa un cambio tan definitorio en la estructura poblacional de la sociedad”.
“Evidentemente, esto ya está generando un conjunto de cambios y transformaciones que no están siendo, sin embargo, atendidas adecuadamente por las políticas públicas”, apuntó.
Las proyecciones hacia las próximas décadas sugieren una reestructuración forzosa de la vida cotidiana en función de la atención a los adultos mayores. No obstante, en la práctica actual, la responsabilidad recae de forma desproporcionada sobre los núcleos familiares y, de manera particular, sobre las mujeres, en un entorno condicionado por la escasez de recursos.
“Si esa tendencia no se revierte, veremos comunidades enteras organizadas logísticamente alrededor de la atención a personas mayores con una sobrecarga inabordable. En medio de la crisis humanitaria que actualmente se vive, es muy probable que si no resolvemos adecuadamente las condiciones de precarización de la vida no nos permitan organizar o reorganizar los cuidados tal y como una sociedad envejecida lo amerita”, precisó Acosta.
A la par de esta sobrecarga familiar, la contracción de la cobertura estatal ha impulsado la privatización o mercantilización progresiva de los servicios de asistencia, lo que amenaza con profundizar las disparidades socioeconómicas dentro de este grupo poblacional.
“Lo que es probable que se produzca también es una brecha de ingresos y de clase cada vez mayor, también dentro de las personas mayores con acceso reducido al mercado de los servicios de cuidado y una gran mayoría dependiente de las familias o sobrecargadas... Esto también cambia las dinámicas de seguridad económica, porque en el escenario actual ya tenemos una crisis de sostenibilidad del sistema de pensiones”, indicó la experta.
La reconfiguración demográfica exige cambios estructurales en los espacios públicos, el transporte, el comercio y el sistema de salud, donde la demanda requiere virar progresivamente desde la atención pediátrica u obstétrica hacia la geriatría y la gerontología.
“El envejecimiento de una sociedad transforma los espacios urbanos, las instituciones, o sea, se requiere toda una transformación estructural que, lamentablemente, no se está produciendo. Las demandas, además, colectivas centradas en temas como seguridad alimentaria, pensiones e inclusión social deberían ponerse al centro”, señaló Acosta.
Más allá de responder a las urgencias inmediatas, el envejecimiento poblacional podría representar un vector de desarrollo mediante la denominada economía plateada y la promoción de la autonomía en la tercera edad, siempre que se planifiquen las inversiones e instituciones pertinentes.
“Si estuviéramos planificando los cambios que necesitamos dar a nivel de instituciones, programas, espacios urbanos... estaríamos considerando la gran oportunidad que también significa tener una población significativa de personas mayores de 60 años. Sin embargo, eso es, precisamente, lo que no se está produciendo en el caso cubano”, subrayó la experta.
Frente a este escenario, la formación de capital humano capacitado para defender los derechos de la población mayor, en los ámbitos jurídico, educativo y asistencial, se perfila como un requisito indispensable para garantizar la sostenibilidad y el bienestar social de la isla en el largo plazo.
Foro