Ningún estadounidense puede invertir a Cuba sin un permiso especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o una regulación especial que lo autorice para invertir en ese país, dijo a Martí Noticias el abogado Nick Gutiérrez en respuesta al reciente anuncio del régimen de La Habana de que permitiría a exiliados cubanos invertir en la isla.
Las regulaciones del embargo a Cuba establecen que “las personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos tienen prohibido realizar negocios o invertir en Cuba, a menos que cuenten con la autorización de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC)”, como detalla la página oficial de la OFAC en el acápite de las sanciones a la isla.
Gutiérrez, abogado experto en estas regulaciones y presidente de la Asociación de Hacendados de Cuba en el exilio, explicó por qué no confiaría absolutamente en llamado de Oscar Pérez Oliva-Fraga, viceprimer ministro, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera en Cuba y sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro, a que los exiliados abran negocios en la isla.
“Tendríamos que ver con cuáles garantías se ofrece ese permiso”, comentó. “Y hasta ahora no hemos visto ninguna aclaración del régimen sobre eso. Todavía tenemos bastante camino por recorrer. No estamos lidiando con las personas correctas desde Cuba”.
El presidente de la Asociación de Hacendados de Cuba recordó que la Ley Helms-Burton constituye lo que él definió “el canal oficial a través de cual debe transitar cualquier acercamiento con un nuevo gobierno cubano”.
“No puede haber un reconocimiento por parte de Estados Unidos de ese nuevo gobierno hasta que no cumpla lo que exige la Helms-Burton: convocar elecciones libres, liberar a todos los presos políticos, permitir las libertades de asociación, de todo tipo de derechos y tomar pasos significativos para restituir a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas”, apuntó Gutiérrez.
Por su parte, Elías Amor, economista cubano, alertó en Martí Noticias por qué no se debe invertir en la isla si no cambia el modelo económico y político en ese país.
“Es un modelo económico que se basa en el estado central, la ausencia de derechos de la propiedad, del mercado como instrumento de la asignación de recursos y en el artículo 30 de la Constitución de 2019, que prohíbe el enriquecimiento privado”, afirmó el también autor del blog Cubaeconomía.
Desde el punto de vista político, destacó, “es comprometido invertir en un país donde no hay democracia, libertad, no hay derechos humanos, las cárceles están llenas de presos políticos, no hay competencia partidista y no hay separación de poderes”.
Amor considera que la inversión de cubanos en el exterior en la isla “seguirá el mismo camino del resto de las inversiones de los extranjeros, que han sido un absoluto fracaso, porque están dirigidas por una ley, la de 2014, caracterizada por el desastre y el frenazo que le impone a cualquier inversionista en ese país".
“Basta citar dos de los requerimientos que impone esa ley: la Cartera de Oportunidades (dice que) el inversor extranjero no puede invertir en lo que él quiere, sino en lo que el gobierno le dice puede invertir, explicó Gutiérrez. “Y segundo, los estudios de factibilidad de los burócratas comunistas duran meses, de modo que cuando dan la oportunidad del negocio, esta oportunidad simplemente ya desaparece”.
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