Sumario
- La pareja fue citada de forma irregular bajo amenazas de detención por su labor informativa con el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
En el marco de la reciente escalada contra la prensa libre en Cuba, la periodista independiente Dunia Medina y su esposo, Alejandro Uranga, fueron sometidos a un interrogatorio de más de seis horas en la Unidad Policial de Aguilera, ubicada en el municipio habanero Diez de Octubre.
La pareja fue citada de forma irregular bajo amenazas de detención por su labor informativa con el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
Los hechos iniciaron en la tarde-noche del viernes, cuando un agente vestido de civil, sin portar documento oficial alguno ni cumplir con las normas regulatorias prescritas, les avisó sobre una comparecencia obligatoria para la mañana del sábado.
Ante la exigencia de una citación formal por escrito, el oficial respondió que de no presentarse, los idría a buscar "con una orden de detención para los dos", relató Uranga.
Ya en la unidad policial, ambos comunicadores fueron separados y sometidos a un esquema de presión psicológica dirigido por distintos oficiales y agentes de la Seguridad del Estado.
Las autoridades centraron sus cuestionamientos en identificar quiénes los invitaron a colaborar con el ICLEP, los canales digitales que emplean para enviar las noticias, los nombres y apellidos de sus contactos directos, la identidad del director del medio y los supuestos pagos recibidos por cada material periodístico.
“A Dunia la interrogan con bastante falta de normas para que dejara la acción, como ellos llaman, ‘mercenarista’, porque nosotros somos pagados por el supuesto enemigo que ellos exponen y estamos trabajando para el enemigo y difundiendo noticias que no corresponden, que si continúa en la situación, iba a ser procesada legalmente porque eso era una violación de lo que está establecido en la Constitución vigente”, refirió el comunicador.
“A mí por el estilo, pero siempre respetuoso, siempre con mucha prepotencia, con mucha arrogancia y con mucho ímpetu de que el temor exaltara en nuestro carácter pero nosotros en todo momento nos mantuvimos totalmente callados”.
Durante el aislamiento en las oficinas, Medina fue insultada por una oficial que la calificó de "vulgar mercenaria" en un intento deliberado de hacerla perder la cordura para fabricarle una causa por desacato.
Pasadas las dos de la tarde, agentes uniformados intentaron obligar a ambos a firmar un "acta de advertencia". Ante la negativa de la pareja de plasmar su rúbrica en el expediente, las autoridades optaron por liberarlos de forma fraccionada a primera hora de la tarde.
A pesar del despliegue intimidatorio y de las constantes amenazas de procesarlos penalmente por "violar la legalidad" y ejercer un periodismo independiente no admitido por el Estado, Medina y Alejandro mantuvieron una postura serena y de resistencia psicológica. "Nuestro criterio es que decidan lo que entiendan; nosotros vamos a seguir con nuestras notas periodísticas", puntualizó Uranga.
El episodio se suma a la larga lista de hostigamientos sistemáticos documentados contra los comunicadores independientes, reflejando el costo de ejercer el derecho ciudadano a la información.