El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó al menos 387 acciones represivas en Cuba durante octubre, entre ellas 30 detenciones arbitrarias y 357 abusos de otro tipo. La organización señaló que estos hechos precedieron a las recientes detenciones de periodistas independientes y activistas.
El informe, divulgado este viernes, registra 145 acciones de vigilancia y cerco de viviendas para restringir los movimientos de activistas, además de amenazas, hostigamientos, citaciones policiales y procesos penales. La Habana, Matanzas y Villa Clara fueron las provincias más afectadas.
“La situación represiva es gravísima”, declaró a Martí Noticias Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH. El representante de la organización señaló que las violaciones documentadas afectaron especialmente a las libertades de expresión, prensa y manifestación.
Cires vinculó lo ocurrido en octubre con los arrestos registrados en los primeros días de noviembre y sostuvo que el Gobierno responde con represión al descontento ciudadano.
“El régimen cubano es incapaz de resolver los problemas que están afectando a la población y lo que hace es acallar, reprimir para que la gente no proteste, no denuncie o no dé a conocer lo que está pasando”, afirmó.
Según el informe, las detenciones arbitrarias estuvieron dirigidas principalmente contra activistas, opositores, expresos políticos, periodistas independientes, líderes religiosos y ciudadanos que ejercieron su derecho a la protesta pacífica.
Entre los casos figuran los de los expresos políticos Alexander Díaz Rodríguez y Guillermo “Coco” Fariñas Hernández. También fueron detenidos Abdiel Cedeño Martínez y Dairon Yunior Labrada Linares, participantes en las protestas del 11 de julio de 2021, mientras cumplían con las obligaciones de presentación impuestas tras su excarcelación.
La organización destacó, además, el arresto del pastor evangélico Rolando Fidel Pérez Lora, conocido como “Pregonero de Cristo”, cuando se dirigía el 1 de octubre al tribunal para acompañar durante el juicio a la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente.
Ese día también se denunciaron cercos policiales y prohibiciones de salir de sus viviendas contra periodistas y opositores, entre ellos Camila Acosta, Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Berta Soler y Ángel Moya.
“El régimen aumenta la represión para que los activistas abandonen el país, para intimidar a la población y presionar a Estados Unidos y a la Unión Europea”, expresó Cires en el comunicado.
El OCDH recibió 73 denuncias de presos políticos, presos comunes y sus familiares. Asimismo, documentó al menos 63 abusos contra personas encarceladas por motivos políticos, entre ellos agresiones físicas, aislamiento, amenazas, falta de atención médica y restricciones a las comunicaciones.
El informe menciona el aislamiento prolongado del periodista Henry Constantín Ferreiro y las amenazas de muerte denunciadas por Denys Hernández Ramírez. También recoge huelgas de hambre en protesta por las condiciones de reclusión.
La falta de asistencia médica fue una denuncia recurrente, con casos como los de Saylí Navarro Álvarez, Félix Navarro Rodríguez, Jorge Bello Domínguez y Ana Ibis Tristá Padilla.
La organización registró al menos 35 personas imputadas en cuatro procesos con peticiones fiscales, relacionados con publicaciones críticas, actividades de integrantes de la masonería y protestas ciudadanas.
Entre esos procesos figura el de 18 participantes en las manifestaciones de marzo en Morón, para quienes la Fiscalía solicitó penas de hasta 13 años de prisión. En Bayamo, otros nueve ciudadanos enfrentan peticiones fiscales de hasta cinco años de prisión por participar en una protesta en mayo de 2025.
Cires reclamó el cese de la represión, la liberación de los presos políticos y el inicio de una transición pacífica.
“Nada de eso va a solucionar la grave crisis estructural ni las desconfianzas dentro de la propia élite. Cuba está abocada a vivir un proceso de transición política, económica y social”, sostuvo.
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