Sumario
- Ibrahim Domínguez Aguilar, encarcelado en Boniato por las protestas del 11J, lleva más de 12 días con un fuerte dolor pélvico sin diagnóstico claro, pese a haber sido atendido en el Hospital Provincial Saturnino Lora.
- Su madre, Mercedes Aguilar, denunció ante la Seguridad del Estado y las autoridades penitenciarias la falta de exámenes especializados y de ingreso hospitalario, mientras asegura que el recluso permanece bajo un régimen de mayor rigor sin beneficios carcelarios.
- El caso reaviva denuncias sobre el deterioro del sistema de salud en las cárceles cubanas, marcado por escasez de recursos, trabas burocráticas y negligencia institucional hacia los presos políticos y la población penal.
El preso político Ibrahim Domínguez Aguilar, recluido en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba, lleva más de doce días con un intenso dolor pélvico sin que los médicos del Hospital Provincial Saturnino Lora, donde lo atendieron, puedan determinar la causa.
“Mi hijo lleva días con un dolor fuerte. Tuve que ir a la Seguridad del Estado a pedirle que me sacaran a mi hijo para un hospital. Lo llevaron. Le hicieron análisis y todos dieron negativo, pero sigue el dolor ahí, que no se puede sentar, no se puede acostar”, indicó la madre Mercedes Aguilar.
A pesar de que el personal del Hospital Provincial lo atendió en primera instancia, la falta de recursos, el desinterés por la vida de los presos políticos y la parálisis burocrática impiden realizar los exámenes especializados necesarios para diagnosticar y aliviar su dolor persistente.
“Los médicos dijeron que le hicieran un seguimiento. No le han hecho nada. He pedido que lo ingresen para ver qué tiene mi hijo. Yo estoy desesperada pero no importa la vida de los presos políticos. Hace falta que lo atiendan, que lo pasen por el somatom. Los médicos que lo vieron, los especialistas, lo atendieron muy bien, pero no saben de qué es el dolor y el dolor sigue”.
Domínguez Aguilar fue sentenciado a 10 años de privación de libertad tras protestar en las masivas demostraciones del 11 de julio de 2021 en Contramaestre, Santiago de Cuba. El tribunal lo declaró culpable de los delitos de Desórdenes Públicos, Desacato, Atentado y Ultraje sexual. A pesar de haber cumplido más de la mitad de su condena, las autoridades no le han otorgado los beneficios carcelarios y continúa en un régimen de mayor rigor.
El reclamo de Aguilar no solo es un grito de auxilio por la salud de un hijo, sino también una denuncia directa a un régimen que deshumaniza y desprotege a quienes están encarcelados por motivos políticos.
El sistema de salud cubano enfrenta actualmente un severo deterioro, agravado en los centros de reclusión, donde la población penal, además del colapso sanitario tiene que lidiar con la indolencia de las autoridades penitenciarias.
El panorama se torna aún más crítico ante las acusaciones de negligencia institucional y desatención deliberada, que ya registran múltiples muertes bajo custodia del Estado.
Organizaciones independientes que monitorean el sistema penitenciario señalan que los reclusos enfrentan trabas burocráticas que les impiden el acceso a especialistas o el traslado a hospitales.
Aunque los discursos institucionales defienden la existencia de programas oficiales de cobertura médica primaria dentro de los centros penales, la realidad cotidiana de los reclusos se caracteriza por un desabastecimiento crónico.
Esta precariedad sanitaria se entrelaza de forma alarmante con las deplorables condiciones de vida en el entorno carcelario, donde la desnutrición severa y la insalubridad catalizan el desarrollo de epidemias.
Cubalex y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas han denunciado la práctica de otorgar licencias extrapenales a reclusos en estado terminal, un mecanismo de las autoridades para evadir su responsabilidad directa sobre los fallecimientos ocurridos a causa de la falta de auxilio médico oportuno.