El preso político cubano Aníbal Yaciel Palau Jacinto fue liberado en la noche del sábado, 11 de julio, tras cumplir una condena de cinco años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güines, provincia de Mayabeque.
Su madre, Layda Yirkis Jacinto Abad, confirmó que el recluso fue devuelto a su hogar luego de permanecer 24 horas en paradero desconocido. El traslado se ejecutó la noche del 10 de julio desde la prisión Melena II hacia el penal de Ganusa, un día antes de la fecha oficial de extinción de su condena.
Durante su estancia en Ganusa, Palau Jacinto, de 30 años se mantuvo en huelga de hambre en una celda de aislamiento, descalzo y en ropa interior, como protesta por su retención. Las autoridades de la Seguridad del Estado justificaron el traslado a la familia bajo el argumento de "protegerlo" de supuestos comentarios de otros internos dentro de Melena II.
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Excarcelan al preso político del 11J Aníbal Palau Jacinto tras 24 horas desaparecido
De acuerdo con las declaraciones de su madre, oficiales de la Seguridad del Estado alegaron inicialmente que la demora en la liberación se debía a una supuesta "causa pendiente" en el sistema informático. Dicho registro estaba vinculado a un altercado de noviembre de 2025, en el cual Palau Jacinto recibió una golpiza por parte del jefe de Orden Interior de Melena II, un oficial identificado como "Rudy".
La abogada defensora y la Fiscalía Militar habían dictaminado en febrero de 2026 que el caso penal por ese incidente estaba cerrado y sin cargos contra el manifestante del 11J. No obstante, las autoridades penitenciarias utilizaron el retraso en la actualización de los documentos judiciales en La Habana para prolongar su detención hasta la noche del sábado.
Aníbal Yaciel Palau Jacinto, quien tenía 25 años al momento de su arresto en 2021, fue procesado inicialmente bajo una petición fiscal de 13 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desórdenes públicos y robo con fuerza. Finalmente, la sanción quedó fijada en cinco años de cárcel.
Durante su internamiento en los penales de Quivicán y Melena II, el joven recurrió a múltiples protestas en respuesta al régimen carcelario. En 2023, permaneció descalzo varios días y renunció a su derecho a llamadas telefónicas cuando las autoridades intentaron condicionar el uso del teléfono a que depusiera su actitud.
En febrero de 2024, fue confinado de manera arbitraria en una celda de castigo. En llamadas telefónicas filtradas desde el penal, otros reclusos afirmaron que los guardias del centro penitenciario reconocieron que la medida no respondía a ninguna infracción disciplinaria.
El incidente más grave ocurrió el 5 de noviembre de 2025, cuando Palau Jacinto inició una huelga de hambre prolongada tras ser agredido físicamente por el oficial apodado "Rudy", luego de que el recluso reclamara la pérdida de sus alimentos durante una requisa. Como represalia, fue recluido en una celda de aislamiento tapiada y sin ventilación.
A lo largo de sus cinco años de condena, la salud de Palau Jacinto experimentó un deterioro progresivo debido a las huelgas de hambre y la falta de atención médica adecuada. El manifestante padece de gastritis, cefalea vascular migrañosa, trastornos circulatorios, pérdida de la visión y complicaciones renales crónicas.