Sumario
- “La dictadura de Ortega y Murillo en Nicaragua es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera, líder del partido político YATAMA, alineado con los pueblos indígenas”, afirmó Landau.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, responsabilizó este lunes al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, quien falleció bajo custodia estatal tras permanecer detenido desde 2023.
“La dictadura de Ortega y Murillo en Nicaragua es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera, líder del partido político YATAMA, alineado con los pueblos indígenas”, afirmó Landau.
El funcionario estadounidense sostuvo que Rivera murió “tras tres años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada” y expresó el respaldo de Washington a quienes, como él, “están comprometidos con una Nicaragua libre”.
Rivera, de 73 años, fue una de las figuras más influyentes de la Costa Caribe nicaragüense y fundador de la organización indígena YATAMA. Su muerte fue confirmada el domingo por el Ministerio de Salud de Nicaragua, pocos días después de que el gobierno reconociera oficialmente que permanecía detenido desde septiembre de 2023, luego de meses de reclamos de familiares, organismos internacionales y gobiernos extranjeros que exigían pruebas de vida.
Las autoridades nicaragüenses atribuyeron el fallecimiento a complicaciones derivadas de una bacteria asociada al COVID-19. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos internacionales cuestionaron esa versión y señalaron que Rivera permaneció durante largo tiempo incomunicado, sin acceso a familiares, abogados ni supervisión médica independiente.
La organización Amnistía Internacional reclamó una investigación independiente sobre las circunstancias de la muerte. Ana Piquer, directora para las Américas de la organización, afirmó que “Brooklyn Rivera no debería haber muerto bajo custodia del Estado nicaragüense” y señaló que su fallecimiento ocurrió tras un deterioro de salud mientras permanecía “detenido arbitrariamente”.
“Amnistía Internacional advirtió reiteradamente que estas circunstancias ponían en riesgo su integridad personal y su vida. Hoy, esas advertencias se han materializado en una muerte que el Estado debe explicar”, indicó Piquer.
La organización agregó que todas las muertes ocurridas bajo custodia estatal deben ser investigadas porque “pueden constituir homicidios ilícitos” y pidió a los gobiernos de la región y a los mecanismos internacionales de protección exigir una investigación “pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente”.