Sumario
- EEUU emitió la Orden Ejecutiva 14404, ampliando sanciones contra Cuba y extendiendo su alcance a actores extranjeros que operen en sectores clave como energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad.
- GAESA, conglomerado militar del régimen cubano, fue designado como objetivo prioritario; empresas extranjeras tienen hasta el 5 de junio de 2026 para cerrar operaciones con esta entidad.
El gobierno de Estados Unidos amplió su marco de sanciones contra Cuba con una nueva orden ejecutiva que no solo apunta a responsables de la represión, sino que abre la puerta a castigar a actores extranjeros que hagan negocios con sectores clave de la economía cubana.
La medida, contenida en la Orden Ejecutiva 14404, establece un nuevo programa de sanciones que se suma, sin sustituir, a las regulaciones ya existentes sobre la isla, según documentos del Departamento del Tesoro publicados este jueves.
Entre los sectores señalados se encuentran energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad, lo que expone a empresas y entidades internacionales a posibles sanciones si operan o han operado en esas áreas .
GAESA en la mira
Uno de los puntos más relevantes es la designación del conglomerado militar GAESA, una de las principales estructuras económicas del régimen cubano.
De acuerdo con el Tesoro, las personas o entidades extranjeras que mantengan transacciones con GAESA enfrentan un riesgo significativo de sanciones, aunque se ha concedido un período limitado hasta el 5 de junio de 2026 para cerrar operaciones en curso .
Este margen sugiere que Washington busca presionar sin generar un impacto inmediato desordenado en el sistema financiero internacional.
Como parte de las nuevas sanciones, EEUU incluyó a la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera en su lista de personas desginadas especialmente SDNs (Specially Designated Nationals). Lastres Morera es la actual jefa de GAESA. En Martí Noticias revelamos que su hija, Any Rodríguez Lastres, reside en Panamá mientras que su hermana Adys Lastres Morera, reside en Florida desde hace dos años donde abrió varias compañías dedicadas a la inversión inmobiliaria.
Sanciones más allá de Cuba
La orden ejecutiva introduce un cambio clave: las sanciones ya no se limitan a ciudadanos o entidades cubanas. Ahora, Estados Unidos puede sancionar a empresas extranjeras, bancos internacionales y actores financieros que faciliten operaciones con personas o entidades vinculadas al régimen cubano.
Este enfoque amplía el alcance de la presión estadounidense y convierte la relación con Cuba en un riesgo global para terceros países.
El documento también establece que podrán ser sancionadas personas involucradas en violaciones graves de derechos humanos, actos de corrupción, apoyo directo al gobierno cubano, o actividades que Washington considere una amenaza para su seguridad nacional.
Licencia para evitar colapso total
En paralelo, el Tesoro emitió una Licencia General No. 1, que garantiza que las transacciones ya permitidas bajo las regulaciones existentes —como ciertas remesas o actividades autorizadas, no se vean interrumpidas.
La medida confirma que la estrategia de EEUU no busca un bloqueo absoluto, sino una presión selectiva sobre el poder económico y político del régimen.
Aunque no todas las personas o empresas que operan en los sectores señalados serán sancionadas automáticamente, el gobierno dejó claro que todas quedan expuestas a riesgo, dependiendo de futuras determinaciones.
El pasado viernes, 1 de mayo, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amplió el alcance de las sanciones contra el régimen de La Habana, al autorizar el bloqueo de bienes y la prohibición de transacciones con personas y entidades vinculadas a sectores clave de la economía de la isla.
La Orden incluyó nuevas restricciones en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, sancionando a las entidades, personas o afiliados que apoyen el aparato de seguridad del régimen cubano, sean cómplices de corrupción gubernamental o violaciones graves de los derechos humanos, o sean agentes, funcionarios o colaboradores de La Habana.