Legisladores y activistas celebraron la ampliación de sanciones anunciada por el presidente Donald Trump contra el régimen cubano, una medida que endurece la presión económica y política sobre la isla.
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar defendió la decisión como un giro necesario en la política hacia la isla. “Se acabó la época de mirar hacia otro lado”, afirmó.
"Durante décadas, el régimen se ha aliado con los enemigos de Estados Unidos, extendiendo la alfombra roja a actores hostiles y fortaleciendo sus lazos con regímenes como el de Irán. Esto no es una mera especulación. Es una realidad de seguridad nacional a tan solo 145 kilómetros de nuestras costas", apuntó.
Salazar defendió "la estrategia de máxima presión del presidente Trump" y le agradeció "por tomar medidas para proteger nuestra seguridad nacional y por apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad".
El congresista Carlos Giménez advirtió por su parte que La Habana enfrentará mayores consecuencias si no cambia su conducta. “El régimen debe entender que si sigue operando de mala voluntad, vendrán consecuencias mucho más severas”, escribió.
El senador Rick Scott también respaldó las medidas y las vinculó a gestiones previas desde el Congreso. “Este es un gran paso para lograr que se rindan cuentas por las atrocidades cometidas por este régimen malvado y para proteger al pueblo estadounidense”, dijo.
La opositora Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) valoró la decisión como un avance contra la impunidad y agradeció al presidente y al secretario de Estado Marco Rubio “por sancionar a los responsables de la represión en Cuba”.
"Los matones, los jefes de GAESA que lucran con la miseria de nuestro pueblo, y la familia que esconden su fortuna robada han perdido su impunidad. La libertad de Cuba se acerca”, dijo.
La orden ejecutiva firmada por Trump amplía el alcance de las sanciones al autorizar el bloqueo de bienes y prohibir transacciones con personas y entidades vinculadas a sectores estratégicos de la economía cubana, así como con quienes respalden el aparato de seguridad del gobierno o participen en corrupción y violaciones de derechos humanos.
La medida también abre la puerta a sanciones contra actores extranjeros que operen en áreas como energía, defensa o servicios financieros en la isla, o que faciliten apoyo material al gobierno cubano.
Horas después del anuncio, Trump comentó durante un discurso en Florida que Estados Unidos podría “tomar el control” de Cuba “casi de inmediato”.
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