Sumario
- Los “represores de exportación” se encargan de socavar las democracias, endurecer a los aliados y proyectar el modelo y los intereses castristas más allá de Cuba.
- Un informe del Departamento de Estado sostiene que la inteligencia cubana integra espionaje, propaganda e influencia política mediante redes diplomáticas, periodísticas y de cooperación para promover intereses del régimen en la región.
- Oficiales y diplomáticos cubanos han sido señalados por presunta injerencia en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Chile y Argentina, donde habrían asesorado aparatos represivos, impulsado redes de influencia política y participado en acciones de desestabilización durante crisis y protestas sociales.
El reciente informe del Departamento de Estado “Cuba, capital del comunismo en el siglo XXI” señala que la Dirección de Inteligencia de Cuba (DI) trata el espionaje, la propaganda y las operaciones generales de influencia ideológica o política como parte de un proyecto integrado, utilizando la misma red e infraestructura para reclutar activos a los que ordena espiar en su nombre, y a quienes utiliza para promover sus intereses en términos más generales.
La base de datos pública del proyecto Represores Cubanos, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, incluye la categoría “Represores de Exportación”, que agrupa a asesores militares y oficiales de inteligencia que, más allá de la represión interna, han participado en la transferencia de métodos de espionaje, represión, control, vigilancia, proselitismo y desestabilización hacia Estados Unidos y países de América Latina.
Estos actores —muchos de ellos vinculados a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX)— operan frecuentemente bajo cobertura diplomática, periodística o de “cooperación”. Su labor se divide en tres ejes principales documentados por informes de organismos internacionales, testimonios de desertores y denuncias oficiales: el espionaje e influencia en los Estados Unidos; la asesoría directa a aparatos represivos a favor de aliados ideológicos (Venezuela, Bolivia en periodos del MAS y Nicaragua) y la promoción de la agenda cubana mediante redes de influencia y actividades de desestabilización en países con mayor espacio democrático (Chile, Colombia, Argentina y Bolivia).
Agentes con fachada diplomática expulsados de EEUU por espionaje
El primer departamento de la Dirección de Inteligencia (DI) cubana, M-I (Eme Uno) se concentra en Estados Unidos. Desde 1962, Washington ha expulsado a más de 60 diplomáticos cubanos—acreditados en la entonces Sección de Intereses de Cuba en la capital estadounidense o en la Misión cubana ante la ONU en Nueva York— por “actividades incompatibles con su estatus diplomático”, un eufemismo que en la práctica comprende espionaje, reclutamiento de agentes, operaciones de influencia y recolección de información sensible.
Ponce Caraballo es un coronel de la DI que ha operado bajo cobertura diplomática y periodística. Nacido en 1950, ingresó a la inteligencia a principios de los años 70. Su primera misión exterior fue en Angola (1976-1981) con un perfil de corresponsal de la agencia Prensa Latina. Luego fue Primer secretario y portavoz en la Sección de Intereses de Cuba en Washington. En agosto de 1996, Estados Unidos revocó su visado y ordenó su salida en una semana. La medida se presentó como respuesta a la expulsión de Cuba de la diplomática estadounidense Robin Meyer. De regreso en Cuba, dirigió el Centro de Prensa Internacional del MINREX (1996-2007), estructura frecuentemente descrita como fachada profunda de inteligencia. Ponce Caraballo sería luego reciclado en el departamento M-II de la DI y eventualmente nombrado embajador en Colombia.
Eduardo Martínez Borbonet, Roberto Azanza Páez y Gonzalo Fernández Garay
Expulsados en 1998, tras el destape de la Red Avispa.
José Joaquín Imperatori García
En febrero de 2000, el FBI arrestó a Mariano Faget Jr., supervisor del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) en Miami, acusado de espionaje a favor de Cuba (operación “False Blue”). Se le vinculó con contactos no autorizados con diplomáticos cubanos y con la transmisión de información clasificada.
Ese mismo mes, el vicecónsul de la Sección de Intereses de Cuba en Washington José Joaquín Imperatori García fue detenido y expulsado forzosamente. El Departamento de Estado emitió la orden de expulsión el 19 de febrero tras acusar a Imperatori de ser el contacto del gobierno cubano con Faget.
En un acto sin precedentes de desafío diplomático, Cuba respondió que Imperatori no se marcharía y que estaba dispuesto a testificar que tanto él como el funcionario del INS, Mariano Faget, habían sido falsamente acusados.
Imperatori fue expulsado por la fuerza de Estados Unidos el 26 de febrero tras negarse a cumplir con el plazo de las 13:30 para abandonar el país.
La acusación contra Faget precisaba que este había tenido reuniones con agentes/diplomáticos cubanos (incluyendo a José Imperatori y a su predecesor Luis Molina) y que no las reportó adecuadamente. El FBI había grabado una reunión entre Faget e Imperatori en el hotel Airport Hilton de Miami. Se acusó asimismo al funcionario del INS de comunicar secretos de defensa nacional y convertir información clasificada para su propio uso.
Gustavo Ricardo Machín Gómez, un coronel de la DI, era primer secretario de la Sección de Intereses de Cuba en Washington cuando el Departamento de Estado de EE.UU. lo declaró persona non grata el 1 de noviembre de 2002, junto con otro primer secretario, Oscar Redondo Toledo.
La expulsión de estos, y de dos enviados a la Misión de Cuba en la ONU, se presentó como respuesta a “actividades inaceptables” y se vinculó al caso de Ana Belén Montes, la analista de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) que espió para Cuba durante años y fue detenida en septiembre de 2001 y condenada en 2002 a 25 años de prisión.
Antes, el 14 de abril de 2000, Machín Gómez participó en una golpiza contra activistas del Comité de Acción Política US-Cuba Democracy que participaban en una vigilia pacífica, frente a la Oficina de Intereses de Cuba, contra la devolución a la isla del niño balsero Elián González.
De regreso en Cuba, el exprimer secretario fue nombrado Embajador en Pakistán (2006-2010). En diferentes momentos, desempeñó cargos en la Dirección de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Dirigía el Centro de Prensa Internacional del MINREX durante una conferencia de prensa en 2012 en la que el político sueco Aaron Modig se vio forzado a afirmar que la muerte del líder opositor cubano Oswaldo Payá, y su compañero en el Proyecto Varela, Harold Cepero, había ocurrido en un accidente automovilístico. Angel Carromero, conductor del auto donde viajaban Payá y Cepero, confirmó luego al Washington Post que fueron embestidos por un auto de la Seguridad del Estado que los venía siguiendo. En 2017, Machín se estrenó como Embajador de Cuba en España, cargo que desempeñó hasta 2021.
Los 14 de 2003
En mayo de 2003, un mes después de las condenas de 75 opositores, activistas y periodistas indepedientes en Cuba, se ordenó la salida de EE.UU. de 14 diplomáticos cubanos, siete de la Sección de Intereses y siete de la Misión ante la ONU en Nueva York, por “un historial extendido de espionaje por parte del régimen cubano contra objetivos estadounidenses”.
Entre los identificados de la Sección de Intereses figuraban Cosme Torres Espinosa (primer secretario); Fernando Miguel García Bielsa (primer secretario); José Anselmo López Perera (primer secretario); Juan Hernández Acen (segundo secretario); Raúl Rodríguez Averhoff (segundo secretario); y Juan Ernesto Autié González (tercer secretario).
Socorro García, uno de los expulsados en 2003, fue el único diplomático cubano declarado Persona Non Grata por asociarse con elementos criminales vinculados al narcotráfico. Posteriormente fue Cónsul de Cuba en Cancún y ministro consejero en Guatemala, así como jefe del centro de la DI en ambas legaciones. Socorro García es el padre de Ahymed Socorro Rodríguez, una abogada detenida en 2026 por ICE, la policía de inmigración estadounidense, por haber ocultado su pasado como militante de la UJC y profesora del Instituto Superior del Ministerio del Interior “Eliseo Reyes Rodríguez”.
Otros casos fueron los de Frank Silva Hernández y Joel Lago Oliva, en 2017, y los de Jorge Peña Argilagos, teniente coronel de la DI, y Rolando Vergara Zito, en 2019.
Asesoría a la represión: el modelo cubano en Venezuela, Nicaragua y la Bolivia de Evo
En Venezuela, la presencia cubana en inteligencia y contrainteligencia es una de las más documentadas. Desde los acuerdos de cooperación de los años 2000 y, especialmente, de los acuerdos militares secretos de 2007, asesores del Ministerio del Interior (MININT) participaron en la reestructuración del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar).
Informes de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, de la OEA y testimonios de exoficiales venezolanos (como el general Manuel Cristopher Figuera) describen una “estructura paralela” en la que oficiales cubanos intervienen en el diseño de vigilancia interna, interrogatorios, torturas, infiltración y control de la oposición y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
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Rubio reitera que Cuba amenaza la seguridad de EEUU: "es una superpotencia" en espionajeEl resultado de la intervención cubana fue un sistema orientado a la protección del régimen en lugar de la seguridad ciudadana, con patrones de, detenciones arbitrarias, tortura y persecución política y asesinatos disfrazados de accidentes que replican el manual cubano.
Oficiales cubanos también coordinaron. asesoraron y participaron en la represión de las masivas protestas de 2014, 2017 y 2019 en el país suramericano, en las que se usaron sicarios de los grupos paramilitares llamados “colectivos” y francotiradores de la Guardia Nacional para eliminar a líderes o sembrar el terror ultimando a simples participantes.
En Bolivia, durante los gobiernos de Evo Morales y periodos posteriores del MAS, se han documentado denuncias de reestructuración de agencias de inteligencia y construcción de sistemas de vigilancia centrados en la oposición, con participación de asesores cubanos. Exfuncionarios y analistas han señalado la presencia de agentes incrustados en estructuras estatales y fuga de información sensible.
En Nicaragua, la DI tiene un historial de apoyo a los sandinistas que se remonta a los años 60-70; en la etapa contemporánea del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la cooperación cubana en seguridad y control social forma parte de la denominada “troika de la tiranía”, con transferencia de métodos de vigilancia, hostigamiento y “neutralización” de la oposición, incluido el uso de francotiradores.
Raúl Quintas Montoro (Venezuela)
Raúl Quintas Montoro era Jefe del grupo de Contrainteligencia Militar (CIM) del Grupo de Coordinación y Enlace Cubano (GRUCE), entidad que coordinaba a discreción las actividades de los miles de oficiales de las FAR y el MININT enviados a Venezuela tras los acuerdos militares secretos de 2007. Quintas Montoro es hijo del general de Cuerpo de Ejército cubano Joaquín de las Mercedes Quintas Solá. Se graduó en Contrainteligencia Militar en la Escuela Superior del MININT “Comandante Arides Estévez”. Había sido jefe de la contrainteligencia de la región militar de Ciudad de La Habana; y segundo Jefe de la CIM del Ejercito Occidental.
Alejandro Ronda Marrero (Venezuela)
Conocido como el “General de los Pinchos Duros”, Alejandro Ronda Marrero es un alto oficial del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) y formaba parte de la dirección del Grupo de Coordinación y Enlace de los militares cubanos en Venezuela (GRUCE). Con una trayectoria marcada por operaciones encubiertas y una reputación de “duro”, Ronda ha operado durante décadas en las sombras de la inteligencia castrista, combinando experiencia militar en África con misiones de subversión en América Latina. Mantenía una presencia activa en la Sala de Situación del Palacio de Miraflores y en el Fuerte Tiuna, desde donde coordinaba, asesoraba y dirigía operaciones de inteligencia y contrainteligencia en estrecho vínculo con las fuerzas represivas venezolanas.
Muy cercano al ya fallecido Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, en Cuba se le identificó con el programa de guerra cibernética, encargado de monitorear disidentes y funcionarios con acceso a internet. En Venezuela habría ayudado a crear el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) sistema de control y vigilancia del chavismo.
Múltiples reportes de exfuncionarios venezolanos, investigaciones periodísticas y análisis de organizaciones (ABC de España, Havana Times, Demo Amlat, informes de la ONU y OEA) coinciden en que el CESPPA fue diseñado e implementado bajo fuerte influencia y asesoría de la inteligencia cubana. Se le describe como una estructura creada “a imagen y semejanza” del aparato de seguridad castrista, con presencia de oficiales cubanos en su funcionamiento, especialmente en el área de escuchas electrónicas, ciberinteligencia y centralización de datos. La información recopilada fluía hacia La Habana.
Desestabilización y promoción de la agenda castrista en Chile, Colombia, Bolivia y Argentina
Como señala el informe del Departamento de Estado, la inteligencia cubana trabaja tanto para recopilar información como para llevar a cabo actividades de influencia. Suele captar y usar a su favor a personas que no tienen acceso secreto, pero cuyas tendencias políticas o posición pública pueden apoyar los intereses de La Habana.
En países con instituciones democráticas robustas, la labor de los represores de exportación castristas se orienta hacia la influencia política, el apoyo a movimientos afines, la recolección de inteligencia y ─según denuncias de gobiernos, servicios de inteligencia locales y desertores─ la generación o amplificación de conflictos internos para desestabilizar a la democracia, una táctica que busca un movimiento pendular del electorado hacia el lado izquierdo del espectro político.
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La larga sombra de La Habana: reporte expone décadas de espionaje y subversión de Cuba en EEUUEn Chile, el estallido social de 2019 generó acusaciones de presencia de agentes cubanos y redes de influencia; exoficiales de la DI como Enrique García han afirmado que la infiltración en sindicatos, movimientos sociales, academia y prensa es una política de Estado de larga data.
En Colombia, la embajada cubana ha sido señalada históricamente como centro de operaciones de inteligencia, con vínculos a grupos armados ilegales como el M-19, las FARC y el ELN. En Argentina se han reportado denuncias de infiltrados en protestas y redes de influencia. En Bolivia, más allá de la asesoría en periodos de gobierno afín, se ha acusado a operadores cubanos de fomentar confrontación en momentos de crisis política.
La cobertura diplomática resulta clave: embajadas, consulados y misiones permiten inmunidad, redes de contactos y acceso a información privilegiada.
Oficiales de la DI con cobertura diplomática en América Latina
Carlos Rafael Zamora Rodríguez, alias “El Gallo” (Bolivia y Perú)
Carlos Rafael Zamora Rodríguez, alias “El Gallo”, es un oficial de larga trayectoria en la Dirección de Inteligencia. Según testimonios de excompañeros (incluido el desertor Enrique García), ingresó a la inteligencia cubana en 1968, trabajó en análisis contra Estados Unidos y Canadá, y ocupó puestos en el centro de la inteligencia en la misión en Nueva York. Posteriormente fue embajador en Ecuador, Panamá, Brasil, El Salvador, Bolivia (2019, durante el gobierno de Evo Morales) y Perú (desde finales de 2021). Tanto él como su esposa, Maura Juampere Pérez, son descritos como coroneles de la DI.
En Bolivia en 2019, el gobierno interino de Jeanine Áñez y su ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, acusaron a la embajada cubana (y específicamente a Zamora) de organizar, financiar y azuzar protestas violentas a favor de mantener a Evo Morales en el poder; dirigir o apoyar “grupos de choque” para generar confrontación y atemorizar a la población; y usar la fachada de misiones médicas cubanas para infiltrar agentes de inteligencia (Lizárraga afirmó que un centenar de “médicos” no eran tales, sino personal preparado para generar problemas).
Cuatro cubanos fueron detenidos y acusados de incitar manifestaciones violentas y de aportar dinero destinado a ese fin; luego fueron liberados y deportados tras presión diplomática. Lizárraga nombró explícitamente a “El Gallo” Zamora como responsable de armar grupos de choque junto a su esposa.
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Experto en seguridad afirma que Nicaragua es “un eslabón esencial” del circuito ilícito ligado a CubaEn Perú, en agosto de 2025, la Unión Naval del Perú (oficiales retirados de la Marina) pidió públicamente su expulsión y la de su esposa, argumentando que representaban un “riesgo a la seguridad nacional” y que actuaban como operadores de inteligencia para expandir ideología y realizar acciones de proselitismo o desestabilización. Congresistas de derecha respaldaron estas denuncias, acusándolo de injerencia en asuntos internos, reuniones polémicas con funcionarios peruanos y, según informes posteriores, posible vínculo con protestas violentas.,
El 28 de octubre de 2025, el vicecanciller Félix Denegri Boza convocó al embajador cubano para dialogar sobre las actividades de su gestión. Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (publicado el 7 de noviembre), a partir de lo tratado en esa reunión, Zamora “terminó sus funciones en el Perú y dejó el país en forma definitiva”. Su carrera ejemplifica el uso de la embajada como plataforma de operaciones de inteligencia y proyección de intereses del régimen.
José Luis Ponce Caraballo (Colombia)
Desde 2015 Ponce Caraballo fue embajador de Cuba en Colombia. Durante su gestión, la embajada en Bogotá fue caracterizada por analistas y medios como centro de espionaje regional. Se le vinculó a gestiones relacionadas con negociadores de grupos armados (FARC y ELN), comunicados sobre supuestos planes de ataque y redes de contactos políticos. Al igual que Zamora, combina la experiencia operativa de la DI con la inmunidad y el acceso que otorga el estatus diplomático.
Un reportaje de la revista “Semana” publicado en enero de 2021, “Cuba: el dosier secreto”, citaba un informe reservado de inteligencia donde se advertía sobre una estrategia de injerencia del Gobierno cubano en asuntos internos de Colombia. El documento afirmaba que algunos diplomáticos cubanos, entre ellos el embajador Ponce Caraballo, habrían desarrollado actividades orientadas a fortalecer redes de influencia política y social con miras al contexto electoral de 2022 en las que resultó ganador el exguerrillero del M-19 Gustavo Petro.
Según el reportaje, un documento oficial titulado “Estrategia de injerencia cubana en asuntos de independencia y soberanía de Colombia” llegó a la Casa de Nariño. En él se alertaba de que Cuba estaría ejecutando un plan de interferencia en Colombia mediante orientación de diplomáticos cubanos a organizaciones sociales solidarias, Infiltración de programas de cooperación con autoridades locales y financiación a través del ELN.
El artículo señalaba que las autoridades colombianas habían identificado que esas redes tenían "interés, simpatía y relación cercana con un aspirante a la Presidencia", aunque no se identificaba expresamente al candidato por su nombre. También indicaba que las investigaciones buscaban establecer si el embajador y otros funcionarios conocían o participaban en esas presuntas actividades.
Omar Rafael García Lazo (Colombia)
En el mencionado “dossier secreto” de la inteligencia colombiana sobre la injerencia cubana se mencionaba como parte de la estrategia cubana el impulso a la protesta social para desestabilizar al gobierno del Centro Democrático y generar caos de cara a las elecciones de 2022, en las que saldría ganador el exguerrillero del M-19 Gustavo Petro.
Un paro nacional comenzó en ese país el 28 de abril de 2021 como rechazo a la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque y se prolongó durante meses. Aunque incluyó marchas pacíficas masivas, también se caracterizó por graves actos de violencia y vandalismo, especialmente en Cali y Bogotá.
Según reportes de El Tiempo, Semana y balances oficiales, en Bogotá más de 125 de las 139 estaciones de TransMilenio fueron vandalizadas y cientos de buses resultaron dañados o incinerados. En Cali, el sistema de transporte público MIO sufrió destrozos masivos, con más del 90 % de las estaciones afectadas y decenas de buses quemados. A nivel nacional se registraron ataques a comandos policiales, peajes y comercios, además de saqueos y bloqueos prolongados. El saldo humano incluyó entre 50 y 80 muertes y cientos de heridos, en un contexto en el que grupos infiltrados y jóvenes de la llamada “primera línea” radicalizaron parte de las protestas.
En mayo de ese año, el gobierno del presidente Duque declaró Persona Non Grata y expulsó a Omar Rafael García Lazo (fallecido en julio de 2024), quien se desempeñaba como Primer secretario de la Embajada de Cuba en Bogotá. La Cancillería colombiana informó que el diplomático había incurrido en "actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", aunque no reveló públicamente los hechos específicos.
Posteriormente, investigaciones periodísticas establecieron que García Lazo desarrollaba actividades orientadas a establecer contactos con movimientos juveniles, participar en foros universitarios, fortalecer vínculos con organizaciones sociales y promover acciones que, según dichas fuentes, buscaban influir en el escenario político y social del país.
Durante su permanencia en Colombia, García Lazo mantuvo una activa relación con diversas organizaciones pro-régimen cubano. Su participación en encuentros organizados por el Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba (MCSC), sindicatos, universidades y organizaciones populares fue ampliamente documentada. Tras su expulsión, el MCSC emitió un comunicado en el que calificó la decisión del gobierno colombiano como infundada y defendió al diplomático como un funcionario que desempeñó sus labores con transparencia, rectitud y rigor diplomático.
Más de un año después, en noviembre de 2022, el expresidente Duque, durante una entrevista concedida al programa A Fondo, del canal de Miami América TeVé fue consultado por el periodista Juan Manuel Cao sobre si García Lazo había sido expulsado por realizar actividades de espionaje. Duque lo corroboró y aseguró que el funcionario cubano desarrollaba labores de inteligencia incompatibles con su condición diplomática
Después que un informe de inteligencia colombiano reseñado por la revista Semana revelara que Ponce Caraballo era un viejo oficial de la DGI cubana, y Martí Noticias “quemara” al entonces jefe del centro de la inteligencia en la sede castrista, Joel Marrero Enríquez, La Habana renovó ambos cargos muy temprano en el año en que se dedicaría a promover la elección del exguerrillero del M-19 Gustavo Petro como presidente. A Ponce lo sustituyó en enero del 2022 el diplomático Javier Caamaño Cairo, y a Marrero lo reemplazó en febrero el coronel de la DI Raúl Montes García, bajo cobertura de ministro consejero.
Según informaron desertores de la inteligencia castrista a nuestro colega Luis Domínguez, Montes García es probablemente el oficial de la DI con más experiencia en asuntos latinoamericanos. Comenzó en la inteligencia en 1982 en el Departamento M-II (Eme Dos), que se ocupa de América Latina. Entre abril de 1996 y julio de 1999 aparecía con cobertura de segundo secretario de la Misión de Cuba en Nueva York. Luego estuvo en República Dominicana como Encargado de Negocios del 2011 al 2016.
En 2009, recibió la medalla de la Seguridad del Estado Antonio Briones Montoto de Primera Clase. La distinción recuerda a un militar cubano que pereció durante una infiltración en Venezuela de la que escapó milagrosamente ileso el luego fusilado general Arnaldo Ochoa. Según la nota publicada en la Gaceta de Cuba se le otorgó la medalla al entonces Teniente Coronel Raúl Montes García “en reconocimiento a su participación directa y decisiva en exitosas misiones operativas que le fueran asignadas”. En 2014 recibió otra medalla similar, la Olo Pantoja, también de Primera Clase. Estas distinciones las han recibido también los tenientes coroneles de la DI Juan Loforte Osorio y Joel Marrero Enríquez, quienes se desempeñaron también en Colombia.
Durante las protestas de finales de 2019 en Chile, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró que en el inicio del estallido social existió un propósito de inducir al desorden por parte de agentes extranjeros. Las protestas dejaron una treintena de fallecidos y 460 personas con lesiones oculares.
Para entonces el jefe de centro de la DI en la Embajada de Cuba en Chile era Warnel Lores Mora, con cobertura diplomática como ministro consejero o Cónsul según fuentes oficiales cubanas o chilenas. Llegó a Chile el 16 de abril de 2018, un mes después de que asumiera su segundo mandato el Presidente de centro derecha Sebastián Piñera.
Según refirió al sitio Cuba al Descubierto el oficial desertor de la DI Enrique García, Lores Mora se encontraba en Chile para “influir en los acontecimientos, desestabilizar la democracia chilena e imponer los intereses geopolíticos de Cuba en el país y región”,
Entre sus labores públicas Lores Mora se encargaba de seleccionar y llevar a Cuba a jóvenes comunistas y líderes indígenas y sindicales para cursos de adoctrinamiento.
Como parte de su labor clandestina dirigía la red secreta de agentes de Cuba en Chile, y se encargaba de las operaciones de desestabilización del gobierno chileno, como las acciones organizadas violentas y de agitación lanzadas en medio de las protestas populares contra el gobierno de Piñera a fines de 2019.
La violencia y el vandalismo alcanzaron entonces niveles inéditos desde el retorno a la democracia. Lo que comenzó como una protesta estudiantil por el alza de 30 pesos en la tarifa del Metro de Santiago se transformó en cuestión de horas en una oleada de destrucción.
De las 136 estaciones del Metro de Santiago, alrededor de 25 fueron incendiadas total o parcialmente y siete quedaron completamente destruidas. Paralelamente, el comercio padeció una oleada de incendios y saqueos a nivel nacional, incluyendo supermercados, centros comerciales y locales de ventas al detalle.. Cadenas como Walmart denunciaron más de 1.200 saqueos e incendios, 17 de sus locales ellos fueron pérdida total.
Los ataques se extendieron a los buses del sistema de transporte público, comisarías de Carabineros, cuarteles policiales, iglesias, universidades, edificios gubernamentales y sedes de partidos políticos.
Sergio Alejandro Odriozola Diez (Argentina)
El Teniente Coronel Sergio Alejandro Odriozola Diez fue acreditado en Buenos Aires como ministro consejero el 27 de febrero de 2022. Su asignación en Argentina lo vincula con el Departamento M-II de la DI (América Latina y el Caribe). Antes estuvo en el Departamento M-XXV (Europa) y fue Jefe de Centro de la inteligencia cubana en Madrid desde el 31 de agosto de 2006 hasta al menos 2010, ocupando en la Embajada el cargo diplomático de consejero político.
En Argentina, ha sido jefe del Centro de Inteligencia en la legación de Cuba. Como tal, Odriozola Diez es jefe del espionaje cubano en ese país y presunto responsable de actos de desestabilización contra el gobierno electo en noviembre de 2023 de Javier Milei.
En diciembre de 2023, el columnista del diario La Nación Joaquín Morales Solá reveló en un artículo que información reservada en poder de la administración de Milei aseguraba que estaban en el país agitadores cubanos y venezolanos dispuestos a ayudar al vandalismo de los revoltosos locales, proyectando reproducir el largo estallido social de 2019 en Chile contra el Gobierno de Sebastián Piñera.
La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó luego en una entrevista televisada con La Nación que estaban trabajando para identificar y desarticular a grupos de agitadores cubanos y venezolanos que se encontraban en Argentina para promover el vandalismo. Estos grupos "piqueteros" convocaron manifestaciones contra Milei; esperaban que al menos 50.000 personas, nucleadas en 80 organizaciones, marcharan el 20 de diciembre desde el Congreso argentino hasta la Plaza de Mayo. Al final asistieron muchos menos, unos 3.000 según estimaciones oficiales.