Sumario
- La minería ilegal, la expansión de grupos armados y las denuncias de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas centraron la primera audiencia dedicada a Venezuela durante el 196º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
WASHINGTON, D.C.- Organizaciones venezolanas e internacionales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la minería ilegal continúa expandiéndose en el Arco Minero del Orinoco, en Venezuela, mientras comunidades indígenas permanecen expuestas a la violencia, la contaminación ambiental y el control de grupos armados.
Las denuncias fueron presentadas durante el 196º período de sesiones de la CIDH, celebrado en Washington, con la participación de organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de comunidades indígenas que intervinieron de manera remota desde Venezuela.
Durante la audiencia, Óscar Murillo, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), sostuvo que la región atraviesa una profunda transformación caracterizada por la expansión de la minería ilegal, el debilitamiento de las instituciones y el control territorial ejercido por organizaciones armadas.
Your browser doesn’t support HTML5
Minería ilegal y violencia contra indígenas en Venezuela llegan a la CIDH
Según Murillo, estos grupos han llegado a imponer normas, regular actividades económicas y sociales e incluso asumir funciones y servicios ante la ausencia o debilidad de las instituciones del Estado.
El representante de Provea señaló además que, desde el 3 de enero de 2026, estas organizaciones han actuado con mayor cautela y de manera más discreta, en medio de los cambios ocurridos en el poder político en Caracas.
Murillo explicó que este sistema de control se sostiene, entre otros mecanismos, mediante una extorsión sistemática conocida localmente como “vacunas”, que afecta a mineros, comerciantes, agricultores y activistas y alcanza también a integrantes de comunidades indígenas.
Por su parte, Laura Dib, directora del Programa para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), afirmó que el Arco Minero del Orinoco se ha convertido en un modelo extractivo que afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas.
Dib sostuvo que, desde la creación del Arco Minero en 2016, las comunidades indígenas han enfrentado actividades extractivas sin procedimientos adecuados de consulta previa, libre e informada y sin mecanismos suficientes para garantizar su protección.
La representante de WOLA también hizo referencia a los cambios registrados desde enero en torno a la actividad minera, entre ellos reformas legales y nuevas condiciones operativas. Sin embargo, advirtió que la estructura de los grupos armados que operan en la zona permanece y que la minería ilegal continúa desarrollándose.
Dib mencionó además la reforma de la legislación minera, el otorgamiento de tres licencias por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y los hechos violentos registrados el 9 de junio, cuando se produjo un despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la región.
Según señaló, todavía no existe suficiente información pública sobre el impacto que esos operativos pudieron haber tenido sobre la población civil.
Durante la audiencia también participaron representantes del pueblo indígena Pemón, quienes ofrecieron testimonios sobre las condiciones que enfrentan las comunidades ubicadas en las zonas afectadas por la explotación minera y la presencia de organizaciones armadas.
Las organizaciones participantes pidieron atención sobre las consecuencias de este modelo extractivo para los derechos de los pueblos indígenas, así como sobre los efectos ambientales y sociales de la minería ilegal y la falta de protección estatal.
La audiencia abrió la jornada dedicada a Venezuela durante el 196º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.