Venezolanos residentes en Países Bajos se manifestaron este lunes frente al Palacio de la Paz, en La Haya, para exigir la liberación de presos políticos y denunciar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, mientras Delcy Rodríguez participaba en audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la disputa territorial del Esequibo con Guyana.
Con banderas venezolanas, pancartas y fotografías de detenidos, los manifestantes reclamaron atención internacional sobre las denuncias de desapariciones forzadas, torturas y muertes bajo custodia.
David Cáceres, uno de los participantes en la protesta, declaró a Martí Noticias que la presencia de Rodríguez en la sede judicial internacional generó indignación entre miembros de la diáspora venezolana.
“Es una indignación para nosotros tenerla acá entre nosotros, tratando de vender una narrativa falsa y una normalidad cuando tenemos presos políticos”, afirmó.
La protesta coincidió con la comparecencia de Delcy Rodríguez ante la CIJ en el marco del litigio entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, un territorio rico en recursos naturales y objeto de una disputa histórica entre ambos países.
Durante la concentración, los asistentes también denunciaron el reciente caso de Víctor Hugo Quero Navas, detenido en enero de 2025 y recluido en la cárcel Rodeo I. Su familia pasó más de un año denunciando desconocer su paradero y exigiendo pruebas de vida ante organismos del Estado.
La semana pasada, el gobierno venezolano reconoció oficialmente que Quero Navas murió bajo custodia en julio de 2025 y que su fallecimiento permaneció oculto durante meses.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional sobre las ejecuciones que están haciéndose en los centros penitenciarios, el caso de la desaparición y posterior aparición y asesinato del señor Víctor Quero. Adicionalmente tenemos una cifra exorbitante de 500 presos políticos en las cárceles”, señaló Cáceres.
En paralelo, el Grupo IDEA —Iniciativa Democrática de España y las Américas— emitió una declaración condenando la desaparición forzada y el ocultamiento de la muerte de Quero Navas.
El organismo, integrado por más de 30 expresidentes y exjefes de gobierno de América Latina y España, sostuvo que al menos 28 presos políticos han muerto bajo custodia estatal durante los años del gobierno de Nicolás Maduro. El documento menciona casos emblemáticos como Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo y el general Raúl Isaías Baduel.
Los exmandatarios advirtieron que las desapariciones forzadas, torturas y muertes en prisión podrían constituir crímenes de lesa humanidad y acusaron al Estado venezolano de mantener un patrón sistemático de persecución política.
Durante la administración del presidente Donald Trump, altos funcionarios estadounidenses han reiterado que la liberación de presos políticos es una condición fundamental para cualquier avance en las relaciones con Venezuela. Washington también ha condenado las detenciones arbitrarias y las denuncias de muertes bajo custodia señaladas por organismos internacionales.
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