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Cuba

Uso de símbolos patrios, un castigo selectivo del régimen cubano

Miguel Díaz-Canel viste una camiseta Puma con la bandera cubana en un acto en el Parque Trillo el 29 de noviembre de 2020. REUTERS/Alexandre Meneghini
Miguel Díaz-Canel viste una camiseta Puma con la bandera cubana en un acto en el Parque Trillo el 29 de noviembre de 2020. REUTERS/Alexandre Meneghini
Con la entrada en vigor del Código Penal de Cuba en 2022, saltaron las alarmas de organismos internacionales por la eventual reprimenda a las voces discordantes dentro del país. Hasta la fecha, dos personas han sido juzgadas por hacer uso no autorizado de los "símbolos nacionales".

Amnistía Internacional advirtió en diciembre de 2022 que con la entrada en vigor del nuevo Código Penal de Cuba a la población le esperaba “un panorama aterrador para 2023 y años posteriores”. Los hechos recientes parecen hacer coincidir tal vaticinio con la realidad.

Hasta el cierre del mes de julio del presente año había en Cuba 1.047 personas detenidas o enjuiciadas ya por motivaciones políticas. Prisoners Defenders, una relatoría con sede en España que recoge regularmente los encarcelamientos e incidentes con los derechos humanos en la isla, informó que otras 24 personas se sumaron en el último mes a ese listado.

El gobierno cubano no reconoce como presos políticos a disidentes u opositores a su sistema; es común que les tilde de “contrarrevolucionarios”, “agentes al servicio de una potencia extranjera” o los acuse de atentar contra la seguridad del Estado.

“Ultraje a los símbolos nacionales”

El 18 de agosto pasado la Fiscalía en Camagüey –una provincia al centro de Cuba y a algo más de 500 kilómetros de La Habana- solicitó cuatro años de cárcel para Aniette González García por el acto de fotografiarse en su propia casa envuelta en la bandera cubana y publicar las imágenes en su cuenta de Facebook.

¿Su delito? supuestamente violar el Artículo 269, Capítulo III del Código Penal, que refiere al “ultraje a los símbolos nacionales”.

González García se tomó las fotos el 22 de marzo, siguiendo la convocatoria del activista de derechos humanos residente en Estados Unidos Héctor Luis Valdés Cocho. Este, a su vez, daba apoyo a la serie Le Drapeau (La bandera, en francés) del artista multidisplinario Luis Manuel Otero Alcántara, hoy condenado a cinco años de cárcel por –entre otros delitos- “ultraje a los símbolos nacionales”… de carácter continuado.

Al día siguiente, el 23 de marzo, Aniette González fue detenida y recluida en la prisión de mujeres Kilo 5, de Camagüey, donde espera una fecha para un probable juicio.

En cuestión, el acápite penal expresa: “Quien mancille o, con otros actos, muestre desprecio a la Bandera de la estrella solitaria, al Himno de Bayamo o al Escudo de la Palma Real, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años o multa de quinientas a mil cuotas, o ambas”.

Aniette Ginestá, niega que su madre haya cometido delito alguno.

“No por nuestra manera de pensar ni porque sea mi mamá, sino por las propias leyes. Es que no hay delito, ella no tiene delito, según las leyes, no según nosotros, no según nuestra manera de pensar; o sea que ahora mismo ella está privada de su libertad (de forma) totalmente ilegal”, dijo en conversación telefónica con la Voz de América.

La noticia de la petición fiscal contra González apareció inicialmente en el medio independiente La Hora de Cuba. Su director, Henry Constantín Ferreiro, añadió al final de la breve nota: “Sin embargo, el régimen usa la bandera como prenda de vestir en disímiles actos políticos y artísticos organizados por el oficialismo, sin que los involucrados sufran ningún tipo de llamado de atención o acoso por parte de las autoridades”.

Caso Otero Alcántara

En 2019, de julio a agosto, Luis Manuel Otero, figura principal del entonces vibrante Movimiento San Isidro, creó el gesto artístico titulado Le drapó. La acción consistió en llevar la bandera cubana sobre sus hombros de manera ininterrumpida, fuera de día o de noche y las publicó en Facebook, al igual que Aniette González.

Desde la sociedad civil independiente, el Movimiento San Isidro aglutinó a intelectuales de diversas manifestaciones y activistas de derechos humanos, y en su sede –la vivienda de Otero Alcántara- se organizaron conferencias y exposiciones de artes plásticas, conciertos de música, recitales de poesía, entre otros. En el último año, varios de sus integrantes salieron al exilio en España y Estados Unidos, principalmente.

Otero Alcántara fue detenido en marzo de 2020 durante 13 días en la Prisión Valle Grande, pero la presión de organizaciones, activistas e intelectuales dentro y fuera de Cuba dio con su liberación, según recogió entonces Amnistía Internacional.

Para Otero siguieron otras detenciones y sitios de las autoridades a su casa en el barrio San Isidro en La Habana, hasta que el 11 de julio de 2021 en medio de las protestas que se expandieron a casi todo el país, transmitió en su cuenta de Facebook que se uniría a las manifestaciones. No llegó a hacerlo, fue detenido.

Desde entonces está recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, a poco menos de 50 kilómetros de La Habana. El 22 de junio de 2022 se hizo firme su sentencia de 5 años de cárcel por además del supuesto ultraje a la bandera, cometer desórdenes públicos y desacato.

En septiembre de 2021 la revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo.

Amnistía Internacional, que ha seguido el caso del artista, dijo en un correo electrónico a la VOA que “ve con alarmante preocupación cómo el derecho penal en Cuba se sigue usando como arma para restringir la libertad de expresión y callar las voces disidentes, como la penalización de lo que el Gobierno percibe como un "ultraje a los símbolos nacionales".

Limitante a la libertad de expresión

La Constitución de Cuba, sin embargo, recoge el derecho a la libre expresión. En su Artículo 54, expresa:El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos”.

La abogada cubana Laritza Diversent vive exiliada en el estado de Maryland, EEUU, desde 2017. Desde entonces ha proseguido como directora del Centro CubaLex, una consultoría legal para asuntos cubanos.

Al abordar el caso de Aniette González, Diversent apunta en conversación con la VOA que aunque esta tenía un perfil más bajo que Alcántara “nos va demostrando que en el tema de la utilización de los símbolos patrios es una prueba fehaciente de que el Estado insiste en reprimir y restringir la libertad de expresión”.

Además, indica, “es una forma de limitar la libertad de creación artística, utilizan las normas legales con interpretaciones restrictivas de los símbolos nacionales para impedir que dentro de Cuba otros individuos usen los símbolos que para ellos representan al poder, como una crítica al sistema”.

Una bandera cubana en las protestas por el fin de la dictadura. AP Photo/Wilfredo Lee
Una bandera cubana en las protestas por el fin de la dictadura. AP Photo/Wilfredo Lee

Aun así, la Constitución contempla el derecho a la libertad de prensa en su Artículo 55: “Este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad”, pero acota que los medios comunicación “son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”.

Henry Constantín Ferreiro, periodista independiente (Foto tomada de su perfil de Facebook)
Henry Constantín Ferreiro, periodista independiente (Foto tomada de su perfil de Facebook)

Constantín Ferreiro, quien además de periodista independiente dentro de Cuba fungió por un período como vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), no ve un panorama alentador para la libertad de expresión en la isla.

“Las leyes nuevas solo, digamos, ajustan, actualizan y aprovechan o se enfocan en los actos de protesta más comunes de estos tiempos para reprimirlos. No hay ningún cambio mayúsculo, en ningún concepto”, explica.

Incluso con las críticas por la manera en que enfrenta a las voces disidentes en la isla, el gobierno cubano ha publicado los textos, tanto de la Constitución como del Código Penal, ahora disponibles en formato electrónico.

Al ser cuestionada sobre el estado legal de la acción performática del pasado mes de marzo por su mamá, Aniette Ginestá dijo que “Las fotos fueron hechas de manera artística, no incitando al pueblo a hacer nada malo, las fotos no tenían frases ofensivas contra la bandera”, y apelando al Artículo 54 de la Constitución, dijo que la mujer está libre de culpas. “Ella no tiene delito ahí”, asevera.

Amnistía Internacional insiste en que estos procesos judiciales y las “detenciones arbitrarias” impactan tanto en la capacidad de trabajar y el derecho a la privacidad de las personas que exigen pacíficamente los derechos humanos.

“La comunidad internacional debe condenar enérgicamente estas medidas represivas y llamar al gobierno cubano a respetar los derechos de la población”, concluyó Jiménez a nombre de la organización internacional.

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En espera de ser repatriados a la isla 21 cubanos detenidos en Marquesas Keys

Vista aérea de la balsa en que viajaron los 21 migrantes detenidos por la Parulla Fronteriza de EEUU
Vista aérea de la balsa en que viajaron los 21 migrantes detenidos por la Parulla Fronteriza de EEUU

Un grupo de 21 migrantes cubanos que lograron desembarcar este lunes en Marquesas Keys, a unas 20 millas de Key West, en el sur de la Florida, fueron interceptados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP).

Los migrantes, detenidos con el apoyo de los agentes de la división Sureste del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF-SE), se encuentran bajo custodia en proceso de repatriación, informó en su cuenta de X Samuel Briggs II, jefe regional de la USBP, junto a una imagen aérea de la embarcación en la que viajaban los cubanos.

El evento se suma a varios similares ocurridos en los últimos días, en el que cubanos intentaron ingresar de forma irregular, por vía marítima, a los Estados Unidos.

También este martes, el Crucero Paradise, de la empresa Carnival, que viajaba rumbo a la isla Roatán, en Honduras, rescató a 25 balseros cubanos, cuando se encontraban en altamar, a unas 20 millas de la costa oriental de Cuba.

En marzo, el Icon of the Seas, considerado “el crucero más grande del mundo” perteneciente a la Royal Caribbean, rescató en la misma ruta a otros 14 cubanos y los entregó a las autoridades hondureñas, que procedió luego a su liberación.


Los cubanos continúan lanzándose al mar rumbo a las costas de EEUU pese a las reiteradas advertencias de las autoridades del país acerca de que a los migrantes interceptados en el mar, independientemente de su nacionalidad, no se les permitirá ingresar a territorio estadounidense.

“Los inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar serán descalificados indefinidamente de la política de libertad condicional de inmigración legal para cubanos y haitianos”, dijo el viernes pasado el teniente Peter Hutchison, de la División de Cumplimiento del Séptimo Distrito de la Guardia Costera.

Un total de 19.571 migrantes procedentes de la isla llegaron a la frontera de EEUU en marzo de este año, la mayoría, por los diferentes puntos de la frontera sur y por vía marítima, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU.

Informe revela secretismo en las elecciones municipales en Cuba

Foto Archivo. Perfiles de Candidatos a la Asamblea del Poder Popular. El Consejo Electoral Nacional (CEN) en Cuba incurrió en "graves deficiencias en cuanto a la transparencia, la independencia y la legitimidad de los procesos electorales". (CEN) (REUTERS/Alexandre Meneghini)
Foto Archivo. Perfiles de Candidatos a la Asamblea del Poder Popular. El Consejo Electoral Nacional (CEN) en Cuba incurrió en "graves deficiencias en cuanto a la transparencia, la independencia y la legitimidad de los procesos electorales". (CEN) (REUTERS/Alexandre Meneghini)

A lo largo de los primeros meses de 2024, tuvieron lugar en Cuba numerosas elecciones para cubrir vacantes en las Asambleas Municipales del Poder Popular, en un proceso electoral poco transparente, revela un informe de Transparencia Electoral publicado por DemoAmLat.

Entre enero y febrero de 2024 se reportó la realización de numerosas elecciones para cubrir escaños municipales, sin poner a disposición del público los reportes de las asambleas de nominación que especifiquen lugar, fecha y hora; nombres y apellidos de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción que actuaron en la asamblea; número de electores del área y número de los asistentes; candidatos que fueron propuestos, con expresión de sus nombres y apellidos, así como de cada uno de ellos, su edad, sexo, estado civil, último grado de escolaridad vencido, estudios que realiza, calificación profesional, ocupación actual, organizaciones a las que pertenece, lugar de su residencia y número de votos obtenidos; nombres y apellidos del candidato nominado y constancia de que aceptó la nominación; y firmas de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción y del candidato nominado.

"La organización de las votaciones fue aún más opaca: no hubo prácticamente aviso previo, no se reportó una campaña para pedir el voto en los medios de comunicación, ni tampoco la legalmente obligatoria publicación de las biografías de los candidatos (confeccionadas por las Comisiones de Candidaturas) para su distribución a la vista del público. En última instancia, el único reporte de que estos procesos tuvieron lugar se vio en las publicaciones en redes sociales por parte del ente electoral durante la realización de la votación misma y después, sin que siquiera se reportaran los resultados", denuncia la investigación.

El Consejo Electoral Nacional (CEN) en Cuba incurrió en "graves deficiencias en cuanto a la transparencia, la independencia y la legitimidad de los procesos electorales".

Entre los múltiples errores en este proceso el informe destaca la llamada "influencia vertical del régimen sobre la gestión electoral", por la falta de separación entre el Estado, el Partido Comunista de Cuba y las autoridades electorales. También la falta de observación electoral independiente, de libertades políticas durante los procesos electorales y de transparencia en la comunicación sobre las vacantes producidas y los procesos electorales subsiguientes.

Cubanos lideran las compras en la Zona Libre de Colón, en Panamá

Vista de la zona franca de Colón en Panamá / Foto: Elmer Martinez (AFP)
Vista de la zona franca de Colón en Panamá / Foto: Elmer Martinez (AFP)

Los cubanos lideran desde el pasado año las visitas a la Zona Libre de Colón, localizada en la costa caribeña de Panamá.

Según cifras oficiales publicadas en la prensa local, en el primer trimestre de 2024 un total de 4.172 ciudadanos de la isla visitaron la zona franca. A Cuba le siguió Ecuador, con 2.931 personas, y Costa Rica con 1.572.

En 2023 el comportamiento era similar. La Habana fue la nación que más viajeros aportó (15.042).

El turismo de compras es una de las actividades comerciales de mayor fuerza en esa zona. Según las autoridades, el año pasado fue el periodo de mayor crecimiento comercial desde 2012, con un acumulado de $33.368 millones,

Comerciantes consultados por el canal TVN Noticias, dijeron que los cubanos llegan a la zona a invertir dinero en artículos que luego revenden en su país, principalmente aquellos que sirven como soporte para la falta de energía eléctrica en la isla.

"Este país tiene mucha más calidad y más variedad de cosas, entonces preferimos venir aquí y no ir para Haití", explicó una de las cubanas entrevistadas, quien aclaró que entre las compras, destacan fudamentalmente las miscelánea, alimentos y productos de aseo personal.

No obstante, varios de los cubanos consutados por el canal local dijeron que están teniendo muchas trabas para obtener el visado.

En enero pasado Panamá prorrogó hasta el 31 de julio próximo el requisito de visado de tránsito obligatorio para los viajeros cubanos que hagan escala en el país, decretado desde marzo de 2022.

"La Visa para Pasajeros o Tripulantes en Tránsito podrá ser otorgada hasta por un periodo máximo de veinticuatro horas y solo autoriza al migrante a permanecer en el área de tránsito internacional del aeropuerto, con la finalidad de que pueda continuar su viaje hacia otro destino o a su país de origen”, recpge el documento.

Pero Panamá también ofrece a los ciudadanos de la isla la visa de turista y la visa de compras. Para ambas hay que presentar pruebas de solvencia económica, itinerario de viaje y, en ocasiones, una carta de invitación o propósito del viaje.

Patrushev se reúne en Moscú con el ministro del Interior cubano y otros aliados

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, mantiene una relación cercana con Cuba. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool via AP)
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, mantiene una relación cercana con Cuba. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool via AP)

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, considerado la mano derecha del presidente Vladimir Putin, se reunió este lunes en Moscú con su homólogo cubano, el ministro del Interior Lázaro Alberto Álvarez Casas.

"Durante la reunión con el ministro de Interior de Cuba, Lázaro Alberto Álvarez Casas, se debatió la interacción ruso-cubana en materia de instituciones del orden público y la justicia", informó en un comunicado el Consejo de Seguridad de Rusia.

La Habana y Moscú mantienen una línea abierta de comunicación e intercambio con el fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre ambos países, especialmente en los últimos dos años, desde que el régimen de Miguel Díaz-Canel manifestara su apoyo incondicional al Kremlin en su invasión a Ucrania.

Patrushev mantuvo conversaciones, además, con el asesor del presidente de Bolivia en cuestiones de seguridad, Jose Hugo Moldiz; el asistente especial del presidente de Brasil en cuestiones internacionales, Celso Amorim, y el director del Servicio General de Inteligencia de la República de Sudán, Ahmed Ibrahim Mufaddal.

En febrero pasado, el secretario del Consejo de Seguridad ruso se reunió en La Habana con el exgobernante cubano Raúl Castro, y con Díaz Canel, para discutir la cooperación de ambos países en materia de seguridad. En ese encuentro "se discutieron varias cuestiones de la cooperación ruso-cubana en el campo de la seguridad. Patrushev aseguró a Castro que "Moscú sigue comprometido con el espíritu de asociación estratégica entre los dos países", reportó entonces Interfax.

En una visita anterior a Cuba, en marzo de 2023, el fuerte aliado de Putin fue también recibido por Castro y Díaz-Canel. El enviado del Kremlin sostuvo entonces "amplias consultas interinstitucionales ruso-cubanas sobre cuestiones de seguridad", según describía su agenda.

Cuba tiene una deuda con Rusia de unos 277,2 millones de dólares, pero en marzo pasado, Putin firmó una ley que ratifica una serie de protocolos para la modificación de los acuerdos de esos préstamos con Cuba y prevé su reestructuración, ofreciendo condiciones ventajosas de pago para el régimen de la isla.

Las visitas de funcionarios de alto nivel entre La Habana y Moscú se suceden una tras otra. La semana pasada, el Fiscal General de Rusia, Ígor Krasnov, de visita en la isla, se reunió con Díaz-Canel tras firmar un programa de cooperación hasta 2026 con su homóloga cubana Yamila Peña Ojeda.

Krasnov dijo a periodistas que pudo constatar durante su estancia “las excelentes relaciones entre ambos gobiernos y pueblos”. "No tengo ninguna duda de que, con esfuerzos conjuntos, haremos una contribución significativa a la realización del rumbo definido por los Presidentes de nuestros países", concluyó.

Artículo 19 alerta sobre falta de garantías para un periodismo libre en Cuba y Centroamérica

La organización subrayó “la urgencia y la necesidad de garantizar en la región un periodismo libre, independiente y alejado de las presiones del poder. (Twitter/@sip_oficial)
La organización subrayó “la urgencia y la necesidad de garantizar en la región un periodismo libre, independiente y alejado de las presiones del poder. (Twitter/@sip_oficial)

Artículo 19 alertó este lunes sobre la tendencia de varios gobiernos de Centroamérica a normalizar la coacción a la prensa, el exilio forzado, la estigmatización, el espionaje, la descalificación y la persecución a los periodistas.

En su informe “Normalizar la Excepción. El Estado de la Libertad de Expresión en Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras”, la organización demuestra la falta de garantías para un periodismo libre como resultado del declive de las condiciones democráticas que ha marcado a la región.

En ese sentido, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 subrayó “la urgencia y la necesidad de garantizar un periodismo libre, independiente y alejado de las presiones del poder en Cuba y Centroamérica”.

Agregó que Cuba vuelve a ser un referente, pero “no por esa idea romántica de bienestar e igualdad, sino por los artefactos autoritarios que muchos países están incorporando en sus lógicas en esta deriva autoritaria”.

En el caso de Cuba, Artículo 19 documentó, durante 2023, 274 agresiones contra periodistas y activistas con motivo de haber ejercido su derecho a la libertad de expresión.

Entre las agresiones más recurrentes destacan la detención arbitraria, la suspensión del servicio de internet, las amenazas, la vigilancia policial y el arresto domiciliario.

Desde julio de 2021 hasta julio de 2023, 1 880 personas fueron detenidas como resultado de la represión a las protestas sociales. De estas, 773 siguen privadas de libertad, 909 han sido juzgadas y al menos 84 se han exiliado tras ser liberadas.

La organización recuerda en su reporte que “el Estado cubano controla los medios de comunicación” y los usa para propagandizar el sistema y desinformar.

Asimismo, refiere que el acceso a internet desde celulares, es un espacio intervenido por el poder a través del monopolio estatal Etecsa (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba que, bajo la orientación de la Seguridad del Estado, determina la negación de servicios a las personas críticas con el gobierno.

En 2023, Articulo 19 documentó la supresión del servicio de internet 60 veces, contra periodistas 52 veces y 8 contra activistas.

Además, el servicio de internet es suspendido, invariablemente, “cuando el gobierno considera que es conveniente a sus intereses, como son las protestas públicas, asegura el informe.

También los reclusos son víctimas de castigos por reclamar sus derechos dentro de la prisión. Organizaciones de derechos humanos registraron en los primeros seis meses del pasado año 569 incidentes represivos.

Artículo 19 realza que el periodismo independiente, después de largos años de persecución, sigue practicándose dentro de un ambiente hostil gracias a las personas que desde su formación empírica y experiencia informan desde toda Cuba lo que sucede en sus comunidades.

El jefe de redacción del periódico digital 14 y Medio, Reynaldo Escobar disertó en el panel sobre los riesgos y desafíos que enfrentan los comunicadores independientes en la Isla, desde la regulación, la vigilancia y el acoso, el descrédito a través de los medios estatales, las detenciones hasta el encarcelamiento.

“En estos momentos los medios que tratan el tema de Cuba han perdido a muchos colaboradores dentro del territorio nacional porque han emigrado por la sencilla razón de que la represión les hace la vida imposible dentro del país”, afirmó Escobar.

Entre las recomendaciones que hace el informe destacan las dirigidas al gobierno cubano de liberar a los presos y detenidos por el ejercicio de la libertad de expresión y la de establecer un mecanismo independiente de protección de defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil.

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