El Tribunal Provincial de Guantánamo negó la libertad condicional al preso político Luis Miguel Alarcón Martínez, quien cumple una sentencia de siete años de privación de libertad por participar en las protestas de Caimanera, en 2023.
“Yo, como ciudadana, hallo que está muy mal, porque ya quien cumplió más de la mitad de la sanción, con una buena actitud, llevando todos los requisitos que lleva la prisión, trabajando de sol a sol como ayudante, pasando tres cursos para ganarse su condicional y que llegue más de la mitad de la sanción y no la reciba. Es duro”, indicó en conversación con Martí Noticias, la madre del preso político Victoria Martínez.
“Yo creo que se debe a que es un preso político”, recalcó.
La entidad destinada a la administración de la justicia, aunque reconoce que Alarcón Martínez ha mantenido una actitud correcta durante su reclusión y ha cumplido con todas las obligaciones impuestas por el Sistema Penitenciario, considera que debe continuar encarcelado porque su condena se deriva de un “hecho connotado, reprobable por la sociedad que generó una grave alteración del orden público en un municipio como el de Caimanera”.
El suceso ocurrió el 6 de mayo de 2023, cuando cientos de personas se lanzaron a las calles del pequeño pueblo colindante con la Base Naval de Guantánamo, y a gritos de "libertad" y "patria y vida", exigieron al régimen mejoras en el poder adquisitivo y que garantizara el acceso a bienes o servicios.
La solicitud de otorgamiento del beneficio fue hecha por las autoridades del penal donde el preso político está internado que argumentaron que, como primario y con el tiempo que estipula la ley, le corresponde la libertad condicional.
El auto denegatorio instruye que en el término de tres días podría hacerse un recurso de súplica al mismo tribunal que emitió la resolución.
“Me dan tres días hábiles para hacer la súplica, pero el documento fue entregado el día 28 de mayo y yo recibí el documento, el 2 de junio. Ya no puedo hacer ninguna súplica, porque está pasada de término”, lamentó la madre.
En Cuba, los beneficios penitenciarios, como la libertad condicional o los cambios de régimen, se utilizan de forma arbitraria contra los presos políticos. En lugar de aplicarse como mecanismos de reinserción, son manipulados por el Estado como herramientas de castigo, chantaje y control ideológico.
Alrededor del 60 % de los prisioneros políticos se le niega el acceso a la libertad condicional o a regímenes de menor severidad. Esto se hace a pesar de cumplir con los requisitos de tiempo y comportamiento exigidos por la propia ley cubana.
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