América Latina
Grave retroceso de libertades de prensa y expresión en Nicaragua
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros sin Fronteras (RSF) demandaron al gobierno de Daniel Ortega el cese de la violencia, investigar y sancionar las agresiones, y respetar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a periodistas y sus familiares.
En conferencia de prensa en Managua, la misión conjunta de la SIP y RSF concluyó que las libertades de prensa y expresión están en retroceso en Nicaragua, como consecuencia de una campaña de agresión sistemática, sostenida y permanente de parte del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Ambas organizaciones consideraron que la libertad de prensa se halla bajo un claro acoso por parte de autoridades y agencias policiales nicaragüenses y señalaron que la responsabilidad política y jurídica de esta regresión en el ejercicio de las libertades corresponde en términos políticos, jurídicos e históricos al gobierno que encabezan el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Las demandas de ambas organizaciones surgieron luego de sostener más de 30 reuniones con representantes de la sociedad civil durante su visita a Nicaragua del 13 al 15 de agosto en las que los ciudadanos de este país expresaron en forma intensa, vibrante, plural y clara, el reclamo por mayores libertades y una democracia sólida.
La delegación conjunta se reunió con representantes de medios de comunicación y periodistas independientes de varios departamentos del país, así como con agrupaciones estudiantiles, campesinas y empresariales que forman parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con el ex presidente Enrique Bolaños, con miembros de la Iglesia católica y con diplomáticos destacados en Nicaragua.
La misión se expresó con alarma ante las denuncias recibidas por periodistas y medios de comunicación sobre los altos niveles de represión, incluso letal, por parte de fuerzas policiales en contra de participantes de protestas sociales y de periodistas que dan cobertura a estas protestas. Ello incluye agresiones por parte de grupos paramilitares que emplean contra la población armas de alto calibre, lo que ha atraído un escalamiento constante de víctimas mortales.
Por otro lado, destacaron que los periodistas y los ciudadanos agredidos carecen de espacios donde hacer sus denuncias y reclamos ante organismos policiales y judiciales que no tienen la debida autonomía e independencia del poder político.
Las prácticas de agresión en contra de periodistas independientes, se ha manifestado en amenazas, persecución, intimidación y campañas de difamación, en especial en casos que involucran a periodistas en el interior del país, entre cuyos casos graves se destacan la explosión contra las instalaciones y trabajadores de Radio Darío en la ciudad de León y el asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona en la localidad de Bluefields.
La SIP y RSF subrayaron y denunciaron las prácticas oficiales de asfixia económica en contra de los medios a través de políticas de discriminación de publicidad oficial y de otorgamiento de frecuencias de radio y televisión; restricciones a la importación de insumos y equipos periodísticos; periódicas investigaciones impositivas, previsionales y laborales; así como la práctica de presión a anunciantes privados para que no pauten en medios independientes.
La SIP y RSF conocieron con preocupación cómo la política autoritaria, de propaganda y secretismo ha provocado la desinstitucionalización del país y generado gran desconfianza en las instituciones, cuyos funcionarios rehúyen el contacto con la prensa.
Ambas organizaciones aplaudieron la creciente presencia de las redes sociales que ha permitido a la población participar y estar informada frente a la censura oficialista. Asimismo, destacaron que los medios de comunicación y los periodistas estén desarrollando modelos de solidaridad y autoprotección que instó sean extendidos a sus colegas del interior del país.
Los delegados de la SIP y RSF que viajaron a Nicaragua con el objetivo de expresar in situ su solidaridad con los periodistas y medios de comunicación independientes, se comprometieron a enviar un documento sobre sus conclusiones al Grupo de Trabajo para el Seguimiento de la Situación de Nicaragua creado por la Organización de Estados Americanos.
También se comprometieron a compartir con periodistas y medios locales manuales y talleres sobre cobertura en situaciones de alto riesgo y a mantener en la agenda internacional, a través de los socios de la SIP y de los organismos multilaterales, la grave situación de la libertad de prensa en Nicaragua.
Las demandas de la SIP y RSF al gobierno de Daniel Ortega instan a:
- Cesar de inmediato toda acción de agresión física, intimidación y amenazas generada por grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificados con el gobierno, así como a través de cibermilitantes que actúan para difamar e insultar a los periodistas independientes en las redes sociales.
- Realizar investigaciones profundas de todos los actos violentos en contra de periodistas y medios de comunicación y la aplicación severa de la ley a todos los responsables, para evitar que la impunidad genere mayor violencia.
- Respetar y cumplir las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de periodistas y sus familiares que fueron agredidos y amenazados, proveyéndoles con mecanismos oficiales de seguridad, además de crear fiscalías especiales y un sistema de protección para periodistas como existe en otros países latinoamericanos.
- Reclamar – bajo el espíritu de la Declaración de Chapultepec, que cita que la libertad de prensa y la democracia constituyen un binomio indisoluble, así como de la Carta Democrática Interamericana - la necesidad de que el Gobierno y las institucionales nacionales e internacionales busquen el marco adecuado y definitivo para mantener un diálogo de respeto y tolerancia que permita una salida democrática a la grave crisis político social que se vive en el país.
La delegación internacional estuvo integrada por el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, director del periódico La República, Lima, Perú; el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, director del portal de noticias La Silla Rota, Ciudad de México, México; el director del Despacho para América Latina de RSF, Emmanuel Colombié, Río de Janeiro, Brasil y el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, Miami, Florida, Estados Unidos.
Nicaragua ocupa el lugar 90, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de RSF.
(Informe de la misión conjunta de la SIP y RSF en Nicaragua)
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Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
OEA rechaza asalto de la policía ecuatoriana a embajada de México para detener a exfuncionario
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afecta gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
Por su parte, el viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Alejandro Dávalos, acusó a México de obstaculizar el “funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano” al conceder asilo político a exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas , acusado de corrupción.
"México ha hecho énfasis en la importancia y el respeto a la institución del asilo. No obstante, su actitud socava y desnaturaliza el concepto de asilo diplomático, tergiversando el verdadero espíritu de las convenciones que regulan esta institución al concedérselo a un condenado y prófugo de la justicia ecuatoriana, promoviendo la impunidad”, dijo Dávalos.
También pidió actualizar las normas y convenios en materia de asilo político "para erradicar lo que denominó “los nuevos fenómenos criminales del crimen organizado transnacional".
La reunión del martes no contó con la participación de la representante mexicana ante el organismo, Luz Elena Baños, ya que fue una sesión convocada por Ecuador.
Este miércoles, se celebra en Washington una segunda sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada por Colombia y Bolivia y abordará “la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su vínculo con la figura del asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador”, según indica la convocatoria.
Mientras tanto, el gobierno mexicano difundió el martes videos inéditos que muestran el momento en el que las fuerzas policiales ecuatorianas irrumpieron en su embajada en Quito para apresar a Glas, que había recibido asilo politico.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentó durante su conferencia matutina las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la sede diplomática en las que se observa el instante en el que los agentes ecuatorianos entran de manera violenta a la residencia en medio de la noche.
El asalto provocó una suspensión de las relaciones con Quito por parte de México, y el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó la inusual incursión diplomática y el arresto como una acto "autoritario" y una violación del derecho internacional y de la soberanía de México.
Fiscalía de Venezuela informa la detención del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami
La Fiscalía de Venezuela anunció este martes la detención del ex ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, un político que hasta hace poco más de un año pertenecía al círculo de confianza de Nicolás Maduro.
El ex funcionario venezolano se encontraba en un limbo legal desde que se destapara una trama de corrupción que afectaba a la estatal PDVSA. El arresto fue anunciado cuando falta poco más de tres meses par las elecciones presidenciales que se disputarán el 28 de julio próximo.
Además, fueron detenidos Simón Zerpa, ex ministro de Economía y Finanzas y ex presidente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), y el empresario Samark López, acusado de lavado de dinero y a quien señalan como testaferro de El Aissami.
En una rueda de prensa, el fiscal Tarek William Saab dijo que los arrestos fueron posibles gracias a "recientes delaciones de, al menos, cinco testigos" entrevistados por funcionarios del Ministerio Público.
Saab, quien mostró imágenes del momento en el que El Aissami fue capturado, afirmó que será "procesado e imputado por gravísimos delitos”, entre ellos "traición a la patria; apropiación o distracción del patrimonio público; alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias; legitimación de capitales y asociación”.
Sobre López, a quien calificó como un “bichito” que “se las da de empresario”, dijo que jugó un papel “legitimador de capitales y lavador de dinero”.
Zepa, acotó, estaba “vinculado a la mafia financiera a través de fichas que tenía El Aissami dentro del Fonden y el Ministerio de Finanzas”.
"El objetivo y el fin de esta mafia, encabezada por Tareck El Aissami, no era otro que implosionar la economía nacional, destruir nuestra moneda presionando al alza del dólar paralelo, y así hacer fracasar las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo", señaló.
Asimismo, destacó que las operaciones fraudulentas involucraron no solo a PDVSA, sino también a la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
El Aissami, cercano también al fallecido expresidente Hugo Chávez, renunció a su cargo como ministro luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno.
En 2017, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU lo había señalado como un “narcotraficante especialmente designado”.
El año pasado las autoridades venezolanas iniciaron operativos en los que decenas de altos funcionarios públicos y empresarios fueron arrestados y acusados de corrupción y malversación de fondos en empresas del Estado.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) correspondiente a 2023, Venezuela es el segundo país más corrupto del mundo.
"Miles de millones de dólares de dinero público han sido malversados sistemáticamente, beneficiando a unos pocos individuos poderosos", cuestionó Transparencia Internacional en el informe.
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