La Seguridad del Estado amenazó al periodista independiente Austin Llerandi con someterlo a un proceso penal para el que ya tienen un expediente basado en supuestas violaciones del Decreto Ley 370, un mecanismo legal de censura digital que regula el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
En una citación reciente, agentes del órgano represor “aconsejaron” a Llerandi, director del medio comunitario 'Amanecer Habanero', abandonar el país en un plazo de dos meses.
“La tarde del 20 de agosto pasó un hombre por la casa a dejarme una citación que tampoco quise firmar. Al otro día en la mañana acudí a la 6ta unidad de Marianao, nuevamente, me cachean, me indican poner las manos atrás, me trasladan a una oficina dentro de la misma estación y en esa oficina me tuvieron sentado tres horas, desde las 8 de la mañana hasta las 11, aproximadamente”, relató a Martí Noticias, el comunicador, cuya esposa está embarazada.
Cuando se presentaron los dos agentes, “volvieron las amenazas, volvieron a reiterarme que lo que no quieren que suceda es que el boletín de “Amanecer habanero” esté circulando en la calle”.
“Amanecer habanero” pertenece al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), que Impulsa una red de medios de comunicación locales en la isla para divulgar contenidos al margen de la narrativa del Estado.
“Me enseñaron un expediente penal redactado por el delito de desacato bajo el Decreto Ley 370. Me dijeron que, si dentro de dos meses no abandono el país, ellos me van a meter preso”.
Las fuerzas represivas del régimen han puesto su foco en el comunicador desde que dirige el medio independiente. Antes, había sido citado el 14 de julio con una intimidación similar.
“Me amenazaron con que podía ir a prisión y además hicieron presión sobre el hecho del embarazo de mi mujer. Una de las últimas frases que me dijo el agente, uno de los dos agentes que estaba en ese momento allí fue ‘la próxima vez que recibas una llamada mía, dale un beso en la panza a tu mujer que vas a ir preso’".
El ICLEP hizo un llamado a las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las organizaciones internacionales de protección de periodistas, a los gobiernos democráticos y a las misiones diplomáticas acreditadas en Cuba "para que den seguimiento a este caso y se pronuncien públicamente".
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