Cuatro relatoras especiales de Naciones Unidas acusaron al régimen cubano de mantener un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos contra activistas, artistas y miembros de la sociedad civil, según una carta oficial enviada en enero de 2026 y publicada este mes.
El documento, identificado como JAL CUB 3/2026, denuncia “un patrón sistemático de criminalización de la disidencia y el uso de la coerción, incluyendo la detención arbitraria y el exilio forzado”, contra quienes ejercen derechos fundamentales en la isla.
“Las relatoras acusan al régimen totalitario de un patrón sistemático de criminalización de la disidencia en Cuba”, dijo a Martí Noticias Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones cuya denuncia generó el informe ante la ONU.
Larrondo advirtió que estas prácticas están “acompañadas de coerción, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, exilio forzado y represión contra defensores de derechos humanos, activistas y artistas”.
Uno de los elementos más contundentes del informe es la estrategia conocida como “prisión o exilio”, que, según las relatoras, busca forzar a activistas a abandonar el país como forma de castigo o neutralización política.
“Una de las expresiones más demoledoras del informe es esta: prisión o exilio”, subrayó Larrondo.
Las expertas de la ONU advierten que esta práctica constituye una violación del derecho a permanecer en el propio país y forma parte de un mecanismo de control interno “diseñado para neutralizar a la disidencia”.
El informe documenta casos emblemáticos. En el caso del opositor José Daniel Ferrer, exiliado en Miami, señala múltiples detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y denuncias de tortura, incluyendo intentos de asfixia, negación de alimentos y falta de atención médica en la cárcel.
También cuestiona que Ferrer haya permanecido más de seis años en prisión pese a una condena menor, lo que, según las relatoras, vulnera garantías básicas del debido proceso.
Sobre el manifestante del 11 de julio Yosvany Rosell García Caso, condenado a 15 años de prisión, el documento denuncia que permaneció “en estado crítico, esposado a una cama de hospital y bajo vigilancia constante”, mientras su familia enfrentaba hostigamiento.
En el ámbito cultural, las relatoras destacan los casos del artista Luis Manuel Otero Alcántara y del rapero Maykel Castillo Pérez, “Osorbo”, como ejemplos de persecución contra la libertad de expresión.
“Estos casos muestran que la represión contra el arte independiente y la libertad de expresión forma parte del diseño represivo del régimen cubano”, afirmó Larrondo.
El informe también advierte sobre posibles violaciones de las Reglas Mandela para el tratamiento de reclusos y de tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura.
Otro elemento clave es que el régimen cubano no respondió a la carta en el plazo de 60 días establecido por Naciones Unidas.
“Lo que penalmente se interpreta como la aceptación tácita de las acusaciones es el principio de derecho denominado ‘quien calla otorga’”, explicó Larrondo.
El presidente de Prisoners Defenders concluyó que “este informe demuestra una vez más que en Cuba existe una represión estructural sistemática que está documentada internacionalmente”.
El documento está firmado por Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Alexandra Xanthaki, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
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