El Centro de Documentación de Prisiones cubanas (CDPC) denunció malos tratos contra un grupo de reclusos involucrados en la protesta del 19 de febrero en la Prisión Provincial de Ciego de Ávila, ubicada en Canaleta.
El motín fue provocado por las pésimas condiciones de vida y la falta de atención médica y derivó en fuertes enfrentamientos entre los internos y la guarnición que usó violencia física y gas pimienta.
“Muchas de las consecuencias derivadas de la manifestación fueron injustas, precisamente porque violan derechos humanos de los reclusos que se manifestaron. Entre esas violaciones se encuentra la tortura física, sobre todo con la intervención de las tropas y las autoridades penitenciarias y el traslado de los mismos reclusos hacia otros centros penitenciarios”, indicó el doctor en Ciencias Sociales Leduan Ramírez, investigador principal del CDPC.
De acuerdo a las indagaciones de la entidad, con sede principal en México, alrededor de 25 reos habrían sido reubicados a la Prisión Kilo 8, en Camagüey, y otros 25 a Kilo 7, en la misma provincia.
Otros dos presos fueron trasladados a la Prisión de máxima severidad Boniatico, en Santiago de Cuba.
“No es un evento completamente novedoso, es justamente una consecuencia de esas condiciones insalubres de hacinamiento y, por supuesto, de violaciones constantes”, subrayó el experto.
El Centro de Documentación de Prisiones cubanas mostró preocupación por el paradero desconocido del preso político Orlando Almenares Reyes, uno de los principales actores que permitió al mundo conocer lo que ocurría en Canaleta.
Igualmente, manifestó su inquietud por información divulgada en redes sociales sobre el preso político Danisbel Labrada Morales, al que las autoridades señalan “como uno de los principales líderes del motín, buscando encausarlo nuevamente”.
De ser cierto el nuevo proceso abierto a Labrada Morales, sería un signo de que el Ministerio del Interior (MININT) pretende ser consecuente con lo dicho, un día después de los acontecimientos de Canaleta, que se procedería con "el rigor de la legalidad socialista en beneficio de la seguridad colectiva".
“Ese comunicado -que no menciona heridos, no menciona traslados, no menciona el uso de fuerza, y no menciona a los familiares que llevan días sin noticias de sus seres queridos- constituye, sin embargo, una validación indirecta de las denuncias realizadas por organizaciones de derechos humanos y diversas voces desde dentro y fuera de Cuba”, destaca el Centro en su nota.
De igual modo recuerda que las Reglas Mandela de Naciones Unidas establecen que los traslados utilizados como represalia por denuncias o participación en protestas constituyen una violación del derecho internacional.
Ramírez recalcó que la opacidad sobre la represión en Canaleta y el desamparo de las víctimas reafirman la existencia de un patrón de "injusticia premeditada" por parte de las autoridades penitenciarias.
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