Al menos 2.000 abogados nicaragüenses habrían quedado excluidos del registro de abogados y notarios de la Corte Suprema de Justicia, una medida que les imposibilitaría ejercer la profesión en Nicaragua y reforzaría el control del régimen sandinista sobre una profesión clave en el sistema judicial y para el ejercicio de la legítima defensa.
De acuerdo con el periodista Miguel Mendoza y medios locales como La Prensa y Artículo 66, la purga alcanzó a profesionales considerados no afines a los Ortega Murillo y también habría afectado a algunos jueces del propio régimen.
La nueva acción del régimen sandinista quedó en evidencia cuando varios abogados llegaron a los tribunales esta semana para presentar escritos o representar a clientes y se encontraron con un nuevo mecanismo de verificación antes de ingresar sus documentos y fue en esa revisión cuando varios descubrieron que ya no figuraban en el registro para ejercer la abogacía.
Para un abogado nicaragüense que se encuentra en el exilio y fue despojado de sus facultades para ejercer el derecho en Nicaragua desde ya hace varios años, “borrar del registro de abogados y notarios de forma arbitraria sin previo proceso y sin derecho a la defensa a los profesionales percibidos como opositores o no comprometidos con el régimen, lleva la política de exclusión a su máxima expresión”.
“Los Ortega Murillo están replicando las medidas más extremas y represivas de los más crueles regímenes totalitarios” agregó la fuente que solicitó el anonimato para poder hablar libremente del asunto.
El abogado en el exilio quien también fue desnacionalizado explicó a Martí Noticias que esta nueva acción “no puede verse solamente como un problema de violación de derechos humanos, como el derecho al trabajo o a la igualdad ante la ley, sino que es parte de un modelo de control social donde solo se toleran a los ciudadanos que se someten y se castiga al que protesta, resiste o piensa diferente, discriminándolo y negándole toda oportunidad de vivir dignamente”.
“El poder judicial a través de la Corte Suprema de Justicia actúa como un órgano represivo más al servicio de los codictadores. La autoridad encargada de garantizar el Estado de derecho y los derechos ciudadanos actúa contra sus obligaciones y se trasforma en un verdugo de los ciudadanos” agregó el abogado exiliado.
La misma fuente destacó que “la gravedad de la medida va más allá de destruir la forma de ganarse la vida a miles de profesionales del derecho, trasciende a toda la ciudadanía que no podrán contratar abogados caracterizados por su profesionalismo o conocimientos ya que la oferta ha sido restringida a profesionales politizados que actuaran como agentes de la dictadura, no como defensores de sus clientes”.
El abogado en el exilio concluyó que tras la medida “los abogados sandinistas, como únicos autorizados, pasan a ser verdaderos interventores o agentes del Estado en las empresas y negocios privados, avanzando en el entramado de espionaje que se viene construyendo contra la ciudadanía como parte del Estado de terror en que se ha convertido Nicaragua”.
“Una estrategia represiva transnacional”
Para el abogado especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, la medida tomada por el régimen sandinista, en el caso de los abogados en el exilio, podría tratarse de “una estrategia represiva transnacional”.
“Refleja una persecución extraterritorial y funciona como una reafirmación del desplazamiento forzoso, es decir, busca reiterarte que no podés regresar” apuntó Pineda a Martí Noticias, para quien esto “muestra otro nivel de persecución contra los abogados a los que le quitaron la nacionalidad o bien se han ido del país por persecución directa o por un alto riesgo para su integridad”.
Para este abogado nicaragüense radicado en el extranjero, “todas estas personas están identificadas como actores políticos o sociales por el régimen y para asegurarse que no regresen o para obstaculizar su regreso están aplicando esta medida como un mensaje disuasivo”.
Pineda concluyó que la exclusión de miles de abogados en el exilio “es una confirmación del desplazamiento forzoso que han sufrido porque la gran mayoría, si no la totalidad, de estos abogados y abogadas han sido solicitantes de asilo”.
Foro