El cambio constitucional en curso en Nicaragua contempla la extensión del mandato de 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y 6014 concejales, entre propietarios y suplentes, por un período de siete años, similar al nuevo mandato presidencial.
Daniel Ortega y Rosario Murillo no serán los únicos que escaparán a la decisión de las urnas. El régimen sandinista también extenderá con esta reforma el mandato, hasta el año 2029, de 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y 6014 concejales, entre propietarios y suplentes.
La iniciativa, que aún está en medio de un supuesto debate y cuyo texto íntegro aún no se ha dado a conocer, establecerá que las autoridades locales permanecerán siete años más en sus cargos antes de un nuevo proceso electoral, confirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, durante el proceso de consultas con las autoridades municipales.
La destrucción de la autonomía municipal en Nicaragua no es reciente y ha sido otra de las estrategias de Ortega y Murillo tras su regreso al poder en el año 2007. Según reveló el medio nicaragüense Confidencial, hasta 2018, un 77% de los municipios del país eran gobernados ya por 118 alcaldes sandinistas reelectos, todos al servicio el régimen.
Martí Noticias consultó a dos políticos nicaragüenses que ejercieron cargos electos a nivel municipal para conocer la forma en que se destruyó el régimen de autonomía municipal en Nicaragua y entender qué hay detrás de esta ampliación del períodos de las autoridades municipales en todo el país.
Para Alfredo Gutierrez, político liberal y exconcejal de la Alcaldía de Managua hasta el año 2018, recordó que la destrucción del régimen de autonomía municipal en Nicaragua inició incluso antes del regreso de Ortega a la presidencia en 2007.
“Desde antes de que los sandinistas regresaran al poder ya venían haciendo intentos por ir minando la autonomía municipal”, apuntó Gutierrez, quien al mismo tiempo recordó los casos de los alcaldes de Managua Herty Lewites (2000-2004) y Dionisio Marenco (2005-2009), y cómo Daniel Ortega desde la Secretaría del FSLN ordenaba a esos alcaldes hacer cosas que no eran aprobados por el Consejo Municipal y que no pasaban por los procesos administrativos correspondientes.
Gutierrez añadió que “en 2008 inició un proceso más radical cuando ejecutaron un asqueroso y gigantesco fraude electoral con el cual se apropiaron de una enorme cantidad de alcaldías en las cuales comenzaron a imponer un modelo de control con el cual quien mandaba en la alcaldía era el secretario político del FSLN y no el alcalde ni el vicealcalde electo”.
Por su parte, Luciano García, político conservador y exconcejal en la Alcaldía de Managua en el período 2008-2012, coincidió en señalar que la destrucción de la democracia a nivel municipal tuvo su punto máximo con el fraude electoral del año 2008, “cuando se robaron la alcaldía a Eduardo Montealegre y se arrogaron una mayoría que nunca tuvieron”.
En ese momento, agrega García, “comenzaron a infringir un montón de artículos de la Ley de Autonomía Municipal lo que volvió insostenible su vigencia. Tuvieron que hacer una reforma constitucional para intentar validar todo lo que habían hecho anómalo y dejar plasmado la alineación de todas las alcaldías al Gobierno central”.
“Alcaldes obedientes”
Con respecto a la ampliación hasta 2029 del período de los actuales alcaldes, García señaló que esta medida del régimen Ortega Murillo busca “mantener esos alcaldes obedientes que le brindan pleitesía”. Añadió que se trata de “una adjudicación autoritaria para que los alcaldes continúen obedeciendo la línea ordenada por el régimen”.
Al respecto, Gutierrez señaló que con esta última reforma constitucional, el régimen busca “derogar todos los procesos electorales en el ámbito municipal y poder mover sus fichas en base a una selección realizada desde el núcleo familiar escogiendo a personajes fieles y confiables que pueden ser útiles para sus objetivos dinásticos”.
Añadió que “muchísimos concejales sandinistas que venían de los cuadros históricos han sido relegados y han sido reemplazados por cuadros nuevos del grupo de Fidel Morero que representa los lineamientos de Rosario Murillo”.
Precisamente, Gutierrez renunció a su cargo de concejal en Julio del 2018 “en protesta por la masacre de Abril y ser la Alcaldía de Managua el principal centro de operaciones de los paramilitares, bajo el mando del asesino, corrupto y todopoderoso Secretario General de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno”.
Las alcaldías en el proceso de transición ordenada
Ante este nueva acción de regresión democrática, García, quien actualmente forma parte del partido Ciudadanos por la Libertad, señaló que la propuesta de transición democrática suscrita por su organización “no pretende unas reformas cosméticas sino una constituyente que reescriba la Constitución para establecer niveles aceptables mínimos de Estado de derecho y eso obviamente pasa por la autonomía municipal”.
Por su parte, Gutierrez quien forma parte del movimiento Liberales-Nicaragua que también suscribió la propuesta de transición, anotó que “es imposible poder administrar un país ordenadamente o llevar a cabo un proceso de transición si tenemos alcaldías que están obstruyendo o buscando cómo crear desorden”.
Por eso, añadió el político liberal, “los cambios en el proceso de transición no están reducidos ni están limitados exclusivamente al Poder Ejecutivo y Legislativo, sino que también implica la remoción de todos esos funcionarios y la sustitución, de al menos los alcaldes y vicealcaldes, de manera transitoria, en tanto se elabora la nueva Constitución y se lleva a cabo el nuevo proceso electoral en el cual también se tendrá que elegir nuevas autoridades municipales”.
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