El régimen cubano concretó el costo penal para quienes intenten evadir el monopolio estatal de las comunicaciones, dictando penas de hasta cinco años de cárcel para distribuidores y multas asfixiantes a los compradores en el mercado clandestino de antenas satelitales Starlink.
En una isla donde el acceso a la información permanece bajo estricto control, la búsqueda de una conexión a internet estable y sin censura se ha convertido en un delito de alto riesgo.
Según el perfil oficialista Alejandro Noticias, se han dictado sentencias de entre cuatro y cinco años de prisión para un grupo de ciudadanos dedicados a la comercialización ilegal de antenas Starlink, pero no identifica a los condenados, ni precisa qué tribunal los juzgó. Tampoco expone documentos judiciales que avalen lo que dice.
El castigo se extendió a los transportistas vinculados a la red logística, mientras que los compradores sufrieron el decomiso inmediato de los equipos y multas individuales de 100,000 pesos cubanos, una cifra astronómica frente al salario medio en el país.
En total, las fuerzas del orden incautaron 37 antenas de conexión satelital en esta única operación, de acuerdo con el perfil cercano al régimen.
Para justificar las medidas, el aparato jurídico se ampara en el Artículo 295 del Código Penal, que tipifica penas de tres a ocho años de cárcel para quienes organicen, financien, distribuyan o se beneficien de señales satelitales sin autorización del Estado. A esto se suma la aprobación de las Resoluciones 1/2026 y 2/2026 del Ministerio de Comunicaciones, las cuales endurecieron las barreras aduaneras contra cualquier dispositivo capaz de enlazarse a redes independientes.
Starlink, "un secreto a voces" en Cuba
En la acera opuesta a la versión oficial, defensores de los derechos digitales sostienen que el verdadero motivo de la ofensiva es el miedo del régimen a perder el filtro ideológico sobre el tráfico web.
En una Cuba desconectada de los estándares tecnológicos globales, poseer una antena Starlink no responde a fines de espionaje, sino al anhelo de acceder a un internet libre de censura y apagones.
"El gobierno quiere cerrar cualquier posibilidad de que las personas tengan conexión de manera libre. Es interesante que está atacando a parte de la sociedad que está teniendo más posibilidades económicas. Una antena de Starlink está ahora mismo entre los 1,000 y 1,800 USD, demasiado dinero”, indicó Julio Aleaga desde La Habana.
“Y ¿quiénes son los que tienen esto? Los que dentro de Cuba tienen buenas condiciones de vida, tienen una buena casa, tienen seguramente carro y demás para poder tener esto. La mayoría de estas personas que están teniendo Starlink, que no lo cogen para política literalmente hablando, son personas que están usando Starlink para negocios”, recalcó.
“Para emprendedores, programadores y creadores de contenido, la velocidad de Starlink representa una cuestión de supervivencia económica”, agregó Aleaga.
El activista santaclareño Guillermo del Sol considera que la comercialización clandestina de las Starlink es un secreto a voces.
“¿Por dónde entraron esas antenas y cómo entraron? Ellos dicen que clandestino, pero entraron en contenedores, según la información que tengo, entran contenedores de antenas Starlink, tanto de los órganos receptores como de descodificadores. Que no estamos hablando de algo tan secreto, ni que entró por una playa aquí, en una lancha. Además, la venta de esas antenas está públicamente en Facebook y otras redes sociales”.
La censura, detrás de la ofensiva oficial
El activista señaló que los ciudadanos asumen este riesgo debido al crónico colapso de la infraestructura local: “ETECSA, que mantiene la prerrogativa absoluta, ofrece un servicio lento, costoso e inestable debido a los apagones masivos”.
"Esto es una dictadura que no quiere que el pueblo conozca la verdad. Todo lo que pueda darle información a la población, todo lo que traiga unidad, es un peligro para el sistema y no van a permitir que haya una forma independiente de comunicación”.
Por su parte, la narrativa oficial justifica la persecución catalogando al internet satelital independiente como una "amenaza directa a la soberanía del espectro radioeléctrico" vinculada al espionaje extranjero.
ETECSA argumentó además que el uso de estos equipos no autorizados provoca interferencias que dañan una parte de las celdas de telefonía móvil en zonas urbanas densas como La Habana.
El economista Germán González, residente en Artemisa, precisó que para el régimen el control de la información es vital.
“Están evitando que la gente tenga acceso a internet libre. El gobierno quiere el monopolio de la información. Yo me acuerdo de Fidel Castro, cuando le hablaron de la glasnot, dijo: ‘ese es el fin del socialismo’”.
Durante la época de la Glásnost y la Perestroika impulsadas por Mijaíl Gorbachov a finales de los años 80, Fidel Castro expresó un rechazo absoluto y tajante hacia estas reformas, advirtiendo de manera profética que conducirían a la ruina y desintegración de la Unión Soviética.
Castro consideraba que la Glásnost, que eliminaba la censura y permitía la crítica al gobierno, constituía un ataque directo a la esencia del poder comunista y abría deliberadamente las puertas a la contrarrevolución.
Mientras el régimen confisca equipos y endurece las aduanas, en una isla desconectada de los estándares globales, poseer una antena satelital sigue siendo el costoso y peligroso deseo de acceder a la verdad sin censura.
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