Cubanos residentes en la isla rechazan la campaña "Mi Firma por la Patria", un proceso impulsado por el régimen en centros laborales, escuelas y barrios del país para respaldar una declaración de las autoridades que denuncia las supuestas pretensiones de agresión militar de Estados Unidos.
El carácter obligatorio de la convocatoria de La Habana ha sido señalado por trabajadores de diversos sectores. Una empleada del Hospital Provincial de Camagüey corroboró a Radio Martí la existencia de presiones en su centro. "Allí estaban todos obligados a firmar e ir a la marcha esa", relató.
Ante estas presiones, ha surgido una respuesta en redes sociales bajo la etiqueta como #PorEsoYoNoFirmo, donde usuarios expresan su rechazo abierto a la iniciativa del aparato estatal y comparten imágenes de la pobreza y la represión.
El periodista independiente Vladimir Turró considera que no son más que presiones para proyectar apoyo al gobierno en medio de una severa crisis económica, social y política.
"Malestar social producto de los apagones, de la falta de alimentos, de la inflación... el régimen no resuelve y ahora pide esta firma para mantenerse en el poder indefinidamente y que las personas apoyen su estancia en el poder".
La campaña se ha extendido a la modalidad de visita casa por casa a través de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). Residentes como Aida, de Ciego de Ávila, reportaron que, aunque algunos han logrado negarse, otros enfrentan amenazas directas:
"Ha habido de las dos partes, gente que no han firmado y no les ha pasado nada, y algunos a quienes han amenazado de que no pueden seguir, que si no firman lo van a tener que sacar del trabajo porque no están acorde a las ideas del socialista y a la defensa de la patria".
Desde el exilio, el opositor Carlos Amel Oliva denunció que la obligatoriedad es una característica de este tipo de campañas en Cuba y cuestionó la falta de rigor legal en comparación con iniciativas ciudadanas pasadas:
"Todos los trabajadores del aparato estatal y ONGs subordinadas a la dictadura estarán obligadas a firmar o serán acusados de traición a la patria, serán expulsados de sus centros de trabajo o puestos en listas negras".
Oliva contrastó la situación actual con el Proyecto Varela, recordando que en aquel momento el gobierno exigió que cada firma fuera verificada ante notario para ser válida, algo que no se está aplicando en la campaña actual:
"Mi pregunta es, Canel, ¿tus firmas serán validadas ante un notario? ¿Verdad que no? Porque en dictadura la ley es solo para el pueblo y ustedes, los tiranos, tienen derecho a la impunidad y al abuso".
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