Cerca de un año y medio después de los sucesos, la Fiscalía municipal de Bayamo solicitó penas de hasta cinco años de privación de libertad para nueve ciudadanos procesados por su participación en la protesta popular ocurrida el 23 de mayo de 2025 en esa ciudad, según las conclusiones provisionales a las que Martí Noticias tuvo acceso.
El documento oficial marca la conclusión de la etapa investigativa y abre paso a la solicitud de juicio oral. Los hechos ocurridos son tipificados por la fiscalía bajo los delitos de desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia.
De acuerdo con el relato fiscal, los acontecimientos se registraron en las inmediaciones de la intersección de la avenida Vicente Quesada y la calle 22, cerca de una rotonda de la ciudad.
El informe describe la concentración de aproximadamente 120 personas, algunas con el rostro cubierto para evitar ser identificadas, que utilizaron cazuelas, calderos y otros objetos metálicos para hacer ruido y manifestar su descontento.
Entre las consignas coreadas por los asistentes figuraban demandas como “queremos comida, corriente y agua”, reflejando la crisis generada por la escasez de alimentos, los prolongados apagones y las fallas en el suministro de agua potable.
La acusación sostiene que se profirieron, además, expresiones ofensivas contra el presidente de la República y otros dirigentes históricos.
Los supuestos implicados son Pedro Luis Zamora Isac para quien la Fiscalía solicita cinco años de privación de libertad por desórdenes públicos; Alexander Guzmán Silva, con una petición fiscal de cuatro años por desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir; Ever Ernesto Pérez Aliaga, una sanción de tres años de cárcel, por desacato y desórdenes públicos.
El padre de Ever, Ernesto Pérez Aliaga, rechazó rotundamente la acusación de desacato en declaraciones a nuestro medio tras conocer la petición fiscal.
“No les faltó el respeto. Necesitaba en su manifestación, pero elegante, pacífica y tranquilamente no le faltó respeto a nadie”, expresó, cuestionando la validez de los cargos imputados a su hijo.
También están acusados Arael Rodríguez Escalante, Alejandro Vargas Ortiz, Luis Manuel Zamora Guevara, Rosa María Socarrás Moralez, Aleyda Valera Álvarez y Katia Sucel Estrada Valera, todos por delitos como resistencia e instigación a delinquir.
Uno de los ejes centrales de la petición fiscal es el supuesto altercado entre los manifestantes y los oficiales del Ministerio del Interior (MININT) que acudieron al lugar. Según el texto, tras el intento de las autoridades de dialogar y tramitar las preocupaciones de los ciudadanos, “les faltaron el respeto, y les lanzaron botellas y piedras, pero sin llegar a lesionarlos, lo que originó que las fuerzas de la policía detuvieran a los principales responsables de los hechos", reza el documento judicial.
Al respecto, Rosa Escalante —madre de Arael Rodríguez Escalante, a quien la Fiscalía acusa de incitar contra la policía mediante gritos y expresiones hostiles— indicó a nuestra redacción:
“Les están pidiendo años por exigirle al gobierno derechos básicos como el acceso al agua, alimentos y la electricidad”.
Otros 15 cubanos fueron juzgados en septiembre de 2025, por manifestarse en Bayamo el 17 de marzo de 2024 contra los largos apagones y la escasez de alimentos y servicios básicos en la ciudad.
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