Las imputaciones sobre las brigadas médicas cubanas en Honduras se fortalecieron luego del reciente examen del país centroamericano ante el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes (CMW) de Naciones Unidas.
Durante su 41º período de sesiones, el pasado diciembre, el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes evaluó al Estado hondureño sobre el cumplimiento de la Convención Internacional en la materia.
Al respecto, la entidad expresó preocupación por las condiciones laborales del personal sanitario cubano que opera en Honduras en el marco del acuerdo bilateral de cooperación con el Gobierno de La Habana, e instó a proteger sus derechos.
“Este paso del Comité de Trabajadores Migrantes por fin nos da la razón y permite que podamos tener un diálogo constructivo con el nuevo Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, para que poco a poco todo Naciones Unidas, y no sólo algunas partes discretas, tomen conciencia de la situación de esclavitud de los profesionales participantes en las misiones médicas cubanas en el exterior”, indicó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una organización que desempeña un papel fundamental en la denuncia internacional de las misiones médicas cubanas, a las que califica como un sistema de "esclavitud moderna" y trata de personas.
Prisoners Defenders y otras organizaciones internacionales sostienen que el esquema de contratación del personal cubano constituye una forma de trabajo forzoso o trata de personas debido, entre otros aspectos, a la retención de salarios pues, Honduras paga alrededor de 2.270 dólares mensuales a cada profesional, pero lo que este recibe es una pequeña fracción, quedándose el Estado cubano con la mayoría del pago.
De igual modo, plantean que a los contratados se les retiran sus pasaportes para evitar deserciones y las normativas disciplinarias por las que se rigen les prohíben relacionarse libremente con locales y los obligan a informar sobre vínculos sentimentales a sus superiores.
“Hay que tener en cuenta que el Sr. Madi estaba en el Comité de los Derechos del Niño cuando éste condenó a Cuba por la separación forzosa de padres e hijos por la infame Ley de los 8 años aplicada a los profesionales cubanos. Son síntomas esperanzadores de que podemos apoyar un cambio de conciencia en Naciones Unidas con respecto a esta esclavitud", resaltó.
Larrondo recordó que en 2019 y 2023 la relatoría de los trabajadores migrantes de Naciones Unidas, "un organismo que trata la misma temática que el Comité de Trabajadores Migrantes (CMW), pero no sujeto a éste, negó su adscripción a las condenas de las Relatorías Especiales sobre las misiones médicas en 2019 y 2023, cuando se les solicitó formalmente”. relató Javier Larrondo,
“La respuesta que nos dieron fue que 'bajo un Convenio no se puede tratar la cuestión de los trabajadores migrantes', lo cual es falso, puesto que todo depende qué Convenio y cómo está suscrito. A pesar de que Prisoners Defenders les demostró que los Convenios son nulos de pleno derecho, por diferentes motivos de fondo, pero también formales, y que además son esclavistas, decidieron apoyar a Cuba quedando en silencio”, señaló el directivo.
Tras la denuncia formal de Prisoners Defenders en mayo de 2019 que incluía 110 testimonios, las Relatorías Especiales de la ONU sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud y sobre la Trata de Personas emitieron una comunicación conjunta al gobierno cubano. Se determinó que las condiciones de trabajo de los médicos cubanos en el exterior podrían constituir trabajo forzoso y formas de esclavitud moderna.
En noviembre de 2023, las mismas relatorías, junto a la Relatoría sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, emitieron una nueva acusación tras recibir más de 1,400 testimonios aportados por Prisoners Defenders.
Se denunció el uso de personal militar bajo apariencia civil y la falsificación de estadísticas médicas para inflar resultados.
Por primera vez, la ONU extendió la responsabilidad a países receptores y entidades como España, Italia, Catar, México y la compañía MSC Cruceros, catalogándolos como presuntos coautores de trata y esclavitud.
A diferencia de Honduras, Cuba no es Estado parte de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios, aunque sí participa en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos.
El gobierno de Xiomara Castro afirmaba que los especialistas cubanos llegan a zonas donde los médicos locales no desean trabajar y defendía las brigadas como una ayuda necesaria para cubrir la falta de especialistas en áreas como oncología, hematología y cirugía pediátrica, en hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El Colegio Médico de Honduras (CMH) ha mantenido una postura firme contra estas misiones alegando que hay cerca de 11,000 médicos hondureños desempleados que podrían ocupar esas plazas, así como que el costo del convenio, de casi 160 millones de lempiras, es muy elevado.
También presentó denuncias ante el Ministerio Público alegando que los médicos cubanos no cumplen con los requisitos de acreditación profesional exigidos por las leyes nacionales.
En junio de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la imposición de sanciones de visa a funcionarios hondureños involucrados en la contratación de estas misiones, bajo el argumento de que facilitan el tráfico de personas.
Foro