Un amplio despliegue de fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, culminó con la detención de 71 personas. El operativo puso nuevamente en el centro del debate el estricto mecanismo de control contra la migración interna en la capital cubana.
La acción policial, que se desarrolló en todos los consejos populares de ese municipio, no solo abarcó a ciudadanos señalados por delitos comunes sino que alcanzó a personas procedentes de otras provincias, principalmente de la región oriental, que residen en La Habana sin contar con la autorización administrativa oficial.
Según los reportes, las autoridades detuvieron a personas acusadas de supuesta tenencia de drogas, porte de armas blancas, ejercicio de la prostitución, actividad económica ilícita, impago de multas y órdenes de arresto pendientes. No obstante, el componente migratorio marcó una de las aristas más polémicas de la redada.
Amparados en el Decreto 217 de 1997, los cuerpos policiales intensificaron la persecución contra quienes viven en la capital infringiendo las normativas que restringen el traslado domiciliario definitivo hacia La Habana sin el consentimiento previo del gobierno local.
De acuerdo con la socióloga cienfueguera Helen Ochoa, “la migración interna en Cuba responde a la misma lógica global que en cualquier otro lugar del mundo: las personas emigran desde zonas menos desarrolladas hacia centros urbanos con mayor dinamismo económico y oportunidades”.
Históricamente, las áreas rurales y las provincias más apartadas han concentrado los menores índices de desarrollo, fomentando una mentalidad colectiva donde las ciudades se perciben como el espacio idóneo para el progreso personal.
No obstante, en el contexto de la crisis multisistémica que atraviesa el país, esta dinámica se ha tornado mucho más adversa: Los territorios alejados de los grandes centros urbanos sufren de forma desproporcionada las fallas en el suministro de electricidad, agua, alimentos y medicamentos. Ante la incapacidad estatal para solventar estas carencias en las regiones periféricas, el Estado aplica desde la década de 1990 medidas coercitivas y recogidas masivas para contener la presión demográfica en La Habana.
Para Ochoa, esto relega a los migrantes internos a un ciclo constante de ilegalidad cotidiana, obligándoles a subsistir en asentamientos precarios conocidos popularmente como "llega y pon", desprovistos de servicios básicos como agua potable o electricidad, y expuestos de manera sistemática a la vulneración de su libertad de movimiento dentro del propio país.
El marco legal vigente activa un complejo engranaje policial y administrativo para frenar la densidad poblacional en la capital, el cual se articula en varias fases que incluyen la identificación de los migrantes internos mediante controles aleatorios en las calles por parte de la PNR, o a través de inspecciones domiciliarias coordinadas por la Dirección de la Vivienda y respaldadas por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).
Después, se imponen multas al migrante, a quien se le da un plazo menor a 72 horas para retornar a su provincia natal, y al arrendador o anfitrión que permitió la residencia informal.
Ante el incumplimiento de la orden de salida voluntaria, las autoridades ejecutan un traslado coercitivo. Los afectados son llevados a centros de retención temporal como el conocido centro de clasificación "El Vivac" y devueltos a sus provincias de origen en autobuses o vagones de tren custodiados por la policía.
Vivir en situación de "ilegalidad interna" condena a miles de cubanos a una profunda marginación en La Habana. Al no poseer la dirección oficial en su Carnet de Identidad, los ciudadanos enfrentan la imposibilidad de conseguir un empleo—tanto en el sector estatal como privado—, carecen de acceso a los pocos alimentos subvencionados de la libreta de abastecimiento y ven limitadas sus opciones de atención médica regular en la red de salud.
Organizaciones de derechos humanos, como Cubalex y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han catalogado reiteradamente estas prácticas como violaciones graves a la libertad de movimiento y al derecho constitucional de elegir residencia, advirtiendo además que el marco punitivo suele ser utilizado para hostigar a activistas y opositores.
Aunque el operativo fue difundido de manera inicial por medios oficiales como el periódico Tribuna de La Habana y canales afines a la PNR, varias de las publicaciones con el desglose de las detenciones fueron retiradas de las redes sociales pocas horas después de su divulgación.
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