El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, denunció un repunte de la represión en Cuba durante el mes de enero, al documentar al menos 390 acciones represivas contra la población civil.
Según la organización, los registros incluyen 42 detenciones arbitrarias y 348 abusos, entre ellos sitios policiales a viviendas de activistas, amenazas, citaciones y hostigamiento contra presos políticos y comunes.
El informe precisa que una de las prácticas más recurrentes fue el cerco policial a residencias de opositores, con 112 casos reportados. También se contabilizaron 85 amenazas, 78 citaciones policiales y 27 abusos contra personas privadas de libertad por motivos políticos o comunes.
Las mujeres resultaron las más afectadas, con 270 acciones documentadas. Según el documento. La Habana, Matanzas y Camagüey concentraron el mayor número de incidentes.
Varias de las retenciones domiciliarias y amenazas estuvieron dirigidas a impedir la asistencia de periodistas independientes y activistas a un evento convocado en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
En declaraciones a Martí Noticias, Yaxis Cires, jefe de Estrategias del OCDH, advirtió sobre el deterioro del escenario represivo en la isla.
“Los datos recopilados en enero evidencian es que este año será muy complejo desde el punto de vista de la represión, también reflejo de la paranoia que existe a nivel de régimen”.
Cires vinculó este endurecimiento con factores del contexto regional, en particular la situación de Venezuela.
“Principalmente después de la captura de Nicolás Maduro y de lo que pareciera ser la pérdida definitiva del mecenas, que es el régimen venezolano”.
El representante del Observatorio expresó preocupación ante la posibilidad de una escalada mayor en las próximas semanas.
“Estamos preocupados porque creemos que el régimen puede, y de hecho lo está haciendo, recrudecer la represión y los mecanismos de control sobre la sociedad cubana”.
En su nota de prensa, el OCDH alertó a la comunidad internacional sobre el incremento de la persecución política, en un contexto que combina el aumento del control social con el agravamiento de la crisis económica.
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