Prisoners Defenders presentó este martes una investigación sobre las condiciones laborales y personales de los médicos cubanos enviados a Botswana, que documenta la retención de más del 75% del pago destinado a cada especialista y severas restricciones sobre los movimientos y la vida privada de los profesionales.
“Botswana paga al régimen cubano 3.500 euros mensuales por cada especialista, es decir, unos 4.100 dólares. Pero el médico que realiza el trabajo recibe menos de una cuarta parte, 1.000 dólares”, explicó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en declaraciones a las que tuvo acceso Martí Noticias.
La investigación examina el convenio suscrito en 2024 entre los gobiernos de Cuba y Botswana. De acuerdo con los documentos y testimonios recopilados, La Habana recibe el 75,58% de la tarifa contractual pagada por cada especialista, mientras el profesional obtiene el 24,42%.
“De cada cuatro dólares pagados por el trabajo del médico, tres van al régimen cubano”, señaló Larrondo.
“Botswana conoce el desglose, paga la tarifa, aloja y despliega al profesional y puede solicitar su sustitución en cualquier momento. No es un espectador, es el financiador, el anfitrión y el sostén material”, afirmó el presidente de Prisoners Defenders.
La investigación cita documentos administrativos del Princess Marina Hospital, remitidos con copia al Ministerio de Finanzas de Botswana, que registran los estipendios entregados durante años a los especialistas cubanos.
Según esos documentos, en marzo de 2020 los médicos recibían alrededor de 800 dólares mensuales. En 2026, la cifra aumentó a 1.000 dólares, pero también se elevó la tarifa pagada a Cuba hasta aproximadamente 4.095 dólares por cada especialista.
Prisoners Defenders señala que los médicos cubanos reciben apenas entre el 20% y el 23% de la remuneración documentada para los especialistas locales por realizar funciones equivalentes. Los profesionales de Botswana pueden percibir entre 4.439 y 4.917 dólares mensuales, incluidos determinados complementos salariales.
La investigación también incluye una resolución interna firmada el 3 de julio de 2026 por el jefe de la misión médica cubana en Botswana, Pablo Ricardo Betancourt Álvarez.
El documento limita las salidas de los profesionales fuera de sus distritos y les prohíbe recibir visitas o permitir que personas ajenas a la brigada permanezcan en sus viviendas. Tampoco pueden dormir fuera del alojamiento asignado, visitar a cubanos que no pertenezcan a la misión, participar en actividades no organizadas oficialmente ni comprar o conducir vehículos sin autorización.
También restringe las salidas nocturnas, establece sanciones disciplinarias y autoriza inspecciones sorpresivas en las viviendas de los colaboradores.
“Al terminar el trabajo viven en una cárcel, y no en Cuba, sino en Botswana, un país donde los que no son cubanos tienen derechos, pero los cubanos no”, declaró Larrondo.
Los profesionales consultados también informaron sobre jornadas de entre 56 y 64 horas semanales, con una media de 57,6 horas, así como reuniones políticas obligatorias y limitaciones para disfrutar de vacaciones con sus familias.
“Todos fueron advertidos de la prohibición de regresar a Cuba durante ocho años si abandonaban la misión”, recoge el informe.
La investigación vincula estas prácticas con los indicadores de trabajo forzoso definidos por la Organización Internacional del Trabajo. La Sección 6 de la Constitución de Botswana establece que ninguna persona será mantenida en esclavitud o servidumbre ni obligada a realizar trabajos forzosos. El país también ratificó los convenios 29 y 105 de la OIT.
“Sin embargo, su gobierno permite que estos abusos operen en sus hospitales, sus viviendas y sus distritos”, afirmó Larrondo.
El convenio bilateral establecía inicialmente un límite anual equivalente a unos 2,89 millones de dólares, correspondiente hipotéticamente a 62 plazas. Sin embargo, en abril de 2025 el coordinador de la brigada informó que el contingente estaba integrado por 90 profesionales.
Prisoners Defenders calcula que el despliegue representa un costo aproximado de 4,2 millones de dólares anuales. La investigación plantea interrogantes sobre el acuerdo o la ampliación presupuestaria que permitió superar el límite original.
“La medicina no puede utilizarse como coartada para la esclavitud y la necesidad sanitaria de Botswana no concede a su gobierno el derecho a tener trabajadores sometidos a esclavitud”, concluyó Larrondo.
Foro