Las dinámicas de control estatal en la isla mostraron un saldo alarmante a lo largo de julio de 2026. Un reciente informe del Centro de Denuncias Defensa CD revela la ocurrencia de 863 vulneraciones a los derechos fundamentales, un patrón de hostigamiento que golpeó directamente a 391 personas, con una clara incidencia en el sector masculino frente al femenino.
“Lo que estamos observando es que la represión se convirtió en una práctica cotidiana y sostenida. No estamos hablando, únicamente, de detenciones o de episodios puntuales, sino de distintas formas de presión que buscan desgastar, intimidar, generar miedo, no solo en quienes se manifiestan contra el régimen, sino también en sus familias y en quienes los acompañan”, indicó Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la entidad, con sede principal en Miami.
El análisis territorial expone que la capital del país se consolida como el principal foco de acoso gubernamental, concentrando 408 hechos, cerca de la mitad de las arbitrariedades reportadas:
Le siguen Camagüey y Santiago de Cuba, con 92 y 65 incidentes, respectivamente.
Entre las tácticas de amedrentamiento más recurrentes, la organización subrayó el uso de operativos de vigilancia, intimidación directa y coacciones extendidas hacia los entornos familiares de opositores, artistas y reporteros independientes. Este tipo de presiones sumó casi 300 casos en el periodo analizado.
Por otro lado, la fe y la práctica espiritual tampoco escapan al escrutinio del régimen. El área especializada en fe y culto de la organización documentó 122 intromisiones e interferencias dirigidas a entorpecer la labor de fieles, guías comunitarios y agrupaciones religiosas.
El dossier pone especial énfasis en el crítico estado del activista y comunicador Guillermo del Sol Pérez, quien sobrepasa las seis semanas en huelga de hambre. El promotor de la iniciativa Cuba Decide exige, desde su domicilio, la excarcelación de 18 prisioneros de conciencia, enfrentando un acelerado desgaste de su salud agravado por padecimientos previos y bajo la constante amenaza de persecución penal.
“Su prolongada huelga de hambre para exigir la liberación de presos políticos llegó a un punto crítico para su salud. Que una persona tenga que llevar una protesta hasta ese extremo, también nos obliga a preguntarnos por qué no existen canales institucionales, independientes, efectivos, donde estas demandas puedan ser escuchadas y atendidas como en cualquier país democrático”, recalcó el directivo.
Frente al inminente peligro que corre su vida, la entidad elevó una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar asistencia médica imparcial y protección para el activista.
Asimismo, responsabilizó formalmente al gobierno cubano por cualquier desenlace fatal o daño irreparable a la integridad física de Del Sol.
“Por eso creemos que el informe de julio debe mirarse más allá de las cifras. Lo preocupante aquí es la reiteración de los mismos métodos y la ausencia de respuestas que protejan a las víctimas”, agregó Vargas.
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