El régimen comunista ha movido fichas en la cúpula de su estructura financiera, en un momento crucial, en el que esperan el veredicto del Tribunal Superior de Londres por una demanda de impago de una deuda de 72 millones de euros y han reconocido el impacto negativo de la llamada "tarea ordenamiento".
Medios oficiales en la isla anunciaron que el Consejo de Estado, a propuesta del Miguel Díaz-Canel, acordó destituir a Marta Sabina Wilson González, quien se desempeñó como Ministra Presidenta del Banco Central de Cuba desde el año 2019.
En su lugar, han promovido a Joaquín Alonso Vázquez, actual presidente de Casas de Cambio (Cadeca S. A.), quien fungió en otros cargos como vicepresidente del Banco Popular de Ahorro, director de Créditos de la Casa Financiera FINALSE y vicepresidente de CUBALSE.
En enero de 2021, el sistema bancario de la isla fue reformado dentro de la tarea ordenamiento, impulsada por Díaz-Canel, Marino Murillo Jorge y Wilson González.
El proyecto de reformas incluyó la devaluación del peso cubano, el fin de la dualidad monetaria, el aumento general de salarios y pensiones y la reducción de los subsidios y se puso en marcha en plena contracción de la economía.
El propio Gobierno ha reconocido que los "problemas de diseño" del Ordenamiento y las "dificultades" de su aplicación, en parte por la situación económica nacional y mundial, generaron "desviaciones, errores y resultados no deseados", además de "insatisfacciones múltiples entre la población", que padece la peor recesión económica en 30 años y una de las tasas de inflación más altas del planeta.
La nota oficial no ofrece razones para la destitución de Wilson González, en momentos en que el gobierno cubano y una de sus entidades financieras, el Banco Nacional de Cuba (BNC), enfrentan acusaciones de manipular el caso de Londres para eludir sus obligaciones de pago.
Tampoco se explica si tuvo alguna participación como Ministra Presidente del Banco Central, a cargo del Sistema Bancario Nacional, durante las cuestionadas operaciones de traspaso de la deuda cubana del banco ICBC Standard Bank al fondo inversor británico CRF I, firmadas el 25 de noviembre de 2019.
La parte cubana argumentó en el juicio que "fue defectuosa" la cesión al fondo de los derechos contractuales sobre esa deuda y ha condenado a 13 años de cárcel al exfuncionario del Banco Nacional de Cuba Raúl Olivera Lozano por la aceptación de sobornos presuntamente ofrecidos por el grupo inversor británico.
CRF I exige ser reconocido como acreedor legítimo de Cuba para el cobro de la deuda y ha denunciado que el régimen cubano ha manipulado el caso para eludir sus obligaciones, incluso con las condenas en mayo de 2021 de varios funcionarios implicados en el traspaso de la deuda.
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