Las violaciones a la libertad de prensa en Cuba pasaron de 17 en agosto a 39 en septiembre, un incremento del 129,4 % que situó a los periodistas al frente del perfil de víctimas documentadas por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), adscrito al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
El informe de septiembre de 2026 registró un total de 134 violaciones a la libertad de expresión y de prensa, once más que en agosto y 49 más que en el mismo mes en 2025. Además del aumento de la presión sobre los medios independientes, el Observatorio alertó sobre el uso de instituciones estatales para castigar a quienes informan, denuncian o expresan opiniones críticas.
“El dato más preocupante del mes es la ofensiva contra la prensa independiente”, afirmó a Martí Noticias Arailaisy Rosabal, especialista principal del OCLE. “Por primera vez, los periodistas encabezan la lista de víctimas”.
El documento distingue entre 106 hechos registrados y las 134 violaciones derivadas de ellos, ya que un mismo episodio puede involucrar varias formas de represión. Dentro de la clasificación individualizada de las víctimas, los periodistas concentraron 30 hechos y los presos políticos, 29.
Rosabal destacó tres casos que ilustran la presión sobre el periodismo independiente: el encarcelamiento de Henry Constantín, las restricciones y amenazas contra Yunia Figueredo y su familia, y el exilio forzado de Austin Llerandi.
Constantín, director de La Hora de Cuba, fue sometido a prisión preventiva en Camagüey bajo una acusación de desobediencia. Según Rosabal, el proceso estuvo acompañado de obstáculos para su representación legal.
“Todo esto ha estado ocurriendo en medio de trabas, engaños y negativas a su defensa”, denunció la especialista.
En el caso de Figueredo, Rosabal señaló que las autoridades le prohibieron salir de su municipio, le ordenaron presentarse mensualmente ante la policía y la amenazaron con un proceso por espionaje debido a sus contactos con la Embajada de Estados Unidos. La presión también alcanzó a su esposo y a sus hijas, con amenazas contra el futuro académico de la mayor.
El informe señala que Constantín y el matrimonio formado por Figueredo y el periodista Frank Correa reunieron 19 de los 30 hechos correspondientes al perfil de periodistas, lo que muestra una presión reiterada sobre determinadas personas.
Llerandi, director del medio comunitario Amanecer Habanero, salió del país junto con su esposa embarazada después de recibir amenazas de la Seguridad del Estado, destaca el Observatorio.
“El exilio forzado de Austin Llerandi y de su esposa completa el cuadro: cuando el hostigamiento no basta, el aparato recurre a la amenaza penal para sacar del país a quienes dirigen medios independientes”, sostiene el informe.
Por segundo mes consecutivo, el uso abusivo del poder estatal fue el mecanismo represivo más frecuente, con 49 violaciones. Le siguieron los ataques, amenazas y agresiones psicológicas, con 48. Ambas categorías concentraron el 72,4 % del total documentado.
“El régimen está usando cada vez más sus propias instituciones para castigar”, afirmó Rosabal, quien mencionó fiscalías, tribunales, el sistema penitenciario e instituciones académicas y hospitalarias.
La especialista explicó que esta práctica incluye la apertura de expedientes, la imposición de medidas cautelares y prisiones preventivas, y las amenazas de procesos penales. A su juicio, las autoridades buscan darle “apariencia de legalidad a la persecución”.
El informe coincide con esa valoración: “El expediente penal, la medida cautelar y la obstrucción procesal se han convertido en herramientas ordinarias de control”.
La represión física también aumentó. El OCLE documentó siete agresiones físicas en septiembre, frente a tres en agosto. Cuatro ocurrieron dentro del sistema penitenciario. A ello se sumaron denuncias de abandono médico, incomunicación y traslados punitivos contra presos políticos.
“La condena no cierra el ciclo represivo: lo prolonga bajo reglas internas que escapan a todo control judicial efectivo”, advierte el documento.
Entre los contextos que explican el incremento mensual, el Observatorio identificó la vigilancia durante las celebraciones de la Virgen de Regla y la Virgen de la Caridad del Cobre, el abandono médico de presos políticos y un operativo para impedir la asistencia de activistas y periodistas a una actividad de la Embajada de Estados Unidos.
Según el informe, entre el 17 y el 18 de septiembre se desplegaron cercos domiciliarios sobre dieciocho activistas y periodistas en La Habana para impedirles acudir al encuentro “Noches Americanas”. El contacto con la comunidad internacional figuró como el segundo motivo más frecuente de los hechos represivos documentados durante el mes.
El OCLE aclaró que sus cifras corresponden a casos verificados y no abarcan necesariamente la totalidad de las violaciones ocurridas. El temor a represalias, la autocensura y las dificultades de comunicación limitan la documentación de los hechos.
“En Cuba, informar sigue teniendo un precio muy alto”, expresó Rosabal, quien pidió a la comunidad internacional atender estas denuncias y “exigir cuentas al gobierno cubano”.
Foro