La escalada represiva contra la prensa independiente en Cuba sumó un nuevo capítulo tras el hostigamiento sufrido por los periodistas Yunia Figueredo y su esposo, Frank Correa: Ambos fueron detenidos de forma arbitraria en el barrio habanero de Jaimanitas y sometidos a un interrogatorio en el que las autoridades utilizaron la salud de su hija menor como moneda de cambio para coartar su ejercicio profesional.
La pareja fue interceptada alrededor de las 8 y 30 de la mañana del pasado martes por un patrullero en el municipio Playa, bajo el pretexto de que Figueredo había incumplido una presentación policial obligatoria el pasado 10 de octubre. Tras el arresto, fueron trasladados al cuartel general de la policía política conocido por Villa Marista, donde los separaron e incomunicaron
En conversación con Martí Noticias, Correa denunció que llevan meses sufriendo una terrible represión. Asimismo, explica que su esposa tiene impuesta una limitación de movimiento similar a una prisión domiciliaria y que está obligada a acudir a firmar a la estación de policía de Siboney los días 10 de cada mes.
“Algo que no estamos de acuerdo porque ella no está bajo ningún proceso judicial ni ningún tribunal ha dictaminado ninguna sentencia. La imposición es injustificada, violatoria de todos los derechos humanos y anticonstitucional. Por eso ya no está yendo a firmar los días 10 y entonces la Seguridad del Estado toma esta represalia como la que ocurrió este lunes cuando nos detuvo en la calle temprano en la mañana y nos llevaron para Villa Marista”.
Precisó que la presión ejercida por los agentes traspasó los límites institucionales al atacar directamente el bienestar de sus hijas:
“A ella la amenazaron con regulación migratoria. También la amenazaron de nuevo con nuestras hijas, con la permanencia de la mayor en la universidad y con la menor, que tiene un problema clínico que tiene que operarse de una fractura de tabique”, relató.
“Aunque aquí no se están haciendo operaciones, en las amenazas le dejaron claro que su actitud contestataria lo que iba a alargar el sufrimiento de la niña y en claro chantaje le insinuaron que no le iban a permitir operarse aquí en Cuba”.
Por su parte, Figueredo relató al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) que una oficial identificada como la mayor Hilda le advirtió de manera tajante: “Nunca se va a poder operar si continúas persistiendo en la contrarrevolución”.
Durante el cautiverio, la periodista permaneció más de cinco horas y media sin acceso a agua ni al servicio sanitario.
En tanto, Correa denunció haber estado recluido por más de dos horas en una celda sin techo conocida como “solera”, mientras los agentes intentaban presionarles para que abandonaran definitivamente el periodismo independiente y salieran del país.
La situación legal de Figueredo es calificada por su esposo como un atropello carente de respaldo judicial. La comunicadora enfrenta un proceso penal por un presunto delito contra la Constitución derivado de las protestas ciudadanas contra los apagones en Jaimanitas ocurridas el 5 y 6 de julio de 2026 y más adelante el 23 y 24 de agosto.
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