El régimen cubano ratificó la condena de cadena perpetua por espionaje y 30 años de prisión por delitos económicos contra el exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, aseguró a Martí Noticias su hermana, María Victoria Gil.
La reconocida presentadora de TV, denunció que el fallo ratifica una sentencia “predeterminada”, sin cambios ni atenuantes, y confirma —según sus palabras— un ajuste de cuentas político dentro de la cúpula del poder.
“Todo quedó exactamente igual. Ni una coma se movió. Confirmaron la cadena perpetua y los 30 años. Es devastador”, afirmó visiblemente afectada.
Según explicó, el abogado defensor, Abel Solá, fue citado este martes ante el Tribunal Supremo para conocer el resultado de ambas apelaciones: una vinculada a los supuestos delitos económicos y otra, tramitada directamente por el alto tribunal, relacionada con la acusación de espionaje.
María Victoria Gil reiteró que nunca se han mostrado pruebas públicas que sustenten la acusación de que su hermano era agente de la CIA y aseguró que el proceso ha estado marcado por el secretismo absoluto, sin juicio público ni transparencia.
“Esto es un montaje. El único ‘delito’ de mi hermano fue saber demasiado y confiar en personas que hoy lo han condenado al silencio”, sostuvo.
Además de las penas de cárcel, el régimen procederá ahora a ejecutar las sanciones accesorias, entre ellas la confiscación de bienes, incluida la vivienda donde reside la esposa de Gil, su hija y una nieta de apenas tres años, así como la casa de su suegra, una anciana cercana a los 90 años.
“Van a desamparar a una bebé y a una mujer mayor que no tienen ninguna responsabilidad en este caso. Eso es inhumano”, denunció.
La familia también confirmó que Alejandro Gil permanece incomunicado, sin contacto con sus allegados desde el inicio del proceso judicial, y que desconocen su estado físico y emocional, más allá de que continúa recluido en la prisión de Guanajay.
Durante la entrevista, María Victoria Gil reconoció que su hermano formó parte del alto aparato del régimen y se benefició durante años de sus privilegios, pero insistió en que no cometió actos de corrupción y que ha sido convertido en el chivo expiatorio de políticas económicas fallidas, como el ordenamiento monetario, diseñadas y aprobadas por toda la cúpula gobernante.
La familia no descarta llevar el caso a instancias internacionales, incluidas cortes europeas, y advirtió que seguirá denunciando lo ocurrido. “Esto no se termina aquí. Jugar así con la vida, la libertad y la dignidad de una persona no tiene perdón”, concluyó.
Foro