El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves acciones judiciales para revocar la ciudadanía estadounidense a 17 personas acusadas de haber ocultado delitos graves durante sus procesos de naturalización, entre ellas dos ciudadanas de origen cubano residentes en Florida.
Las demandas de desnaturalización fueron presentadas en tribunales federales bajo el argumento de que los beneficiarios obtuvieron la ciudadanía mediante declaraciones falsas u omitiendo información relevante sobre actividades criminales.
"Obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio", afirmó el fiscal general interino Todd Blanche. "Seguiremos trabajando para garantizar que la ciudadanía sea concedida únicamente a quienes realmente la merecen".
Entre los casos figura el de Leidys Delmas García, de 54 años, nacida en Cuba y condenada por conspiración para cometer fraude en el sistema de salud.
Según el Departamento de Justicia, Delmas García admitió haber participado junto a varios cómplices en la creación y operación de 30 clínicas de terapia física en Florida que facturaron fraudulentamente cerca de 36,7 millones de dólares a la aseguradora Blue Cross Blue Shield por tratamientos que no eran médicamente necesarios o que nunca fueron realizados.
Las autoridades sostienen que durante su entrevista de naturalización declaró bajo juramento que no había cometido delitos por los cuales no hubiera sido arrestada y que nunca había proporcionado información falsa a funcionarios estadounidenses durante trámites migratorios, afirmaciones que posteriormente resultaron ser falsas.
La segunda cubana identificada es Milagros Marileisis Acosta Torres, de 40 años, quien, según la demanda, participó en una conspiración para defraudar a un casino tribal en Florida.
De acuerdo con los documentos judiciales, su esposo y otros implicados obtuvieron millones de dólares mediante la creación de comprobantes de crédito falsos. Posteriormente, Acosta Torres habría participado en transacciones financieras destinadas a ocultar el origen ilícito de los fondos y evadir requisitos federales y estatales de reporte financiero.
El Departamento de Justicia sostiene que, durante su proceso de naturalización, Acosta Torres afirmó falsamente que nunca había cometido delitos por los cuales no hubiera sido arrestada.
Las autoridades alegan que ambas mujeres incumplieron el requisito legal de demostrar "buen carácter moral", condición indispensable para obtener la ciudadanía estadounidense.
La acción forma parte de una ofensiva más amplia de la Administración Trump contra personas que habrían obtenido beneficios migratorios mediante fraude, ocultación de antecedentes criminales o declaraciones falsas durante sus procesos de inmigración.
Si los tribunales fallan a favor del gobierno, las dos cubanas podrían perder su ciudadanía estadounidense y quedar expuestas a procedimientos migratorios adicionales, incluida una posible deportación.
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