En el informe sobre libertad digital a nivel mundial Freedom on the Net 2026, Cuba se mantiene dentro del grupo de países con las restricciones más severas al acceso a Internet.
El documento publicado el jueves y elaborado por la organización Freedom House otorga a Cuba una puntuación de 19 sobre 100, colocándose como el peor país de la región de América Latina y fue clasificada como “Not Free” (No Libre).
En el período evaluado, que abarca del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026, Cuba se sitúa cerca de los regímenes más restrictivos del mundo en materia de internet, sólo superada por Rusia, China, Irán y Myanmar.
El informe destaca que "a pesar de los enormes riesgos para la movilización en Cuba, persiste cierta disidencia".
"Después de que la empresa estatal de telecomunicaciones aumentara abruptamente los precios en 2025, jóvenes cubanos condenaron la decisión en línea. Los cubanos también utilizaron las redes sociales para conmemorar el aniversario de las protestas de julio de 2021, que las autoridades reprimieron brutalmente", recoge la investigación.
De manera general, Freedom House explica que la libertad en internet a nivel mundial disminuyó por decimosexto año consecutivo.
"El acceso a internet se encuentra bajo amenaza, ya que los regímenes autoritarios siguen creando barreras que impiden a las personas expresarse libremente en línea. Los cortes de internet, la ralentización deliberada de la conexión y el bloqueo de plataformas siguen siendo algunas de las herramientas más comunes de represión digital. Al mismo tiempo, las tecnologías digitales actúan como un salvavidas para quienes buscan denunciar violaciones de los derechos humanos ante el mundo exterior y exigir responsabilidades a los dictadores", indica el reporte.
El estudio recuerda que "los cortes de internet son una herramienta predilecta de la represión digital, utilizada por los gobiernos durante elecciones, protestas y periodos de inestabilidad para sofocar la disidencia y aislar a la población del resto del mundo; esto suele acarrear consecuencias económicas y humanitarias devastadoras y duraderas".
Freedom House sugiere que los proveedores de servicios de internet "deberían hacer públicas las órdenes de interrupción del servicio que reciban y comprometerse a impugnar aquellas que consideren desproporcionadas o ilegales".
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